No procede anular el laudo, pues no se ha argumentado la lesión material que pudo sufrir la empresa vendedora por el hecho de que una misma árbitro resolviese diferentes arbitrajes (STSJ Madrid CP 1ª 25 mayo 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 25 de mayo de 2021 (ponente: Celso Rodríguez padrón) declara no haber lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral dictado con fecha 25 de febrero de 2020 en el seno de la Junta Arbitral Nacional de Consumo. Entre otros razonamientos la presente decisión afirma que:

«(…) No resulta tampoco asumible la alegación de imposibilidad de defensa de sus derechos que se plasma en la demanda al amparo del art. 41.1º.b de la Ley de Arbitraje. Es evidente que la mercantil demandante trata de encajar esta segunda alegación en la modalidad «residual» que se contempla en el precepto, pero no centra su motivo de impugnación en el hecho de haber visto cercenado su campo de acción procesal en el seno del procedimiento arbitral. En realidad cuanto combate en este punto es la motivación del laudo, al discrepar del tratamiento argumental (más bien de la exhaustividad) que la árbitro otorga a la prueba desplegada. Prueba de ello es que, si bien en el anuncio inicial de motivos (página 13) se expresa el segundo sobre imposibilidad de defensa de sus derechos, se concreta posteriormente en «error patente en la valoración de la prueba» (página 33). Ya quedó apuntado que las posibilidades de un Tribunal de Justicia para revisar la valoración probatoria que lleve a cabo un árbitro o colegio en el seno de un procedimiento arbitral son ciertamente limitadas. Damos por reproducido cuanto quedó expuesto en los fundamentos dedicados a establecer nuestros parámetros de enjuiciamiento. La alegación (pág. 34) de falta de motivación del laudo respecto a la prueba no se orienta preferentemente sobre lo que sería una calificación de irracionalidad argumental, sino que cuanto se denuncia es la falta de exhaustividad. Critica la demanda (pág. 36) que en el laudo no se ha tenido en cuenta la documentación aportada por F. a la hora de examinar la alegación de mala fe en el comprador y aprovechamiento del error padecido, y en esto se materializa la causa de nulidad. 1.- A la hora de enfocar este motivo de demanda, no podemos obviar, en primer lugar, que nos hallamos ante un arbitraje de equidad, al que no puede exigírsele idéntico rigor argumental que al arbitraje de Derecho. Entre otras muchas podemos citar la STSJ de Galicia 20/2013, de 10 de mayo, que señalaba en su FJ 2º: » la motivación es necesaria y obligada en todo caso, salvo la excepción a la que se refiere el último inciso del primero de los preceptos citados. Si bien esta necesidad, no obstante el paralelismo entre sentencia y laudo a la vista de la dicción del art. 43 L.A, no nace directamente de lo establecido en el art. 120.3º CE, referido exclusivamente a las sentencias, no será preciso insistir en que la motivación, como antídoto al servicio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3º CE), en la medida en que el laudo lleva aparejada, igual que una sentencia firme, acción ejecutiva (art. 44 LA y 517.2º LEC), es un pilar básico del Estado de Derecho y por lo tanto, cuestión de orden público constitucional regulada en normas imperativas de ineludible cumplimiento para todo árbitro cuya resolución de fondo es, por lo demás, inapelable. Dicho lo anterior, tampoco podemos desconocer que no puede tener el mismo alcance en el arbitraje de equidad que en el de Derecho. Mientras el primero exige exponer unas razones conforme a máximas de experiencia, reglas lógicas, conocimientos científicos, así como los usos, los criterios éticos y de convivencia generalmente aceptados en cada sector de las relaciones sociales, el segundo impone, además, una resolución fundada en Derecho, con sujeción al Ordenamiento Jurídico, porque así lo han querido las partes en el convenio arbitral de modo que, en el decir de la exposición de motivos de la L.A., el árbitro ha de decidir «sobre la base de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de resolver un tribunal». Así, entendemos, se produce una equiparación sustantiva entre el contenido de la motivación de un laudo de derecho y el de una sentencia y se pueden aplicar por analogía las normas positivas y la jurisprudencia elaborada sobre los requisitos internos y la finalidad de la motivación de las sentencias, que son sobradamente conocidas». 2.- Por otra parte, la cita referente a la motivación arbitral que se incluye en la demanda de la STSJ de Andalucía, de 12 de septiembre de 2017, queda superada por cuanto ha establecido el Tribunal Constitucional en su reciente STC 17/2021, de 15 de febrero, a cuyo tenor: ‘respecto a la motivación de los laudos …’. 3.- Tal vez el laudo del que dimana el presente proceso pudo ser más explícito a la hora de descender al análisis individualizado de las pruebas practicadas a instancia (en este caso) de la parte actora. Pero no podemos olvidar que el canon de exigencia en la argumentación de la valoración de la prueba que resulta aplicable al arbitraje no resulta equiparable -a la doctrina constitucional nos remitimos- con el que se predica de la construcción de la sentencia judicial. Por ello, la apreciación de insuficiencia que ahora se nos traslada como base de la acción de nulidad resulta difícilmente asumible, puesto que cuanto se nos pide es que analicemos con criterios jurisdiccionales el contenido de un laudo arbitral, y ello no es posible si partimos -como debemos hacer- del concepto matizado de «equivalente jurisdiccional» del laudo que el propio Tribunal Constitucional ha venido a resaltar. Así, por regresar a la cita de la misma Sentencia que nos sirve de referencia, no podemos dejar de llamar la atención sobre el hecho de que el propio Tribunal distingue la intensidad del deber de motivación de los laudos arbitrales con respecto a las sentencias judiciales, y llega a decir que si bien en estas últimas el deber de motivación es una exigencia de naturaleza constitucional (art. 24 CE) para las resoluciones arbitrales dicha obligación aparece recogida en el artículo 37.4 LA como requisito de exclusiva configuración legal, hipotéticamente prescindible a instancia del legislador. No es posible, por lo tanto, que nos decantemos por la declaración de nulidad que se pretende por la entidad mercantil sobre el argumento que expone la demandante, relativo a lo que considera una falta de exhaustividad en la motivación probatoria que presenta el laudo impugnado. Ni con carácter específico, ni tampoco bajo el manto de indefensión que se presenta la cuestión en la demanda: no se ha conculcado el derecho de las partes a «hacer valer sus derechos». Estos han sido esgrimidos y desarrollados en el seno del procedimiento arbitral al que voluntariamente se sometieron las partes sin que hallemos reproche a realizar sobre el órgano arbitral por haber causado indefensión a quien ahora, ante una decisión contraria a sus intereses, parece pretender la conversión del procedimiento arbitral en un verdadero proceso judicial, y obtener en esta sede el resultado que no le proporcionó el cauce arbitral que -insistimos- libremente había elegido. No es posible asumir esta intención, incluso en el supuesto en que pudiéramos representarnos otra solución (de Derecho en este caso) de fondo. La opción por el arbitraje no puede a posteriori derivar en una demanda de Justicia ordinaria a través del ejercicio de la acción de nulidad ante un resultado adverso en el escenario arbitral»

