El lugar de residencia de un menor no viene determinado por el lugar en el que temporalmente realiza sus estudios en un litigio sobre modificación de medidas (AAP Barcelona 12ª 16 noviembre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 16 de noviembre de 2020 estima el recurso de apelación interpuesto frente a un auto sobre modificación de medidas, declarando a competencia de dicho juzgado para conocer de la demanda origen de las presentes actuaciones. El razonamiento de la Audiencia es como sigue.

“(…) Con carácter general y antes de analizar el contenido de la demanda y la concurrencia de los puntos de conexión necesarios para determinar la Jurisdicción española y la Competencia de los Juzgados de … es preciso hacer una reflexión general en relación a la normativa aplicable. Como reiteradamente ha señalado esta Sala es preciso diferenciar situaciones procesales cuando las partes son nacionales y ambos, y especialmente los menores, residen en España (en cuyo caso las normas de competencia están sujetas a la normativa procesal española, LOPJ y LEC), de aquellas otras en las que concurre un punto de conexión internacional y en las que de forma directa o indirecta hay que dar entrada a la ley de cooperación jurídica internacional, Ley 29/2015 de 30 de julio, o a los convenios internacionales y, en nuestro caso, a la normativa comunitaria, gozando ésta de prevalencia, dando lugar a un auténtico derecho procesal diferenciado y que se aplica sobre la norma procesal interna por el Juez español en su condición de Juez Europeo. En la demanda de Modificación de Medidas origen de las presentes actuaciones solicitaba la ahora recurrente se dejara sin efecto el régimen de visitas de la menor con su padre, y solicitaba también el incremento de la pensión alimenticia que se impuso al padre al haber aumentado las necesidades de la hija. En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una reclamación relativa a la responsabilidad parental, siendo de aplicación el Reglamento (CE) 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003. Y ello por ser aplicable este Reglamento a casos de Derecho civil en los que haya más de un país implicado y sean relativos, entre otras, a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental (art. 1.2º.b del Reglamento). La responsabilidad parental se define en el art. 2 del Reglamento como “los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor. El término incluye, en particular, los derechos de custodia y visita”. La reclamación de reducción del régimen de visitas entra dentro del ámbito del convenio. Y a esta reclamación se une una reclamación de alimentos y por tanto aplicable el Reglamento n° 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, el cual en su art. 3.1º dispone que “Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros: d) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa a la responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes”. Deberá determinarse por tanto la competencia para conocer de la demanda sobre responsabilidad parental al ser la reclamación de alimentos accesoria a aquella (…). Para determinar la competencia para conocer de la demanda sobre responsabilidad parental es preciso acudir a los arts. 8 ss del Reglamento 2201/2003, y en el caso que nos ocupa el art. 8.1º establece que “los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto del menor que resida habitualmente en dicho Estado en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional”. Con ello el Reglamento pretende que el litigio sea solventado por aquel tribunal que esté en mejor condición para hacerlo respetando el interés superior del menor, y en este caso el Reglamento considera que lo es el más próximo físicamente a él. Esto es, el del lugar de su residencia. El auto recurrido concluye que puesto que la menor realiza sus estudios en Rumanía es este país su lugar de residencia. Sin embargo, como reiteradamente se ha establecido por esta Sala el lugar de residencia de un menor no viene determinado por el lugar en el que temporalmente realiza sus estudios. Estos estudios no implican el cambio de residencia que vendrá constituido por el lugar en el que lo hace su núcleo familiar, en este caso el lugar en el que reside con su madre, eso es, …. A ello debe añadirse que actualmente la menor ya no realiza sus estudios en Rumanía, residiendo en España con su madre en el domicilio designado en la demanda, tal y como consta en el certificado de empadronamiento acompañado con el recurso de apelación. Debe por tanto declararse de competencia de los tribunales españoles para conocer de la demanda origen de las presentes actuaciones, en concreto los Juzgados de … donde residen la demandante y su hija”.

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