La protección dispensada en el Tratado sobre la Carta de la Energía lo es a las inversiones extranjeras contra ‘medidas exorbitantes o discriminatorias’

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Tercera, de 20 de diciembre de 2017 declara que “la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía que se invoca  para cuestionar la legalidad del Real Decreto 413/2014, debido -según allí se aduce- a ‘la falta de seguridad jurídica en relación con la protección de las inversiones en el extranjero’, al no prever una compensación equivalente ‘al justo valor de mercado de la inversión expropiada’, no puede ser acogida. Esta Sala, siguiendo los razonamientos expuestos en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2012 (recurso 40/2011 ) y de 11 de junio de 2013 (recurso 259/2013), entre otras, no considera vulneradas las previsiones de dicho Tratado no solo por la dificultad de entenderlo aplicable a los inversores españoles respecto de las decisiones adoptadas por el Gobierno español, lo que no se aviene con las disposiciones de aquél, sino porque no se aprecia que nos encontremos ante los supuestos contemplados en los invocados arts. 10 y 13 del referido Tratado sobre la Carta de la Energía, pues la protección dispensada en dicho Tratado lo es a las inversiones extranjeras contra ‘medidas exorbitantes o discriminatorias’, sin que el nuevo régimen retributivo establecido en el Real Decreto-ley 9/2013 y en la Ley 24/2013, que desarrolla la norma reglamentaria impugnada, pueda merecer dicha consideración. Y sin que pueda calificarse de ‘nacionalización, expropiación o medida o medidas de efecto equivalente a la nacionalización o la expropiación’ (…). En efecto, el nuevo régimen se aplica a todos los productos de energía eléctrica que utilizan la tecnología fotovoltaica lo que disipa cualquier duda de trato discriminatorio. Y aun cuando el Tratado hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994 promueve que las Partes Contratantes fomenten y creen ‘condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes Contratantes realicen inversiones en su territorio’, la nota de ‘estabilidad’ debe entenderse referida al marco regulatorio en su conjunto, no a una medida aislada de las que lo componen, y tampoco puede interpretarse en el sentido de que suponga la absoluta petrificación del régimen inicialmente aprobado cuando, como aquí ocurre, ha habido cambio de circunstancias relevantes y motivos justificadores de la modificación regulatoria aplicada a la tecnología fotovoltaica. Las inversiones en esta tecnología siguen estando protegidas y fomentadas en España por un marco normativo sin duda favorable en su globalidad”.

México firma el Convenio del CIADI de 1965, que deberá ser ratificado por el Senado

UNO

En su gira de trabajo por Estados Unidos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, firmó con el Banco Mundial la adhesión de México al Convenio sobre Arreglo de Diferencias entre Inversiones y Estados, conocido como Convenio del CIADI, ya suscrito por 162 países, de los cuales 153 han depositado los instrumentos de ratificación. El Convenio deberá ser ratificado posteriormente por el Senado de la República. Hasta la fecha México formaba parte del Mecanismo Complementario de CIADI para Estados No Contratantes, por lo que sí era posible dirimir un conflicto de inversión por esta vía, aunque con ciertas matizaciones, sobre todo en lo que concernía a la anulación de los laudos. Cabe retener que el Instituto Mexicano del Arbitraje (IMA) había recomendado con insistencia que México se adhiriera al Convenio CIADI, pues esta acción tendría la virtud de disipar dudas acerca de la seguridad legal que el país ofrecía a la inversión extranjera. También será congruente con gran parte de los tratados de inversión, que contemplan al CIADI como uno de los medios de solución de controversias.

La Unión Europea y Japón finalizan las conversaciones para un Acuerdo de Asociación Económica

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La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Asuntos Exteriores japonés Taro Kono anunciaron el 8 de diciembre de 2017 la finalización satisfactoria de las negociaciones entre la UE y Japón para el Acuerdo de Asociación Económica (AAE). Tomando como base el acuerdo político de principio alcanzado el 6 de julio de 2017 durante la Cumbre UE-Japón, los negociadores de ambas partes han ultimado todos los detalles para finalizar el texto jurídico. Este proceso ya está listo. La conclusión de esas negociaciones es un hito importante para poner en marcha el mayor acuerdo comercial bilateral negociado hasta ahora por la Unión Europea. El Acuerdo de Asociación Económica abrirá enormes oportunidades de mercado para ambas partes, reforzará la cooperación entre la Unión Europea y Japón en algunos ámbitos, reafirmará su compromiso común de desarrollo sostenible y, por primera vez, incluirá un compromiso específico en lo que respecta al Acuerdo de París sobre el clima. Los debates técnicos que se han llevado a cabo desde julio han estado dirigido a: estabilizar los compromisos de la UE y Japón sobre aranceles y servicios; establecer disposiciones finales para la protección de las indicaciones geográficas de la UE y de Japón; finalizar los capítulos sobre las buenas prácticas y la cooperación en materia de reglamentación, y la transparencia, reforzar el compromiso con respecto al acuerdo de París en el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible; así como compensar un menor número de cuestiones pendientes en varias partes del acuerdo.

