De acuerdo con el Informe del sistema de protección internacional en España de 2024 la situación migratoria en España es compleja. En los últimos años, la presión migratoria se ha incrementado, aumentando notablemente las llegadas a costas, así como las solicitudes de Protección Internacional (PI). A su vez, la migración está siendo clave para el crecimiento económico y la buena marcha del empleo, que tiene reflejo en el aumento de los niveles de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social.

Según datos de Eurostat, nuestro país es uno de los de Europa con mayor número de extranjeros sobre la población total. Concretamente, ocupa la tercera posición, con un 13%, tras Alemania (26%) y Francia (14%).

Desde 2018 hasta 2023 la población extranjera ha crecido en más de millón y medio. Está población se descompone en cerca de 3,9 millones de ciudadanos comunitarios y británicos, y en casi 3 millones en el régimen de extranjería ordinario. Además, hay otros dos millones de personas que, siendo nacionales españoles, han nacido en el extranjero.

En este contexto, las solicitudes de PI también están experimentando aumentos muy significativos. En 2023 España registró un máximo histórico de solicitudes de protección con un total de 163.220, un 37% más que en 2022 donde se registraron un total de 118.842. A fecha de la publicación de este informe (junio de 2024) la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ya ha registrado más de 73.000 solicitudes, cuando en 2013 apenas llegaron a 5.000.

Estas solicitudes son mayoritariamente de venezolanos, colombianos y peruanos, pero se está produciendo un cambio de patrón con incrementos importantes de poblaciones de África Subsahariana, principalmente de personas de Mali, Senegal y Burkina Faso. Estas nacionalidades son las que en la UE están teniendo igualmente un crecimiento relativo más significativo, por lo que apuntan cambios que pudieran ir consolidándose. España, al mismo tiempo, es el cuarto país UE en beneficiarios de Protección Temporal (PT) con más de 207.000 personas ucranianas reconocidas, que siguen necesitando, en su mayoría, de apoyo, acogida e integración laboral.

El incremento sostenido en los últimos años en solicitudes de PI, siendo el segundo país europeo tras Alemania, unido a la atención a Ucrania, está obligando a nuestro país a reforzar nuestro Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI). Actualmente, en el SAPI se atiende a más de 36.000 personas cada día, entre las que destacan las más de 9.500 plazas en la fase de valoración inicial.

El SAPI proporciona apoyo integral a personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, incluyendo alojamiento, manutención, servicios psicológicos, sociales, jurídicos, formación y orientación laboral. Su intervención se estructura en tres fases: valoración inicial, acogida y autonomía, con atención especial a personas vulnerables y bajo un enfoque interseccional y de género, y se refuerza con modelos de acción concertada con entidades autorizadas, ha incrementado su capacidad para responder a crisis humanitarias significativas, como las de Siria, Afganistán.

El informe también aborda programas especiales como el reasentamiento, las vías complementarias y el patrocinio comunitario, que facilitan la integración de personas refugiadas. En 2023, se reasentaron 1.039 refugiados, principalmente desde Turquía, Líbano y Costa Rica. Además, se implementaron vías complementarias para refugiados de América Latina con potencial de empleabilidad, y proyectos de patrocinio comunitario en colaboración con comunidades autónomas y entidades privadas.

En respuesta al conflicto en Ucrania, España crearon Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) que implementan un modelo integral de atención y protección, duplicando rápidamente la capacidad del SAPI. Más de 185.000 personas han sido atendidas en estos centros.

El informe resalta el compromiso de España con la mejora de empleabilidad y acceso a la vivienda para refugiados, colaborando con empresas y promoviendo iniciativas como la plataforma Techo para facilitar los alquileres. Además, se han fortalecido los protocolos para abordar problemáticas como la violencia de género y la trata de personas, con medidas específicas para atender a mujeres y niñas refugiadas.

Concluye, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida Protección Internacional que con un presupuesto creciente que superó los 652 millones de euros en 2024, el SAPI se ha consolidado como un instrumento clave en la gestión de flujos migratorios y emergencias humanitarias, adoptándose este enfoque integral y adaptado a las demandas actuales refleja el compromiso de España con una acogida digna y efectiva, alineada con su marco constitucional y las directivas de la UE.