Competencia de los tribunales españoles a partir de lo dispuesto en un conocimiento de embarque

Resultado de imagen de conocimiento de embarque

El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de La Plana, Sección Tercera, de 23 mayo de 2017 estima en parte un recurso de apelación formulado contra un Auto dictado del Juzgado que había declarado su falta de jurisdicción. Entre otras consideraciones, la Audiencia afirma que “el conocimiento de embarque que regula el transporte marítimo (arts. 246 y ss Ley 14/2014, de 24 de junio, de Navegación Marítima ) en relación con el cual se ha formulado la reclamación obra a los folios 18 y siguientes y la cláusula en que se funda la cuestión de competencia y, en definitiva, la decisión judicial de instancia ahora controvertida es la epigrafiada como ‘4. Law and jurisdiction‘ (…) ‘Ley y Jurisdicción. Las controversias que surjan de o en conexión con este conocimiento de embarque se determinarán exclusivamente por los tribunales y de acuerdo con la ley del lugar donde el porteador tiene su principal lugar de negocios, como se indica la página uno, salvo lo dispuesto aquí en otra parte’. (…), por lo que con arreglo a dicha cláusula, integrada con estos datos, las partes se someten a los tribunales de Rotterdam. Aduce la apelante que la cláusula de expresa sumisión transcrita se refiere únicamente a las controversias que tengan relación con el conocimiento de embarque, mientras que la reclamación planteada en este procedimiento no se refiere en puridad a éste, sino a los perjuicios ocasionados por la demora en la descarga de la mercancía en el puerto de destino, que achaca a las demandadas. Carece de virtualidad esta alegación. Entendemos que la mención en la repetida cláusula a las controversias que surjan o en conexión (arising out of or in connection) con el conocimiento de embarque no se refiere únicamente a las que tengan su origen en la aplicación o interpretación del mentado documento, como parecer entender la recurrente; así podría ser si la referencia fuera únicamente a las diferencias “que surjan” del mismo. Pero la expresión “o en conexión” es más amplia y entendemos que abarca toda controversia, litigio o diferencia que se provoque en el ámbito del transporte contratado. Y no cabe duda de que la reclamación de una indemnización por la demora en la descarga no es extraña a dicho transporte marítimo. El día 20 de diciembre de 2012 se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) núm. 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que entró en vigor el 10 de enero de 2015 y cuyo contenido, esencialmente su art. 25, ha servido de base al juez de instancia para dictar la resolución apelada, al ser de fecha posterior la incoación del procedimiento, sin que este extremo haya sido cuestionado en el recurso”.

La solicitud de levantamiento del velo no es más que una estrategia procesal para eludir la cláusula de sumisión expresa a los tribunales extranjeros

