El art.  45 de la Ley de Arbitraje únicamente prevé la suspensión de la ejecución en relación con la demanda de anulación

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta, de 28 de septiembre de 2017 da por reproducidas las consideraciones vertidas por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la sentencia de  4 de febrero de 2016 , que analiza con suficiencia el magistrado de instancia y en la que se concluye que el conflicto que se enjuicia es susceptible de ser sometido a arbitraje, lo que determina la competencia de la jurisdicción civil. Queda así refrendada la plena validez de los laudos, por lo que ya no resulta aplicable la previsión del art. 45.1º LA, sino las de los artículos 43 y 44 de ese cuerpo legal (cosa juzgada del laudo y ejecutabilidad conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Declara la Audiencia que “el art.  45 LA únicamente prevé la suspensión de la ejecución en relación con la demanda de anulación. No contempla un supuesto en que se plantea esta especie de conflicto de jurisdicción que se suscita en este caso. En particular la suspensión de la ejecución no está asociada a los supuestos en los
que los órganos de la jurisdicción social mantienen que la materia que ha sido objeto del arbitraje es de su competencia. Es una medida para la que no se cuenta con base legal. Es irrelevante la circunstancia de que, de dejarse sin efecto finalmente los laudos por no considerarse arbitrable la materia, G.E.S., S.L. pueda no disponer de medios económicos para resarcir de los daños y perjuicios. Ninguna norma legal autoriza la suspensión de la ejecución por la eventual incapacidad de la ejecutante para indemnizar ante un supuesto semejante”.

El cuestionamiento de los aspectos de fondo del laudo arbitral está vedado en el proceso de ejecución

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 10 de mayo de 2017 desestima el recurso de impugnación contra un auto dictado  por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral del Tribunal Arbitral de Barcelona. La Audiencia considera, entre otras cosas, que “con independencia de que con el recurso de la referida parte ejecutada se incida en cuestionar aspectos de fondo del Laudo que quedarían vedados en la presente ejecución atendido que el procedimiento arbitral es un instrumento de resolución de conflictos en única instancia, lo que se cohonesta con el carácter extraordinario en que se configura en el art. 41 de la Ley de Arbitraje , lo cierto es que no cabe duda alguna de que la condena del laudo lo fue con carácter solidario”.

Conferencia de José Carlos Fernández Rozas en el Max Planck Institute for Procedural Law de Luxemburgo el 4 de octubre de 2017 sobre el laudo arbitral

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En el marco de las Max Planck Lecture Series, que organiza el Max Planck Institute for Procedural Law de Luxemburgo, intervino bajo la presidencia de su director, Prof. Dr. Burkhard Hess, el profesor José Carlos Fernández Rozas con el tema “La sentence arbitrale: quelques réflexions sur la délibéré, la collégialité, la motivation et le respect de l’arbitre de se conformer à sa mission”. A continuación tuvo lugar un animado coloquio entre los asistentes.

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El deudor puede oponerse al reconocimiento de un laudo extranjero pero si no lo hace, el crédito derivado del mismo ha de reconocerse con todos los derechos que corresponden a su titular en el concurso

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 12 de julio de 2017 declara que “Un laudo arbitral (…) es un título que lleva aparejado ejecución. En el caso de un laudo arbitral extranjero, como es el caso de la Cámara de Comercio Internacional de París, de acuerdo con lo establecido en el art. 523.1 LEC “se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional”. En el mismo sentido el art. 46.2 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje establece que (…). Es conveniente aclarar que en el caso del concurso, la competencia para el reconocimiento del laudo extranjero corresponde al juez del concurso, conforme lo previsto en el art. 44 de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil”.

Inadmisión a trámite de la ejecución de un laudo arbitral al considerar que en la notificación del laudo no se advirtió una actividad o “indagación razonable”

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Collado Villalba dictó un auto inadmitiendo a trámite de la ejecución del laudo arbitral por no aportarse los documentos que acreditaban, al amparo de lo dispuesto en el artículo 550.1º LEC , la notificación del laudo arbitral a la parte demandada. Posteriormente dicho Juzgado desestimó un recurso de reposición interpuesto contra el mismo. El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, de 2 de junio de 2017, desestimó, a su vez, el posterior recurso de apelación,  partiendo de la interpretación del art. 5º LA, al considerar que de la documentación aportada ” por la parte apelante, a fin de acreditar la notificación del Laudo, no se advierte una actividad o ‘indagación razonable’ en orden a intentar la comunicación electrónica, sobre la que nada había que descubrir porque ya había sido pactada expresamente, y que no consta intentada tal y como se preveía. Y
ello atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5.a) LA”.

No puede utilizarse el cauce del incidente de oposición a la ejecución de un laudo para formular causas de anulación

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El Auto de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, de 16 de marzo de 2017, a desestima un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia que declaró procedente la ejecución de un laudo arbitral. Considera la Audiencia que “la forma de atacar a un laudo arbitral es a través el procedimiento de anulación del laudo previsto en el Título VII [De la anulación y de la revisión del laudo] de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, arts. 40 ss, recogiendo el art. 41 de dicha Ley las causas o motivos de anulación, por lo que esta Sala considera que no puede utilizarse el cauce del incidente de oposición a la ejecución del laudo para formular causas de anulación, no sólo porque se trataría de un cauce inadecuado que atentaría contra el principio de legalidad procesal, por existir uno legalmente establecido, sino porque se alteraría incluso la competencia objetiva que viene atribuida por dicha Ley (art. 8.5º) a los Tribunales Superiores de Justicia. Ello no empece a que, efectivamente, cuando se aprecie una causa que atente contra el “orden público” deba actuarse en consecuencia y denegar la ejecución. Así sucede, v.gr., en los supuestos en que pudiera apreciarse la existencia de cláusulas abusivas ignoradas en el laudo o cualesquiera otras contravenciones en el mismo que contravinieran los más elementales principios de justicia. Tal posibilidad vendría incluso amparada por lo dispuesto en el art.11.2º LOPJ . Obviamente, tampoco procederá el despacho en caso de que se hubiera resuelto y se pretendiera la ejecución de cuestiones no susceptibles de arbitraje sobre las que no existe libre disposición (lo cual es una manifestación más del orden público) o cuando se pretenda la ejecución de cuestiones no decididas en el laudo”.