El Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho 2025 – Capítulo de España  retrata una situación de reformas parciales, omisiones relevantes y falta de impulso estructural, que compromete la calidad del Estado de Derecho en España y exige, en términos institucionales, una respuesta más coherente y sistemática por parte del Gobierno.

Panorama general

En España, el Consejo del Poder Judicial se renovó tras un diálogo estructurado celebrado en 2024 con la Comisión Europea, y se adoptaron determinadas medidas para avanzar en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus jueces miembros. El nuevo Consejo del Poder Judicial está procediendo al nombramiento de los altos cargos judiciales. Se han adoptado algunas medidas y otras están en curso para modificar el estatuto del Fiscal General, y algunas partes interesadas han expresado opiniones críticas sobre la reforma. También se han adoptado nuevas medidas en relación con el régimen de incompatibilidades de los jueces y fiscales. Se ha aprobado una ley sobre el derecho a la defensa y se ha reforzado el marco de la asistencia jurídica gratuita. Se están aplicando nuevas medidas para mejorar la digitalización de la justicia y hacer frente a los retos relacionados con los recursos del sistema judicial. Actualmente se están produciendo protestas de jueces y fiscales que reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas para el poder judicial. La duración de los procedimientos, en particular en el Tribunal Supremo, sigue siendo un reto y se han adoptado nuevas medidas para mejorar la situación.

El Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia global para prevenir y combatir la corrupción, pero aún no se ha comenzado a trabajar en ella. Se está trabajando en la revisión del Código de Procedimiento Penal y se han destinado más recursos para reducir la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos de los casos de corrupción de alto nivel, mientras que el nivel de aplicación de la legislación sobre soborno en el extranjero sigue siendo bajo. La cooperación entre las diferentes autoridades en la lucha contra la corrupción sigue siendo buena y la eficacia del trabajo del Consejo de Transparencia y Buena Gobernanza ha mejorado a pesar de las limitaciones de recursos. También se han dado algunos pasos iniciales para reforzar las normas sobre conflictos de intereses de las personas que ocupan altos cargos ejecutivos. Se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para regular el lobbying y reforzar la independencia y las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses. Sin embargo, no se han adoptado nuevas medidas para mejorar las normas sobre conflictos de intereses de los funcionarios públicos en las diferentes administraciones.

El regulador audiovisual se está preparando para las nuevas funciones de supervisión. Se ha modificado la Ley de radio y televisión públicas para cambiar la composición del consejo de administración y su sistema de elección, otorgando más competencias a su presidente. La transparencia de la propiedad de los medios de comunicación distintos de los servicios audiovisuales, las plataformas de intercambio de vídeos y los influencers sigue siendo motivo de preocupación, a la espera de la adopción del proyecto de Ley de Servicios Digitales y Medios de Comunicación, que prevé la creación de un registro público de medios de comunicación supervisado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), mientras que el marco jurídico de la publicidad institucional sigue sin modificarse, a pesar del aumento del número de campañas. No se han registrado nuevos avances en relación con la recomendación de reforzar el acceso a la información, a la espera de la adopción de nueva legislación. A pesar de las medidas previstas en las propuestas legislativas en curso, los periodistas siguen enfrentándose a retos cada vez mayores en materia de condiciones de trabajo y seguridad.

El Tribunal Constitucional español declaró compatible con la Constitución la Ley de Amnistía. Se han presentado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitudes de decisión prejudicial en relación con la Ley de Amnistía. Se están tomando iniciativas para promover una cultura del Estado de Derecho, se ha creado un nuevo organismo para la igualdad y se han realizado varios nombramientos en autoridades y organismos independientes. Se ha presentado un proyecto de ley para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de responder a las preocupaciones planteadas anteriormente por las partes interesadas.

Avances

En general, en relación con las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho de 2024, España ha realizado:

• Algunos avances adicionales en el refuerzo del estatuto del Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía del Ministerio Público.
• Avances significativos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en la continuación del proceso para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial.
• Algunos avances en la adopción de legislación sobre el lobbying, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de los grupos de interés.
• Algunos avances adicionales en la intensificación de los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, con el fin de aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, entre otras cosas mediante la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Penal.
• Algunos avances en el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses y declaración de bienes de las personas que ocupan altos cargos ejecutivos, entre otras cosas mediante el refuerzo de la independencia y la facultad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses. • No se han registrado nuevos avances en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.

