Las discrepancias sobre la forma de valorar e interpretar los medios de prueba practicados en el procedimiento arbitral no pueden ser calificadas de vicio de orden público (STSJ Castilla-La mancua CP 1ª 5 julio 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 5 de julio de 2021 (ponente: Vicente Manuel Rouco Rodríguez) desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral dictado por el Árbitro en derecho en procedimiento arbitral  sustanciado por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación en el ámbito de la Economía Social del Consejo Regional de Economía Social de Castilla- La Mancha. De acuerdo con esta sentencia, cuyo contenido acotamos:

«(…) Aplicando la anterior doctrina al caso sometido a nuestra revisión respondemos sucintamente a las cuestiones planteadas en la demanda. A) Frente a las afirmaciones de lesiones del derecho de defensa contradictoria por el procedimiento arbitral que ha confluido en el laudo dictado, debemos recordar sencilla y lisamente que los documentos de cuya omisión se queja la Sociedad cooperativa actora, como consta en el expediente remitido por la Comisión de Arbitraje, se unieron al procedimiento antes de la vista a la que fue citada para la fijación de hechos y practica de pruebas, pudo tener conocimiento en dicho momento de los mismos, y se le dio formalmente traslado por correo electrónico; es más pudo hacer las alegaciones que estimó convenientes respecto a la eficacia y valor probatorio de los mismos, otra cuestión diferente es que la impugnación articulada en su escrito de conclusiones, rechazando su valor, resaltando a su juicio «la manipulación» de los mismos, y su carácter parcial, no mereciera una acogida favorable en la decisión o laudo arbitral que como es visto, acepta su autenticidad – comprobada por el examen del código de verificación segura – y su valor para desvirtuar la motivación de la conducta incumplidora de las obligaciones para con la Cooperativa, al estimar que probaban que la actora no había tenido otros rendimientos económicos por sus actividades agrarias que los derivados de sus prestaciones a la Sociedad Cooperativa, sin que se hubiera demostrado por ésta lo contrario. La ausencia de un traslado formal de esos documentos probatorios simultánea a su aportación y anterior a la vista, no es relevante para ocasionar una lesión del derecho de defensa en un procedimiento arbitral cuyas formalidades no tienen por qué coincidir con el proceso civil, siendo únicamente clave el respeto de los principios de audiencia y contradicción y en suma el de poder efectuar alegaciones y proponer y practicar pruebas en su defensa, derecho que insistimos ha quedado sustancialmente a salvo con el traslado y posibilidad de impugnación en el trámite de conclusiones posterior a la vista a que fue citada para fijar hechos y proponer y practicar prueba con todas las garantías. B) En la misma línea que la anterior argumentación debe ser rechazada la referencia a un supuesto error manifiesto en los antecedentes sobre la aportación de documentos fiscales. En efecto, ante todo el error no existe ni es manifiesto por cuanto es absolutamente cierta la aportación de tales documentos fiscales, cuestión diferente es la interpretación de las consecuencias sobre el traslado de los mismos a la Cooperativa hoy demandante. En todo caso, ya hemos visto que la forma en que el traslado se produjo ninguna lesión supone para el techo de defensa de la misma ni puede relacionarse con el orden público en los términos en que lo hemos interpretado. C) Por otro lado, no es posible trasladar al procedimiento arbitral de una forma automática todas las formas y posibilidades de aportación de pruebas en el procedimiento civil. El hecho de que se solicitasen diligencias finales por la Cooperativa demandada en el procedimiento arbitral después de celebrada la vista, y que no se acordaran por el árbitro, no puede considerarse que incida en el orden público de acuerdo con la significación que hemos recogido de la citada vulneración. La cita en este particular del art. 286 LEC es irrelevante por ello. Insistimos el procedimiento de anulación en vía jurisdiccional no está concebido para remediar cualquier discrepancia sobre el desarrollo del procedimiento arbitral sino únicamente aquellas vulneraciones graves que se arbitran como motivos de anulación y las concernientes al orden público son las atinentes a las más graves lesiones de los principios básicos de audiencia, contradicción, e igualdad en el procedimiento. Por ello el hecho de que el árbitro no haya considerado relevante la solicitud de una diligencia final para