Competencia de los tribunales españoles con respaldo en el fuero electivo a favor del consumidor demandante (SAP Tenerife 26 septiembre 2019)

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Cuarta, de 26 de septiembre de 2019 confirma la sentencia de instancia que estimó sustancialmente la demanda y declaró la nulidad del contrato celebrado entre las partes el día 23 de octubre de 2012 por el que los actores adquirieron de la demandada, por un precio de 36.599 libras esterlinas, 1.888 puntos fraccionales que quedaban depositados en un sistema de intercambio que les otorgaban el derecho ‘a reservar vacaciones en resorts de todo el mundo’ en los términos establecidos en el propio contrato. De acuerdo con la Audiencia, «los actores son personas físicas de nacionalidad Inglesa, y con domicilio en Reino Unido. La norma aplicable a la competencia Judicial internacional, es el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, aplicable desde el 10 de enero de 2015. La materia objeto de la demanda está comprendida en la materia civil que recoge el artículo 1 del Reglamento. No concurre ningún supuesto de competencia exclusiva, al ser objeto del contrato la materia prevista en la Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio. Esta materia no es ninguna de las comprendidas en el art. 24 del Reglamento que regula las competencias exclusivas, y no puede considerarse el objeto del contrato como un derecho real inmobiliario ni como un arrendamiento de bienes inmuebles de los contemplados en el apartado 1) del referido art. 24. La sección 4ª del Capítulo I del Reglamento, dedicado a la competencia en materia de contratos celebrados con consumidores, establece en su artículo 18 lo siguiente: ‘…». Se establece, en consecuencia, un fuero electivo a favor del consumidor demandante, que podrá presentar su demanda ante el Estado miembro en el cual esté domiciliada la parte demandada, como es el presente caso. La alegación de la parte apelada de ser otra entidad mercantil la contratante será una cuestión de legitimación pasiva relativa al fondo del asunto que no impide considerar para determinar la competencia, que la parte efectivamente demandada en autos tiene su domicilio en España. El art. 19 del Reglamento regula la posibilidad de pactos de sumisión expresa, con carácter restrictivo, estableciendo: ‘…». Claramente, la condición «S» del documento Términos y Condiciones del Contrato, no cumple con lo establecido en este artículo, al no estar en ninguno de los supuestos determinados en el mismo. Además, el art. 25.4º del Reglamento, establece lo siguiente: ‘…’. En atención a lo expuesto, la cláusula de sumisión expresa invocada no puede surtir efecto, de tal manera que el consumidor conserva el fuero electivo que le otorga el art. 18.1º del Reglamento, siendo competentes los Tribunales Españoles para conocer de la demanda, y territorialmente también los Juzgados de Arona, al corresponderse con el domicilio de la entidad demandada. Procede la estimación del recurso, la revocación de la resolución recurrida, la desestimación de la declinatoria y la declaración de la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles para el conocimiento del litigio, ordenando su continuación por los cauces previstos en la LEC (…) Con base en esos mismo argumentos, que esta Sección se encuentra obligada a seguir en virtud del principio de unidad de doctrina que es expresión, a su vez, del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley ( art. 14 de la Constitución Española) procede desestimar la alegación previa formulada».

Vid. en la misma dirección Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Cuarta, de 26 de julio de 2019.

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