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Entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado

Mr. Tommo Monthe, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative, Permanent Mission of the Republic of Cameroon signs the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration.
The Convention has...

Entre los cambios más significativos en las normativas y prácticas de inversión en los últimos años se encuentra la transparencia de los procedimientos de arbitraje. Cada vez en mayor medidas, las decisiones y los documentos del caso se publican y las audiencias están abiertas al público, incluso a través de video transmitido. El último hito es la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, el 18 de octubre de 2017, tras su ratificación por Canadá, Mauricio y Suiza. Como resultado, las Reglas de Transparencia de la CNUDMI se aplicarán ahora a los casos presentados en virtud de un tratado de inversión celebrado antes de abril de 2014 e involucrando a partes de estos tres Estados. Las normas sobre transparencia ya se aplican a los casos de arbitraje de inversiones de la CNUDMI sometidos a tratados celebrados después del 1 de abril de 2014, a menos que los Estados Partes hayan acordado lo contrario.

Apertura de negociaciones por parte de la Unión Europea de un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones

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El 13 de septiembre de 2017 se hizo pública una Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones. En el referido documento se dispone que la Unión se esforzará por garantizar que el proceso de negociación del Convenio permita a todos los países interesados y a las organizaciones internacionales participar de forma efectiva en la negociación y el consenso. La Unión estará representada por la Comisión a lo largo de las negociaciones que se llevarán a cabo bajo los auspicios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). En caso de votación, los Estados miembros que sean miembros de la CNUDMI ejercerán su derecho de voto de acuerdo con las presentes directrices y con las posiciones de la UE previamente acordadas. La conclusión de ese Convenio  permitiría a la Unión presentar al tribunal multilateral las controversias que surjan en aquellos acuerdos en los que la Unión es o será parte. Por consiguiente, la Unión debe poder ser parte en el Convenio, cuyas disposiciones se redactarán de manera que la Unión Europea pueda hacer uso de ellas de modo efectivo. El Convenio también debe permitir a los Estados miembros de la Unión y a los terceros países presentar al tribunal multilateral las controversias que surjan en aquellos acuerdos en los que son o serán parte,

Medidas restrictivas adoptadas por la UE habida cuenta de la situación en Venezuela

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El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2074, que prevé, entre otras cosas, la prohibición de la exportación de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportación de equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y de recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o de personas, entidades u organismos cuya acción, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en el país, así como de personas, entidades u organismos asociados con ellas. El mismo DO oficial que publica dicha decisión (DO L 295 de 14.11.2017) inserta publica el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela en vista de que continúa el deterioro de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en este país. Las medidas incluyen: A) Restricciones de la exportación. Se prohíbe a los nacionales de los Estados miembros, o desde el territorio de los Estados miembros o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ellos, sean o no originarios del territorio de los Estados miembros. B) Restricciones de la admisión. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela b) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumeradas en el anexo I. C) Inmovilización de fondos y de recursos económicos. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a: a) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; b) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumerados en el anexo I.

Fabiola Medina en la lista de árbitros del Acuerdo entre Cariforum y la Comunidad Europea

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El Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, se firmó el 15 de octubre de 2008 y se aplica de forma provisional desde el 29 de diciembre de 2008. De conformidad con el art. 221 del Acuerdo, se establecerse una lista de quince personas con conocimientos especializados o experiencia en Derecho y comercio internacional, que estén dispuestas a desempeñar la función de árbitro. Este paso es necesario para aplicar las disposiciones de solución de diferencias del Acuerdo. Dicha lista figura en la Decisión (UE) 2017/1921 del Consejo de 16 de octubre de 2017 sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo Conjunto Cariforum-UE del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, en relación con el establecimiento de la lista de árbitros, que publica el DO de 20 de octubre de 2017.  Entre los árbitros seleccionados por los Estados miembros de Cariforum figura la abogada dominicana Fabiola Medina Garnes.