Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Adopción Internacional

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El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el Acuerdo adoptado por el Pleno en su reunión del día 25 de enero de 2018, por el que se ha aprobado el Informe sobre el proyecto de Real Decreto sobre adopción internacional. De acuerdo con el Consejo “si bien el Reglamento proyectado se mueve dentro del marco legal habilitante, se aprecia, sin embargo, que no agota el desarrollo reglamentario que autoriza la Disposición final decimoctava de la Ley 26/2015, siendo posible incidir en otros aspectos que no aborda el Reglamento, como la forma de hacer efectivo el derecho a conocer los orígenes biológicos mediante el asesoramiento, la ayuda y la mediación de los servicios especializados de la Entidad Pública, los organismos acreditados o entidades autorizadas para tal fin, y de llevar a cabo la correlativa obligación de las Entidades Públicas –y no solo los organismos acreditados- de asegurar la conservación de la información relativa a los orígenes del adoptando, en particular la información respecto de la identidad de sus progenitores, así como la historia médica del niño y de su familia. Al mismo tiempo, se aprecia la necesidad de perfilar mejor el marco de colaboración y cooperación de las Entidades Públicas así como sus funciones de coordinación en aquellos ámbitos en los que dichas funciones se contemplan, como sucede a la hora de fijar los criterios homogéneos de valoración de la idoneidad de los adoptantes (art. 10.2º, in fine, LAI), o los criterios homogéneos conforme a los cuales ha de llevarse a cabo la actividad de control, inspección o seguimiento de los organismos acreditados respecto de las actividades que desarrollen en el territorio de cada Comunidad Autónoma (art. 7.3º LAI)”.

Acceso de los órganos de la jurisdicción militar a los mecanismos de cooperación judicial internacional

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Al fondo, miembros de la Comisión Permanente del CGPJ

EL BOE de 16 de agosto de 2017 publica la Resolución 420/38203/2017, de 28 de julio, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, para facilitar a los órganos de la jurisdicción militar el acceso a medios y servicios y en otras áreas de interés común. Dicha Resolución contempla la colaboración en materia de cooperación judicial internacional, “facilitando a los Juzgados y Tribunales Militares el acceso a los medios del Consejo General del Poder Judicial en esta materia”. En concreto, ” el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Servicio de Relaciones Internacionales, pondrá a disposición de la jurisdicción militar su estructura de cooperación judicial internacional, incluyendo la Red Judicial Española, la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea, la Bolsa Internacional de Consultores, y la red iberoamericana IberRed. De la misma forma, los órganos judiciales ordinarios tendrán acceso a los medios de auxilio internacional con los que cuenta la jurisdicción militar”.

El CGPJ propone articular un procedimiento judicial completo para resolver las reclamaciones contra las transferencias internacionales de datos personales

Resultado de imagen de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el 26 de julio de 2017, por unanimidad, el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, cuyo objetivo es adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y que debe entrar en vigor el 25 de mayo de 2018. El texto analiza diversos preceptos del anteproyecto –en concreto, siete artículos, una disposición adicional y una disposición final- que contienen normas procesales o que afectan al CGPJ en tanto que autoridad de protección de datos en relación con los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales o en su calidad de órgano constitucional en cuya actividad debe observar la normativa en materia de protección de datos personales. En el documento, se señala, no obstante, que dado que la regulación proyectada concierne al derecho fundamental a la protección de los datos personales que consagra el art. 18.4 de la Constitución y, por tanto, incide en aspectos jurídico-constitucionales de la tutela de tal derecho, el informe no debería limitarse a los preceptos señalados. El punto central del informe es el relativo a la disposición adicional quinta del anteproyecto, relativa a la autorización judicial en materia de transferencias internacionales de datos, que prevé el trámite que se dará a la reclamación que un afectado cuyos datos personales hayan sido o pudieran ser transferidos a un tercer país –no comunitario, pero que haya sido declarado con nivel adecuado de protección por la Comisión Europea- presente ante la Agencia Española de Protección de Datos por considerar que el tratamiento de datos personales infringe el Reglamento 2016/679. El anteproyecto prevé que, en caso de que la AEPD considere fundada la reclamación, deberá dirigirse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional pidiendo autorización para declarar contraria a Derecho la transferencia internacional de datos. La Audiencia Nacional plantearía entonces una cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría declarar inválida la decisión de la Comisión Europea. En su informe, el CGPJ sugiere mejoras técnicas en línea con el Derecho alemán y considera que sería más adecuado que la Ley Orgánica contemplara “la completa configuración de un procedimiento judicial desde el cual se va a entablar el diálogo prejudicial, a raíz de la solicitud de la decisión judicial formulada por la autoridad de control que conoce de la reclamación, y cuya resolución depende de la validez de la decisión de la Comisión”.