Este es el espíritu de las las reglas revisadas votadas por el Parlamento el 29 de mayo de 2018. Dichas reglas revisadas, aprobadas por 456 votos contra 147 y 49 abstenciones, apuntan a garantizar una mejor protección para los trabajadores desplazados y una competencia justa para las empresas. Según el texto acordado, todas las reglas de remuneración del país anfitrión deben aplicarse a los trabajadores desplazados. Además de las disposiciones legales, los Estados miembros pueden aplicar grandes convenios colectivos regionales o sectoriales representativos. Hasta ahora, esto se ha hecho solo en el sector de la construcción. Los costos de viaje, alojamiento y alojamiento deberán ser pagados por el empleador y no descontados de los salarios de los trabajadores. Los empleadores también deberán asegurarse de que las condiciones de alojamiento de los trabajadores desplazados sean dignas y se ajusten a las normas nacionales. La duración de la publicación se ha establecido en un máximo de 12 meses, con una posible extensión de 6 meses. A partir de entonces, el trabajador aún podrá permanecer y trabajar en el estado miembro al que está destinado, pero más allá de esto, las condiciones de trabajo estarán sujetas a las normas laborales del país de acogida. En el caso de una publicación fraudulenta, por ejemplo, por parte de una empresa de buzones, los Estados miembros deberían cooperar para garantizar que los trabajadores desplazados estén protegidos, al menos, por las condiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Los estados miembros tendrán dos años para incorporar las reglas a sus leyes nacionales, y deben ponerlas en vigencia para el final de este período.