Resultado de imagen de Fomento de Construcciones y Contratas,.costa rica

Bempagoldin, S.L.U. interpuso demanda de procedimiento ordinario contra Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., y FCC Construcción Costa Rica, S.A. en la que solicitaba la condena de ambas demandadas al pago de determinadas cantidades, en virtud del contrato de suministro de 19 de mayo de 2015, celebrado con FCC Construcción Costa Rica,  S.A (filial de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.), y a retornar a territorio español la máquina ranuradora a que se refería dicho contrato, a cargo de las mismas y en perfecto estado para su uso, sin perjuicio del desgaste propio de las características inherentes a su utilización y antigüedad. La actora fundó su reclamación frente a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A en la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, pues esta entidad, como contratista, habría impuesto la contratación con una filial de la matriz y con la sumisión a los tribunales costarricenses implicando un grado sumo de dificultad a la hora de hacer valer sus derechos, porque precisamente, la actuación a posteriori de la filial y la matriz revelarían el fraude de ley y el abuso de derecho que justificaría la interposición de esta demanda. El Juzgado  de Primera Instancia consideró que los tribunales españoles no eran competentes para pronunciarse sobre el litigio. El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, de 13 de diciembre de 2017 confirmó la decisión del Juzgada teniendo en cuenta que “la actora demanda también a FCC, S.A., con base en la doctrina del levantamiento del velo. En el contrato de 19 de mayo de 2015 se establecieron los siguientes pactos: 11.1 ‘El presente contrato se regirá e interpretará de acuerdo a las Leyes de Costa Rica’ . 11.2: ‘Para la resolución de cualquier conflicto o controversia que se plantee en cuanto a la interpretación, desarrollo o ejecución del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de San José, Costa Rica, con renuncia expresa de cualquier otro fuera que pudiera corresponderles’. Atendida la normativa aplicable a que antes hemos hecho referencia, y esta cláusula de sumisión a los tribunales de Costa Rica, ningún problema plantearía la estimación de la falta de competencia internacional que se denuncia. La problemática deriva de haberse demandado también a FCC, S.A., que tiene domicilio en nuestro país, a diferencia de la otra demandada, cuyo domicilio está en Costa Rica, y de la posible aplicación del art. 22 ter. 3 LOPJ . FCC, S.A. no suscribió el contrato, por lo que no le vincularía la cláusula de sumisión. Es más, una de las razones de que se le haya demandado es, porque, según alega la actora, aquélla se prevalió de su posición dominante para imponer la contratación con una sociedad filial, del mismo grupo, domiciliada en Costa Rica y con sumisión a la legislación y los tribunales de ese país, con el fin de ponerle dificultades a la hora de hacer valer sus derechos. En la resolución de la presente controversia ha de partirse de que, según se desprende de las comunicaciones que se remitieron las partes, aportadas por la demandada, el contrato en cuestión fue negociado. Por otra parte, el contrato se suscribió en Costa Rica, con una sociedad que tenía su domicilio en Costa Rica, y la máquina objeto del mismo iba a ser utilizada en ese país. Es decir, concurrían elementos de conexión relevantes que justificarían la sumisión a la legislación y competencia de los tribunales de ese país sin necesidad de acudir a otras motivaciones. Téngase presente que el art. 22 quinquies de la LOPJ establece la competencia de los tribunales españoles, en defecto de sumisión expresa o tácita, aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, ‘En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España’. Resulta imposible en este momento procesal previo el pronunciamiento sobre el levantamiento del velo que propugna la demandante, y, por lo tanto, asumir su tesis de que la imposición de la cláusula de sumisión formó parte de esa actuación encaminada a obstaculizar el ejercicio de sus derechos. Y es que, por otro lado, también se podría argumentar, como argumentan las demandadas, que la solicitud de levantamiento del velo no es más que una estrategia procesal precisamente para eludir la cláusula de sumisión expresa. Así las cosas, y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente sobre las evidentes conexiones existentes con el fuero elegido, este Tribunal se inclina por la plena efectividad de la cláusula de sumisión para resolver la controversia entre las partes, lo que ha de llevar a confirmar la estimación de la declinatoria por falta de competencia de los tribunales españoles”

Suspensión de las actuaciones judiciales que sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia

Resultado de imagen de ANDORRA BANC AGRICOL REIG S.A.(ANDBANC)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 4 de mayo de 2017 estima parcialmente un recurso de apelación contra un Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona respecto de una cuestión de competencia internacional, declarando que las actuaciones quedan suspendidas y sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia. De acuerdo con la Audiencia “manifiesta la doctrina que con la reforma operada por la Ley 7/2015 de 21 de julio 2015 (…), la novedad más importante, en cuanto a las cláusulas de jurisdicción, no se encuentra en el art. 22 bis, estaba en el art. 22 ter , donde por primera vez en nuestro Derecho interno se reconoce expresamente el efecto derogatorio de aquéllas, la posibilidad de excluir la CJI de los tribunales españoles mediante la sumisión a un tribunal extranjero (de un tercer Estado). El efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia. Como no se ha fijado un plazo para que el interesado plantee su reclamación ante el tribunal extranjero designado, la suspensión puede ser sine die. El último apartado de este precepto aclara que no tendrá efecto la exclusión de la competencia de los tribunales españoles en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos. Foro general: domicilio del demandado. El art. 22 ter conserva el domicilio del demandado en España como foro general. El nuevo precepto incluye una definición del domicilio para las personas físicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando tengan aquí su residencia habitual . Y para las personas jurídicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando radique aquí su sede social, centro de administración o administración central o su centro de actividad principal. Y que dicha doctrina y jurisprudencia habían alcanzado ya esta conclusión de posibilitar la sumisión, pero era muy útil que el legislador lo confirme expresamente; el efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia”.

