El Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes

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De acuerdo con las conclusiones del Abogado General Wathelet, presentadas el 10 de enero de 2018, el Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes. En su opinión, al celebrar dicho Acuerdo, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal
resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio. El Abogado General Melchior Wathelet propone que el Tribunal de Justicia conteste que sí es competente para apreciar si son legales los acuerdos internacionales celebrados por la Unión; que asociaciones de las características de Western Sahara Campaign sí están facultadas para poner en tela de juicio el Acuerdo de pesca; y que el Acuerdo de pesca no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental. En cuanto a la posibilidad de que las personas físicas y jurídicas invoquen normas de Derecho internacional en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión, el Abogado General considera que deben poder invocarse ante el juez las normas de Derecho internacional que vinculen a la Unión cuando éstas sean incondicionales y suficientemente precisas en su contenido y cuando su naturaleza y estructura no obsten al control judicial del acto que se esté impugnando. El Abogado General considera también que dichos requisitos sí concurren en las tres normas de Derecho internacional que WSC invoca: 1) el derecho a la libre determinación, 2) el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, en la medida en que éste obliga a que la explotación de los mismos redunde en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental, y 3) las disposiciones de Derecho internacional humanitario de aplicación a la conclusión de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de territorios ocupados. De ello deduce el Abogado General que dichas normas pueden invocarse en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión.

La Audiencia Nacional concede la extradición a China a 121 ciudadanos chinos detenidos en la ‘Operación Wall’ en 2016

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, de 13 de diciembre de 2017 ha concedido la extradición a China a 121 ciudadanos chinos que fueron detenidos en 2016 en la denominada ‘Operación Wall’ por delito de estafa. A través de llamadas de internet desde España, engañaban a ciudadanos residentes en China a los que les sustraían sus depósitos bancarios. Este primer auto afecta a 121 de las 269 personas que fueron detenidas en la operación policial y establece que procede las entregas reclamadas por China porque se cumplen los requisitos del Tratado de Extradición, de doble incriminación y mínimo punitivo, así como los requisitos documentales exigidos. La Sala recuerda que se cumple con el principio de doble incriminación porque los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de un delito de estafa, que está reconocido en el Código Penal chino y en nuestro Código Penal. En cumplimiento del resto de los requisitos del Convenio de Extradición, se trata de un delito común, no se advierte motivación espuria en la reclamación y no concurre ninguna causa para que la justicia española deniegue las extradiciones. Los hechos se remontan al mes de Diciembre de 2016, cuando el Servicio Interpol de la Policía puso en conocimiento del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por las Autoridades de su país, por formar parte de una organización criminal dedicada a estafar, desde centros ubicados en España, a ciudadanos de su país, a través de llamadas telefónicas. Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedían dinero a cambio de arreglar su situación. En relación con la nacionalidad taiwanesa de los reclamados, el tribunal considera que desde la perspectiva del Derecho Internacional se ha venido adoptando “una postura tendente a la aceptación del principio de “Una única China” siendo Taiwán parte de la República Popular, aunque con un gobierno que legisla y dirime sus asuntos en nombre del Gobierno Popular, es un hecho notorio que el gobierno de Taiwán se erige como un gobierno con todas las competencias en la práctica, siendo reconocido como tal, pero ello no implica, sino todo lo contrario, el reconocimiento de Estado”. La Sala recuerda que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978 que solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y que no tiene relaciones con la Unión Europea, “La Comunidad Internacional, salvo los países con los que tiene relaciones diplomáticas- añade el tribunal- entiende a Taiwán como parte de China, y considera que su posible acceso a la independencia no puede hacerse de forma unilateral, sino siguiendo los procesos que dictan las leyes de su país”.

Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa

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El BOE de 1 de diciembre de 2017 publica el Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa, hecho en Bayona el 22 de junio de 2015, en el marco del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Portugal el 22 de noviembre de 1977, con el objeto de actualizar el marco jurídico de las relaciones bilaterales en el ámbito de la Defensa en el convencimiento de que una cooperación fuerte y consistente entre los dos Estados, unidos históricamente por la amistad y la integración en los mismos espacios comunes de Seguridad y Defensa, servirá a los fines de estabilidad, paz y seguridad internacional. El art. 8 incluye  las disposiciones en materia jurisdiccional y disciplinaria disponiendo, entre otras cosas , que “las autoridades del Estado receptor ejercerán su jurisdicción sobre los miembros de la Fuerza o del elemento civil, así como sobre las personas a su cargo, en lo relativo a las infracciones cometidas en el territorio de ese Estado y que sean sancionables según su legislación”.