Críticas relevantes

Estas críticas se detallan a continuación de forma sintética:

1. Falta de avances en acceso a la información

• No se ha reformado la Ley de Secretos Oficiales de 1968, a pesar de recomendaciones reiteradas y compromisos asumidos.
• El marco legal sigue sin adaptarse a los estándares europeos sobre acceso a documentos públicos.
• Se mantiene una deficiencia estructural en transparencia institucional, especialmente en la publicidad de reuniones con grupos de interés y en el uso de la publicidad institucional.

2. Retrasos en la estrategia nacional anticorrupción

• Aunque legalmente obligada desde septiembre de 2024, la estrategia nacional contra la corrupción aún no se ha iniciado.
• El informe señala que la fragmentación de planes sectoriales sin un marco común genera falta de coordinación y eficacia limitada.
• Se destaca la baja aplicación de la legislación sobre soborno en el extranjero, con apenas dos condenas desde 2016.

3. Debilidades en el estatuto del Fiscal General

• La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ha sido objeto de críticas de asociaciones judiciales y fiscales, que advierten sobre riesgos para la independencia del Ministerio Público.
• Se cuestiona la acumulación de poder en la figura del Fiscal General, sin suficientes contrapesos internos.
• La Fiscalía General del Estado está actualmente inmersa en procedimientos judiciales por filtraciones de información confidencial, lo que compromete su credibilidad.

4. Falta de independencia en medios públicos y publicidad institucional

• El Gobierno reformó por decreto la Ley de RTVE, reduciendo el umbral parlamentario para renovar la dirección, lo que ha sido interpretado como una forma de politización de la radiotelevisión pública.
• Persisten altos niveles de riesgo en la transparencia de la propiedad de medios y escasa rendición de cuentas en el uso de fondos de publicidad institucional, con críticas sobre su uso para influir en medios.

5. Prolongación de procesos judiciales y recursos insuficientes

• La duración de los procedimientos, especialmente en el Tribunal Supremo, sigue siendo excesiva (691 días en promedio).
• El número de jueces por habitante está entre los más bajos de la UE.
• Aunque se han incrementado las remuneraciones, las asociaciones judiciales siguen protestando por insuficiencias estructurales y falta de inversión real en medios humanos y materiales.

6. Insuficiente protección a periodistas y deterioro del espacio cívico

• Se reportan numerosos ataques e intimidaciones a periodistas, incluso procedentes de cargos públicos.
• Continúan las prácticas de bloqueo informativo en ruedas de prensa y limitaciones a determinadas preguntas o medios.
• La ley de protección profesional del secreto periodístico sigue pendiente, y las organizaciones periodísticas denuncian un entorno cada vez más hostil.

7. Estancamiento en la reforma sobre conflictos de interés

• No se ha avanzado en la regulación de conflictos de interés para empleados públicos, pese a que lleva pendiente desde 2021.
• El organismo encargado, la Oficina de Conflictos de Intereses, carece de autonomía real, no tiene acceso a datos fiscales y sus poderes sancionadores son limitados.

 

Estas críticas revelan una situación marcada por reformas parciales, demoras significativas y tensiones institucionales, que afectan tanto a la confianza en la independencia judicial como a la calidad democrática del sistema español.

Recomendaciones

Sobre esta base, y teniendo en cuenta otros acontecimientos que han tenido lugar durante el período de referencia, además de recordar los compromisos pertinentes contraídos en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia y las recomendaciones específicas por país pertinentes en el marco del Semestre Europeo, se recomienda a España que:

 

• Continúe los esfuerzos en curso para reforzar el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía del Ministerio Público.
• Impulse el proceso con vistas a adaptar el procedimiento de nombramiento de los jueces miembros del Consejo del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial. • Proseguir el procedimiento en curso para adoptar legislación sobre el lobbying, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de los grupos de interés.
• Redoblar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, a fin de aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, entre otras cosas completando la reforma del Código de Procedimiento Penal.
• Impulsar el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y la declaración de patrimonio de las personas que ocupan altos cargos ejecutivos, entre otras cosas reforzando aún más la independencia y la facultad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses.
• Avanzar en el refuerzo del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.