La competencia internacional es una cuestión de orden público susceptible de ser examinada de oficio por el tribunal cuando entienda que el caso sometido a su decisión no es de la competencia de los tribunales españoles

Resultado de imagen de Tenerife DIAMOND RESORTS TENERIFE SALES, S.L.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Tercera, de 5 de junio de 2017, declara en un asunto de reclamación contractual que “siendo la competencia internacional una cuestión de orden público, susceptible de ser examinada de oficio por el tribunal cuando entienda que el caso sometido a su decisión no es de la competencia de los tribunales españoles sino de los extranjeros (aps. 2 y 3 del art. 22 LOPJ , en relación con el artículo 36 LEC), pudiendo, en su caso y una vez oídas las partes, declararse incompetente. En el presente caso, debe mantenerse la competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de la presente litis, pues (…) no consta claramente acreditado -por no aportarse los documentos en los que constan suscritos esos contratos- (…) debe tenerse especialmente en cuenta que la entidad mercantil demandada radica en España, y que incluso el apartado 11 aludido por esta última parte (…) se refiere de modo impreciso a un acuerdo de sumisión a la jurisdicción no exclusiva de las cortes inglesas”.

La eficacia de una cláusula de sumisión a tribunales extranjeros en el ámbito del transporte marítimo debe realizarse de forma individualizada para cada supuesto en concreto

Resultado de imagen de tribunales de Hong Kong

El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 15 de mayo de 2017, considera no mediando cláusula sumisoria a Tribunales de un Estado de la Unión Europea, ni estando atribuida exclusivamente la competencia a los Juzgados de Hong Kong en virtud de convenio internacional aplicable, y no siendo de aplicación el Reglamento 1215/2012, procede la aplicación al caso de los arts. 468 y 468 de la Ley de Navegación Marítima que nos conducen a la revocación de la resolución apelada y desestimación de la declinatoria. La Audiencia no acepta ” los argumentos esgrimidos por la demandada relativos a la conveniencia para la actora de acudir a litigar concretamente a Hong Kong por el hecho de ser un importante centro de negocios y jurídico de Asia o la razonabilidad de tal fuero por la propia presencia de la demandada en China, o la pretendida ‘accesibilidad’ a tales tribunales por razón de que la demandante viajara a dicho país en febrero de 2014 para mantener relaciones comerciales, o finalmente por ser de aplicación el mismo régimen normativo a la solución del fondo de la controversia (Reglas de la Haya-Visby)”.

Derecho del perjudicado a ejercitar una acción judicial directamente contra el asegurador del responsable de un accidente

Resultado de imagen de transporte  remolacha azucarera

De conformidad con la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Octava, del 13 de julio de 2017, as. C 368/16: Assens Havn, el art. 13, punto 5, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con su artículo 14, punto 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que la parte perjudicada que dispone de acción directa contra el asegurador del autor del daño que ha sufrido no está vinculada por un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre el asegurador y el autor citados.

Desestimación de una declinatoria internacional al haber sido impuesta la cláusula de sumisión por la parte “predominante”

Resultado de imagen de cláusulas abusivas

El Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Moncada de 10 de mayo de 2017 desestima una declinatoria internacional basada en la existencia de una cláusula de sumisión a la jurisdicción de los tribunales extranjeros, en concreto al Tribunal del Distrito Norte de California o a un Tribunal Estatal del Condado de San Mateo, California. Entiende en Juzgado que pese al carácter de persona jurídica de la demandante no le impide invocar la aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y con base a esa norma cuestionar la validez de esa cláusula 15.1 que impuesta por la parte “predominante” en ese relación, una red social con incuestionable trascendencia mundial dado los millones de personas que hacen uso de la misma, obliga a quién con ella contratan, sea persona física o jurídica, a someterse a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos, lo que desde un punto de vista práctico dificulta o limita de forma significativa el derecho a la tutela judicial efectiva de esos usuarios, sean personas físicas o profesionales que, como en este caso, pretenden utilizar la proyección comercial que puede suponer la presencia en ese red y que, como sostiene la demandante, pueden verse perjudicadas en su imagen pública en su imagen publicitaria y prestigio comercial por las decisiones que pueden adoptarse por la demandada. Ese coste desproporcionado que supondría para el demandante tener que presentar una demanda en los Estados Unidos para interesar, entre otros pronunciamientos una condena al pago de 6000€ es claramente contrario a lo dicho por el Tribuna Constitucional en la Sentencia 61/2000 que cita la parte actora.