acreditar hechos que no se consideraron nuevos o excepcionales en relación con el debate, después de haber tenido antes la oportunidad de alegar y probar no encaja en las importantes lesiones que pueden englobarse en la noción de orden público del procedimiento arbitral. El hecho de que el árbitro no se pronunciase expresamente sobre una denegación de dicha petición no es un vicio que sea relevante en ese sentido, máxime cuando en el laudo o decisión se analiza la relevancia probatoria de todos los medios que se consideraron pertinentes practicados en la vista y aportados por las partes. D) Por último esta Sala ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones que las discrepancias sobre la forma de valorar e interpretar los medios de prueba practicados en el procedimiento arbitral o sobre la carga de la prueba – lo que la parte actora califica en la demanda origen del presente recurso de error en la valoración de la prueba – no puede ser susceptible de ser calificado de vicio de orden público. En ese sentido cabe citar la Sentencia de esta Sala STSJ, Civil sección 1 del 04 de enero de 2021 ( ROJ: STSJ CLM 81/2021 – ECLI:ES:TSJCLM:2021:81 ) Por consiguiente, la discrepancia sobre el valor otorgado por el árbitro a la eficacia probatoria de los documentos fiscales aportados por la hoy demandada en el procedimiento arbitral considerando que las declaraciones fiscales a efectos del IRPF de los ejercicios 2018 y 2019 eran auténticas – por haber comprobado dicha autenticidad por medio del Código seguro de verificación y concordaban con los que constan en los datos fiscales de dichos ejercicios de la Agencia Tributaria, y con las certificaciones de retenciones de la Cooperativa, y que llevan al árbitro a estimar que «es una prueba clara de que la socia únicamente recibió ingresos por la aceituna, de la Cooperativa demandada» con la consiguiente conclusión de no existir ‘demostración de ninguna conducta de la demandante que se pueda tipificar en alguno de los supuestos contemplados en los Estatutos para su exclusión de la entidad’, constituyen apreciaciones jurídicas del laudo arbitral que, puedan o no ser compartidas, no constituyen en modo alguno factores o presupuestos que puedan revisarse en el procedimiento de nulidad por la vía del orden público que hemos definido, pues de lo contrario se incurriría en una revisión jurisdiccional del fondo en el procedimiento arbitral que voluntariamente ha sido escogido como medio para resolver este tipo de contiendas, conflictos o controversias, concediendo al árbitro el poder y capacidad de valorar los medios probatorios que las partes ofrezcan, aporten y se consideren pertinentes, según protocolos, pautas o criterios que no tienen que coincidir con las reglas de valoración y práctica de la prueba del proceso judicial. Aquí lo que ha ocurrido es que el árbitro ha concedido valor a esos documentos fiscales y considera que son suficientes para probar los únicos ingresos de la socia excluida, según razonamiento en cuya validez o valor no podemos entrar, pues está dentro de los márgenes de lo que un árbitro puede hacer. Cuestión diferente, pero que no se ha alegado en debida forma, razón por la que en ella no podemos entrar en ella, es la omisión de todo razonamiento en el laudo arbitral sobre la suficiencia o no de prueba de presunciones o indicios que fue la que la Sociedad Cooperativa introdujo en su ámbito para considerar que habiendo sido la producción media de aceituna muy superior a la entregada por la socia excluida en las campañas anteriores la cantidad entregada en las campañas que motivaron su sanción no representaba más que una parte anecdótica de la que hubiera debido aportar presuponiendo o infiriendo – puesto que no se demostraba otra cosa – que el resto de la producción de la campaña no había sido entregada. Es verdad que el árbitro se remitió solo a los datos fiscales pero omitió toda valoración o razonamiento sobre la presunción o presunciones en torno a las cuales habría construido la motivación de su sanción de exclusión la Cooperativa recurrente. Ahora bien, no es sobre esta omisión sobre la que se construye la demanda de nulidad y la Sala por razones de respeto al principio de congruencia no puede entrar en ella, constatando solamente la irrelevancia de los vicios o defectos alegados en la demanda para dar soporte o cobertura a la denuncia de vulneración del orden público. En consecuencia, se impone la desestimación de la acción de anulación y con ella la demanda, con expresa condena a la parte actora en las costas procesales».

 

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