«(…) En el tercer motivo se cuestiona por la demandante la neutralidad del árbitro, sobre la base de que no reveló a las partes la resolución de otros asuntos de idéntico objeto, y se añade (pág. 43) que es en este momento cuando se presenta la recusación puesto que es ahora cuando ha advertido que la misma árbitra ha resuelto la mayoría de los asuntos, cortando y pegando fragmentos sin entrar a cada caso. Partiendo de la base de cuanto quedó expuesto en el FJ cuarto, hemos de expresar ante todo una duda acerca del conocimiento tardío que afirma haber tenido la parte actora del hecho de que la misma árbitro resolvió otros asuntos similares en los que se veía involucrada la F.. Es un hecho indiscutido la existencia en esta Sala de muchos otros asuntos en ejercicio de la acción de nulidad contra los laudos dictados con motivo de la misma venta, siendo en todos ellos evidente que se siguieron en su día los correspondientes procedimientos en los que resultaba demandada arbitral la misma empresa. Pero lo esencial es que no se ha probado que la árbitro que intervino en todos estos asuntos fuese objeto de recusación por la F., lo que hubiese sido propio si se advirtiese en ella el riesgo de quiebra de las obligaciones derivadas de su debida neutralidad. Son acertadas en este punto las alegaciones que se contienen en el escrito de contestación a la demanda (página 15) a la hora de expresar lo forzada que resulta la argumentación del motivo. En todo caso, la no revelación a cada una de las partes demandantes arbitrales de que estaban sustanciándose otros procedimientos por hechos idénticos, no se explica en qué medida pudo determinar una actuación de la árbitro contraria a la deontología exigible en la elaboración jurídica del laudo, ni tampoco en qué grado la apartó del desempeño normado de su tarea de interpretación y decisión jurídica de la controversia que le fue sometida. No se argumenta, en definitiva, la lesión material que pudo sufrir la empresa vendedora por el hecho de que una misma árbitro resolviese diferentes arbitrajes, siendo en todos ellos demandada. Parece en realidad que se cuestiona sobre un argumento formal (la resolución de varios asuntos idénticos) la profesionalidad o lealtad de la árbitro, sin aportar prueba que pueda respaldar un reproche a su actuación por haber sido intencionadamente en perjuicio de una parte; no puede sostenerse sobre tan genérica imputación como contiene la demanda en este punto una pretensión de nulidad».

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