Fallecimiento del profesor Milan Šahović

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El profesor Milan Šahović falleció el 5 de octubre de 2017. Nacido el 20 de febrero de 1924 en Belgrado. Milan Šahović  fue profesor de derecho y director del Instituto de Política y Economía Internacional de Belgrado, fue miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional, ex Presidente de la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ex miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y miembro honorario del Instituto Internacional Humanitario de San Remo. Autor de numerosas publicaciones en el campo del Derecho internacional, entre las que cabe destacar su curso a la Academia de Derecho Internacional titulado “Rapports entre factueurs matériels et facteurs formels  dans la formation du Droit international” en 1986. Milan Šahović fue elegido miembro asociado del Institut de Droit International en 1977 durante la sesión de Oslo. Se convirtió en miembro de pleno derecho en 1983, luego miembro honorario en 2001. Fue el tercer vicepresidente del Instituto entre 1989 y 1991 y fue el ponente de la Comisión Decimocuarta, creada en 1993, durante la sesión de Milán, en “L’application du droit international, notamment humanitaire, dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non-étatiques”. El trabajo de esta comisión terminó en 1999, en la sesión de Berlín, con la aprobación de una resolución. La personalidad, la humanidad y la calidad intelectual de Milan Sahovic dejarán el vacío en la entre el colectivo de internacionalistas.

Nueva versión del “Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas”

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El presente manual, publicado en el DO C 335 de 6 de octubre de 2017 es una versión revisada del Manual europeo para la emisión de órdenes de detención europeas publicado por el Consejo en 2008 y revisado en 2010. Una vez finalizado el período transitorio de cinco años contemplado en el Tratado de Lisboa relativo a los denominados instrumentos jurídicos correspondientes al antiguo tercer pilar, incluida la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros  («Decisión marco sobre la ODE»), la Comisión asumió la tarea de actualizar y revisar el manual. La orden de detención europea (en lo sucesivo «ODE») es un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. Las órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades judiciales de cualquier país de la UE son válidas en todo el territorio de la Unión Europea. La orden de detención europea viene funcionando desde el 1 de enero de 2004. Ha sustituido a los dilatados procedimientos de extradición que solían existir entre países de la UE. El presente manual tiene en cuenta la experiencia adquirida durante los últimos trece años de aplicación de la orden de detención europea en la Unión. Los objetivos de esta revisión son actualizar el manual y hacerlo más exhaustivo y accesible. Para preparar esta última versión del manual, la Comisión consultó a diversas partes interesadas y expertos, incluidos Eurojust, la Secretaría de la Red Judicial Europea y los expertos de las administraciones y autoridades judiciales de los Estados miembros.

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El Institut de Droit International aprobó en su Sesión de Hyderabad (2017) una Resolución sobre medidas cautelares para los procesos judiciales y arbitrales

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A partir de los trabajos de la “Tercera Comisión”, que contó como relator a Lord Collins of Mapesbury, se aprobó en la sesión de Hyderabad del Institut de Droit International de septiembre de 2017 la Resolución sobre medidas cautelares aplicables a los procesos internacionales e internos, tanto de carácter jurisdiccional como arbitral, en la que se adoptan una serie de los principios relativos a la concesión de este tipo de medidas que contribuirían al desarrollo del Derecho internacional y de los Derechos nacionales en la materia.

Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña

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Los profesores Paz Andrés Sáenz de Santa María, Gregorio Garzón Clariana, Araceli Mangas Martín, Xavier Pons Rafols, Antonio Remiro Brotóns, Alejandro del Valle Gálvez y Rafael Arenas García, miembros de la Asociación,” han elaborado una “Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña”, que se reproduce más abajo y que queda abierta a la suscripción de los miembros de la AEPDIRI que quieran adherirse a ella hasta las 23.59 horas del día 24 de septiembre de 2017. Para ello debe pincharse aquí.

Texto de la Declaración