En su reportaje Volando demasiado cerca del sol (14 de enero de 2026), Natasha Doris analiza la prolongada serie de arbitrajes iniciados contra España tras la reforma de su régimen de incentivos a las energías renovables, una controversia que durante más de quince años ha marcado la evolución del arbitraje inversor-Estado en Europa.

El conflicto se originó a raíz del decreto aprobado en 2007, que introdujo un sistema de tarifas reguladas (FIT) destinado a atraer inversión extranjera en el sector solar. El régimen impulsó un crecimiento extraordinario —España llegó a concentrar aproximadamente la mitad de las nuevas instalaciones solares mundiales en 2008—, pero la crisis financiera y el creciente déficit regulatorio llevaron al Estado a desmantelar los incentivos, generando miles de millones de dólares en reclamaciones arbitrales.

Un punto de inflexión se produjo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Achmea (2018) y Komstroy, que cuestionaron la validez del arbitraje inversor-Estado en disputas intracomunitarias. Heidi Walsh, socia de arbitraje internacional en Howard Kennedy, considera que la decisión Achmea supuso un importante alivio para España, al ofrecer argumentos jurídicos para resistir la ejecución de numerosos laudos, aunque también introdujo un elevado grado de inseguridad para los inversores extranjeros.

Por su parte, Pedro Claros, socio de arbitraje internacional en Fieldfisher, sostiene que la controversia refleja un auténtico choque entre el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea. Destaca especialmente la estrategia de la Comisión Europea de calificar determinados laudos como ayudas estatales incompatibles, lo que ha permitido bloquear pagos y reforzar la posición del Estado en varios procedimientos.

La ejecución de los laudos ha sido dispar según la jurisdicción. Algunos tribunales europeos han rechazado la ejecución apoyándose en la doctrina Achmea, mientras que otros, como en el caso británico Infrastructure Services Luxembourg v Spain, han desestimado los argumentos españoles. Fuera de la Unión, el pago en junio de 2025 de 32 millones de euros al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments evidenció que el enfoque puede variar significativamente en función del foro.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha sido el foro preferido por muchos inversores, aunque la obtención de un laudo favorable no garantiza su ejecución efectiva. La diversidad de respuestas judiciales confirma que cada jurisdicción aplica sus propias reglas procesales y principios de orden público.

La saga permanece abierta. España y la Comisión Europea continúan defendiendo su posición, incluso con la posibilidad de nuevas instancias en Estados Unidos. Claros advierte de que esta estrategia puede afectar la percepción de la Unión Europea como entorno seguro para la inversión en energías renovables, en un momento en que otros destinos resultan cada vez más atractivos.

El reportaje muestra cómo los arbitrajes solares españoles se han convertido en un laboratorio jurídico de primer orden, con consecuencias duraderas para el equilibrio entre soberanía regulatoria, protección de inversiones y coherencia normativa dentro de la Unión Europea.