Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Mongolia

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El BOE de 2 de diciembre de 2017 publica el Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Mongolia, por otra, hecho en Ulán Bator el 30 de abril de 2013. Con objeto de reforzar sus relaciones bilaterales, las Partes se comprometen a mantener un diálogo global y a promover una mayor cooperación entre ellas en todos los sectores de interés mutuo. Sus esfuerzos estarán dirigidos, en particular, a: a) establecer una cooperación en asuntos políticos y económicos en todos los foros y organizaciones regionales e internacionales competentes; b) instaurar una cooperación para la lucha contra los delitos graves de alcance internacional; c) establecer una cooperación en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y de armas pequeñas y armas ligeras; d) desarrollar el comercio y la inversión entre las Partes en beneficio mutuo; establecer una cooperación en todos los ámbitos de interés común relacionados con el comercio y la inversión, con el fin de facilitar los flujos comerciales y de inversión y prevenir y eliminar los obstáculos al comercio y la inversión; e) establecer una cooperación en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad que abarque el Estado de Derecho y la cooperación jurídica, la protección de datos, la migración, el contrabando y la trata de seres humanos, la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo, la delincuencia transnacional, el blanqueo de capitales y las drogas ilícitas; f) instaurar una cooperación en todos los demás sectores de interés mutuo, particularmente en los ámbitos de la política macroeconómica y los servicios financieros, la fiscalidad y las aduanas, incluida la buena gobernanza en el ámbito fiscal, la política industrial y las pequeñas y medianas empresas (PYME), la sociedad de la información, el sector audiovisual y los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología, la energía, el transporte, la educación y la cultura, el medio ambiente y los recursos naturales, la agricultura y el desarrollo rural, la sanidad, el empleo y los asuntos sociales y las estadísticas; g) incrementar la participación de ambas Partes en los programas de cooperación subregional y regional abiertos a la participación de la otra Parte; h) fortalecer el papel y la imagen de cada una de las Partes en la región de la otra; i) promover el entendimiento entre los pueblos a través de la cooperación entre distintas entidades no gubernamentales, tales como grupos de reflexión, universidades, la sociedad civil y los medios de comunicación, en forma de seminarios, conferencias, interacción entre los jóvenes y otras actividades; j) promover la erradicación de la pobreza en el contexto del desarrollo sostenible y de la integración paulatina de Mongolia en la economía mundial.

Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa

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El BOE de 1 de diciembre de 2017 publica el Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa, hecho en Bayona el 22 de junio de 2015, en el marco del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Portugal el 22 de noviembre de 1977, con el objeto de actualizar el marco jurídico de las relaciones bilaterales en el ámbito de la Defensa en el convencimiento de que una cooperación fuerte y consistente entre los dos Estados, unidos históricamente por la amistad y la integración en los mismos espacios comunes de Seguridad y Defensa, servirá a los fines de estabilidad, paz y seguridad internacional. El art. 8 incluye  las disposiciones en materia jurisdiccional y disciplinaria disponiendo, entre otras cosas , que “las autoridades del Estado receptor ejercerán su jurisdicción sobre los miembros de la Fuerza o del elemento civil, así como sobre las personas a su cargo, en lo relativo a las infracciones cometidas en el territorio de ese Estado y que sean sancionables según su legislación”.

El órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos

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El Boletín Oficial del Estado de 7 de octubre de 2017 publica el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. De acuerdo con esta disposición, el art. 285.2º del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactado como sigue: “2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”.

Declaración de la Comisión sobre los acontecimientos en Cataluña

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Bruselas, 2 de octubre de 2017

Según la Constitución española la votación de ayer en Cataluña no fue legal.

Para la Comisión Europea, tal y como el Presidente Juncker ha reiterado repetidamente, este es un asunto interno de España, que hay que abordar de conformidad con el ordenamiento constitucional de España.

Reiteramos asimismo la posición jurídica mantenida por esta Comisión, así como por sus predecesoras. Si un referéndum se organizara en consonancia con la Constitución española, ello significaría que el territorio que se saliera se encontraría fuera de la Unión Europea.

Más allá de los aspectos puramente jurídicos de este asunto, la Comisión considera que son tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y la fragmentación.

Hacemos un llamamiento a todos los actores pertinentes para que avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política. Confiamos en el liderazgo del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy para gestionar este difícil proceso dentro del pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados

Galería de necios e incompetentes

Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña

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Los profesores Paz Andrés Sáenz de Santa María, Gregorio Garzón Clariana, Araceli Mangas Martín, Xavier Pons Rafols, Antonio Remiro Brotóns, Alejandro del Valle Gálvez y Rafael Arenas García, miembros de la Asociación,” han elaborado una “Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña”, que se reproduce más abajo y que queda abierta a la suscripción de los miembros de la AEPDIRI que quieran adherirse a ella hasta las 23.59 horas del día 24 de septiembre de 2017. Para ello debe pincharse aquí.

Texto de la Declaración

 

El profesor José Carlos Fernández Rozas elegido miembro del Institut de Droit International en su sesión de Hyderabad (2017)

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El 9 de septiembre de 2017, en la sesión de Hyderabad del Institut de Droit International ha sido nombrado Miembro de la institución el profesor José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Fernández Rozas había sido elegido Asociado del Instituto en la Sesión de Rhodas (2011).

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Acceso de los órganos de la jurisdicción militar a los mecanismos de cooperación judicial internacional

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Al fondo, miembros de la Comisión Permanente del CGPJ

EL BOE de 16 de agosto de 2017 publica la Resolución 420/38203/2017, de 28 de julio, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, para facilitar a los órganos de la jurisdicción militar el acceso a medios y servicios y en otras áreas de interés común. Dicha Resolución contempla la colaboración en materia de cooperación judicial internacional, “facilitando a los Juzgados y Tribunales Militares el acceso a los medios del Consejo General del Poder Judicial en esta materia”. En concreto, ” el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Servicio de Relaciones Internacionales, pondrá a disposición de la jurisdicción militar su estructura de cooperación judicial internacional, incluyendo la Red Judicial Española, la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea, la Bolsa Internacional de Consultores, y la red iberoamericana IberRed. De la misma forma, los órganos judiciales ordinarios tendrán acceso a los medios de auxilio internacional con los que cuenta la jurisdicción militar”.