La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 22 de septiembre de 2022 (asuntos acumulados C-245/21 y C-248/21: Bundesrepublik Deutschland -Suspensión administrativa de la decisión de traslado-) declara que el plazo de traslado previsto por el Reglamento Dublín III no queda interrumpido cuando las autoridades competentes de un Estado miembro adoptan, basándose en ese Reglamento, una decisión revocable de suspensión de la ejecución de una decisión de traslado, debido a que dicha ejecución es materialmente imposible por la pandemia de COVID-19
Durante el año 2019, LE, MA y PB presentaron sendas solicitudes de asilo en Alemania. No obstante, LE había presentado con anterioridad una solicitud de protección internacional en Italia y MA y PB habían entrado de manera irregular en el territorio de este último Estado miembro, en el que se habían sido registrados como solicitantes de protección internacional. Por consiguiente, la autoridad alemana competente solicitó a las autoridades italianas que readmitieran a LE y que se hicieran cargo de MA y PB sobre la base del Reglamento Dublín III (1 Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida). Posteriormente, dicha autoridad declaró inadmisibles las solicitudes de asilo de los interesados y ordenó su devolución a Italia.
En febrero de 2020, las autoridades italianas informaron a las autoridades alemanas de que, debido a la pandemia de COVID-19, ya no se realizarían traslados con arreglo al Reglamento Dublín III hacia Italia ni desde Italia.
Mediante decisiones adoptadas en marzo y abril de 2020, la autoridad alemana competente suspendió, hasta nueva orden, la ejecución de las órdenes de expulsión de los interesados con arreglo, en particular, al citado Reglamento, basándose en que, a la vista de la evolución de la pandemia de COVID-19, era imposible llevar a cabo esos traslados. Mediante sentencias dictadas en junio y agosto de 2020 el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo (Alemania) anuló las decisiones por las que la autoridad había declarado inadmisibles las solicitudes de asilo de los interesados y ordenó su expulsión. Dicho órgano jurisdiccional constató que, aun suponiendo que Italia hubiese sido responsable del examen de las solicitudes de asilo de los interesados, dicha responsabilidad se había transferido a Alemania al haber expirado el plazo de traslado establecido por el Reglamento Dublín III, dado que la expiración de ese plazo no había sido interrumpida por las decisiones de suspensión antes citadas. El órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un recurso de casación contra estas sentencias, alberga dudas sobre si las decisiones de suspender la ejecución de las órdenes de expulsión adoptadas respecto a los interesados pueden tener por efecto interrumpir el plazo de traslado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia precisa, de entrada, que, cuando se ha concedido el efecto suspensivo del recurso contra una decisión de traslado mediante una decisión adoptada por las autoridades competentes en las condiciones previstas por el Reglamento Dublín III, el plazo de traslado comienza a correr a partir de la resolución definitiva de ese recurso, de modo que la decisión de traslado ha de ejecutarse, a más tardar, en un plazo de seis meses a partir de la resolución definitiva del recurso. Sin embargo, esta solución supone que la decisión de suspensión de la ejecución de la decisión de traslado haya sido adoptada por dichas autoridades dentro de los límites del ámbito de aplicación de la disposición que prevé el efecto suspensivo.
En cuanto a ese ámbito de aplicación, el Tribunal de Justicia subraya, por una parte, que la aplicación de esa disposición está estrechamente vinculada al ejercicio, por la persona afectada, de un recurso contra la decisión de traslado, ya que la suspensión decretada por dichas autoridades debe producirse «hasta la resolución del recurso».
Por otra parte, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe esta disposición, esta forma parte de la sección que lleva por título «Garantías de procedimiento». Además, la mencionada disposición está contenida en un artículo titulado «Recursos» y va a continuación de un apartado dedicado al efecto suspensivo del recurso contra la decisión de traslado, apartado que completa al autorizar a los Estados miembros a permitir a las autoridades competentes suspender la ejecución de la decisión de traslado en caso de que su suspensión como consecuencia de la interposición de un recurso no proceda ni del efecto de la ley, ni del efecto de una resolución judicial.
Por último, en lo que atañe a los objetivos perseguidos por el Reglamento Dublín III, el plazo de traslado de seis meses establecido por ese Reglamento tiene por objeto garantizar que la persona interesada sea efectivamente trasladada lo más rápidamente posible al Estado miembro responsable del examen de su solicitud de protección internacional. Pues bien, habida cuenta del efecto de interrupción que la suspensión de la ejecución de una decisión de traslado tiene sobre el plazo de traslado, interpretar la disposición de que se trata en el sentido de que autoriza a los Estados miembros a permitir que las autoridades competentes suspendan la ejecución de las decisiones de traslado por un motivo carente de relación directa con la tutela judicial de la persona interesada podría privar de toda efectividad al plazo de traslado, modificar el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros que resulta del Reglamento Dublín III y prolongar notablemente la tramitación de las solicitudes de protección internacional.
Por ello, el Tribunal de Justicia considera que las autoridades competentes solo pueden ordenar la suspensión de la ejecución de una decisión de traslado, en el marco definido a tal fin por el Reglamento Dublín III, cuando las circunstancias que rodean esa ejecución implican que la citada persona debe, para garantizar su tutela judicial efectiva, ser autorizada a permanecer en el territorio del Estado miembro que haya adoptado la mencionada decisión hasta la adopción de una resolución definitiva sobre ese recurso. Por lo tanto, no puede considerarse que entre en este marco una decisión revocable de suspensión de la ejecución de una decisión de traslado por el motivo de que dicha ejecución es materialmente imposible. La circunstancia de que, en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, la imposibilidad material de proceder a la ejecución de una decisión de traslado pueda implicar la ilegalidad de esa decisión no desvirtúa esta conclusión. En efecto, por una parte, el carácter revocable de una decisión de suspensión de la ejecución de una decisión de traslado excluye considerar que dicha suspensión se ordenó hasta la resolución del recurso contra la decisión de traslado y con la finalidad de garantizar la tutela judicial de la persona interesada, ya que no puede descartarse que la revocación de la citada suspensión se produzca antes de que se resuelva el recurso. Por otra parte, de diversas disposiciones del Reglamento Dublín III resulta que el legislador de la Unión no ha estimado que la imposibilidad material de proceder a la ejecución de la decisión de traslado deba considerarse apta para justificar la interrupción o la suspensión del plazo de traslado.
