Medidas restrictivas adoptadas por la UE habida cuenta de la situación en Venezuela

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El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2074, que prevé, entre otras cosas, la prohibición de la exportación de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportación de equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y de recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o de personas, entidades u organismos cuya acción, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en el país, así como de personas, entidades u organismos asociados con ellas. El mismo DO oficial que publica dicha decisión (DO L 295 de 14.11.2017) inserta publica el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela en vista de que continúa el deterioro de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en este país. Las medidas incluyen: A) Restricciones de la exportación. Se prohíbe a los nacionales de los Estados miembros, o desde el territorio de los Estados miembros o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ellos, sean o no originarios del territorio de los Estados miembros. B) Restricciones de la admisión. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela b) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumeradas en el anexo I. C) Inmovilización de fondos y de recursos económicos. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a: a) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; b) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumerados en el anexo I.

Fabiola Medina en la lista de árbitros del Acuerdo entre Cariforum y la Comunidad Europea

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El Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, se firmó el 15 de octubre de 2008 y se aplica de forma provisional desde el 29 de diciembre de 2008. De conformidad con el art. 221 del Acuerdo, se establecerse una lista de quince personas con conocimientos especializados o experiencia en Derecho y comercio internacional, que estén dispuestas a desempeñar la función de árbitro. Este paso es necesario para aplicar las disposiciones de solución de diferencias del Acuerdo. Dicha lista figura en la Decisión (UE) 2017/1921 del Consejo de 16 de octubre de 2017 sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo Conjunto Cariforum-UE del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, en relación con el establecimiento de la lista de árbitros, que publica el DO de 20 de octubre de 2017.  Entre los árbitros seleccionados por los Estados miembros de Cariforum figura la abogada dominicana Fabiola Medina Garnes.

XI Seminario de Derecho internacional privado (Barcelona, 26 y 27 de octubre)

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Los días 26 y 27 de octubre de 2017 tendrá lugar la XI edición del Seminario de Derecho Internacional Privado dedicada este año a la “Regulación de la actividad económica en el ámbito internacional y libertad de establecimiento (cuestiones societarias, fiscales, de Derecho de la competencia, Derecho privado y arbitraje”. La asistencia al Seminario es libre y gratuita; pero los organizadores ruegan confirmación de la participación a fin de tenerla en cuenta para la organización de la sala.

Ruegan  a quienes vayan a asistir que envíen un correo indicándolo así a rafael.arenas@uab.cat indicando en el asunto “Asistencia al XI Seminario de DIPr”.

El Seminario se desarrollará en el Colegio de Abogados de Barcelona (Calle Mallorca, 283, Barcelona).

Paneles

Primero: Establecimiento de Sociedades (perspectiva de DIPr)

Segundo: Establecimiento de Sociedades (perspectiva de Derecho Mercantil)

Tercero: Cuestiones fiscales

Cuarto: Derecho económico (libre competencia, competencial desleal y regulación administrativa de la actividad económica)

Quinto Libertad de establecimiento y Derecho privado

Sexto Regulación de la actividad económica y Derecho privado fuera de la UE

Séptimo Arbitraje

Información del del Seminario

La CNMC aprueba la Resolución sobre los criterios que deben cumplir las empresas que quieran ofrecer el servicio internacional de viajeros por tren

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado una Resolución sobre los criterios que deben cumplir las empresas que quieran ofrecer el servicio internacional de viajeros por tren, de 22 de septiembre de 2017. Se trata de los criterios con que analizará los nuevos servicios de transporte internacional de viajeros por ferrocarril prestadas por empresas alternativas a Renfe. Estos servicios están liberalizados desde 2010 y permiten recoger y dejar viajeros en cualquiera de las estaciones situadas a lo largo del trayecto internacional, incluso las situadas dentro de un mismo Estado (cabotaje). Según la Resolución, hasta que no se transponga a la legislación española el 4º paquete ferroviario de la Unión Europea, aprobado en diciembre de 2016, la introducción de servicios ferroviarios internacionales no puede suponer la liberalización de los servicios nacionales de transporte por ferrocarril.  Las empresas afectadas por estos nuevos servicios internacionales pueden solicitar a la CNMC que determine si su objetivo principal es transportar viajeros entre estaciones situadas en estados miembros distintos o, por el contrario, transportar viajeros entre estaciones situadas en el mismo Estado miembro. La CNMC, según el Reglamento (869/2014), al igual que sus homólogos europeos, es la encargada de fijar los criterios para analizar las solicitudes. En concreto, la CNMC, cuando reciba una petición de revisión de un nuevo servicio internacional prestado por una empresa diferente a Renfe analizará de forma conjunta si cumple con los elementos establecidos en la Resolución

Entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la UE y Canadá

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El jueves 21 de septiembre ha entrado en vigor de forma provisional el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG – CETA) entre la UE y Canadá. La aplicación provisional del AECG tiene lugar a raíz de su aprobación por los Estados miembros de la UE, expresada en el Consejo, y por el Parlamento Europeo. Sin embargo, no entrará plena y definitivamente en vigor hasta que todos los Estados miembros de la UE hayan ratificado el Acuerdo. La Comisión colaborará con los Estados miembros de la UE y con Canadá para garantizar que su aplicación sea adecuada y eficaz. Según la Comisión el AECG ofrece nuevas oportunidades para que empresas de la UE de todos los tamaños exporten a Canadá. Ahorrará a las empresas de la UE 590 millones de euros al año, el importe que pagan en aranceles sobre las mercancías exportadas a Canadá. A partir del 21 de septiembre el AECG elimina los derechos aplicados al 98 % de los productos (líneas arancelarias) que la UE intercambia comercialmente con Canadá. También ofrece a las empresas de la UE el mejor acceso que nunca se ha ofrecido a empresas de fuera de Canadá para licitar en las contrataciones públicas de dicho país, no solo a nivel federal sino también a nivel provincial y municipal.

En opinión del Abogado General la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión

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En las conclusiones del Abogado General de 19 de septiembre de 2017 en el asunto C-284/16 (Slowakische Republik contra Achmea BV), se considera que  la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión. Para el Abogado General Watheletm que la cláusula controvertida no supone una discriminación basada en la nacionalidad, prohibida por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, no infringe el artículo 18 TFUE. En efecto, si bien sólo los inversores neerlandeses están facultados por la cláusula para acudir al tribunal arbitral al objeto de dirimir una controversia relativa a una inversión realizada en Eslovaquia, los inversores de la mayoría de los Estados miembros restantes disfrutan de una protección equivalente sobre la base de los TBI que sus respectivos Estados miembros de origen han celebrado con Eslovaquia. A este respecto, el Abogado General subraya que los inversores procedentes de un Estado miembro que no haya celebrado un TBI con Eslovaquia tampoco sufren una discriminación en razón de su nacionalidad, como consecuencia de la cláusula controvertida. El Abogado General precisa que el Tratado FUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exigen que los inversores que procedan de un Estado miembro distinto de Eslovaquia y que se encuentren en territorio eslovaco en una situación regida por el Derecho de la Unión sean tratados del mismo modo que los inversores eslovacos, pero no que los inversores de un tercer Estado miembro.

Decisiones de procedimiento del Tribunal arbitral del CIADI en el asunto Eskosol contra Italia

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Los cambios en los programas de estímulos y regulaciones en el sector de energías renovables en diversos países europeos han dado lugar a una serie de controversias relativas a inversiones.  Concretamente en un arbitraje en trámite del CIADI, entre Eskosol S.p.A. in Liquidazione (Eskosol)  y el Gobierno de la República Italiana (Italia) (Caso CIADI N.° ARB/15/50). El Tribunal se constituyó el 19 de octubre de 2016, con Jean Kalicki (EE UU), Presidente y Guido Satiago Tawil (Argentina) y Brigitte Stern (Francia), árbitros. Iniciado el procedimiento, la Demandada pretendió que se desestimaran las reclamaciones de Eskosol en una etapa temprana inicial del proceso, alegando la manifiesta falta de mérito jurídico. A su vez, la Demandada solicitó una garantía por las costas para cubrir una posible adjudicación de costas a favor del Estado sosteniendo que Eskosol no podría sufragar dicho laudo porque se encontraba en quiebra y el procedimiento fue financiado por un tercero finananciador. A principios de este año, el Tribunal dictó dos decisiones que abordaron estas solicitudes, la  Decision on Respondent’s Application under Rule 41(5), de 20 de marzo de 2017 y la Procedural Order nº 3 ((Decision on Respondent’s Request for Provisional Measures),  de 12 abril 2017.