Una manera curiosa de hacer ejecutar un laudo arbitral ante la jurisdicción ordinaria (SAP Cádiz 2ª 29 septiembre 2020)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Segunda, de 29 de septiembre de 2020) estima el recurso de apelación sostenido contra la sentencia de 12 de marzo del dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cádiz, revocando dicha decisón. In casu Dª Eulalia, tras vencer en el procedimiento arbitral, lo intentó según parece inicialmente a través de demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad (se supone que la ahora interesada) de la entendió el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cádiz, el cual la inadmitió con dudoso criterio ad limine litis. Y es que consideró que dado que el laudo arbitral es título ejecutivo ( art. 517.1.2º LEC) debía acudir a los trámites de su ejecución expresamente previstos en el art. 44 de la Ley de Arbitraje (» La ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en este título»). No parece que ello sea necesariamente así. Disponer de un título de ejecución facilita al acreedor la percepción de su crédito, pero no parece que la única tutela que pueda instar sea la ejecutiva y que quede obligado ineludiblemente a ello, sino que sigue disponiendo del catálogo de posibles tutelas previsto en los arts. 5 LEC y 24 CE, por costoso, inútil o innecesario que pueda en principio parecer. Seguidamente y haciendo caso de las indicaciones recibidas, la actora acudió a la ejecución del laudo ante el tribunal territorialmente competente a tenor de lo establecido en el art. 8.4 de la Ley de Arbitraje. Recayó su demanda en el Juzgado de Primera Instancia nº 101 de Madrid. Y este, a través de auto de 29 junio 2017, rechazó la demanda ejecutiva porque no se acompañaba al laudo, su notificación a las partes tal y como exige el art. 550.1º LEC. Tal resolución, ahora sí, es impecable en tanto que se limitó a exigir el cumplimiento de un requisito expresamente previsto en la Ley. Lo que no se entiende es que la representación letrada de la Sra. Eulalia no subsanara inmediatamente el defecto observado o tratara de subsanarlo, si fuera necesario, ante el tribunal arbitral. Sea como fuere, el camino ahora elegido que reproduce el primeramente empleado queda también abocado al fracaso. Y no porque procesalmente sea inviable, ya que la actora es muy libre de iniciar una acción declarativa de condena en la que asuma la carga de alegar y probar la corrección de los títulos que justifican su crédito. Al margen, eso sí, de su previo reconocimiento y declaración en procedimiento arbitral. Es ello lo que sugiere la norma incluida en el art. 552.3º LEC. Dando por supuesto que el referido auto de 29 junio 2017 quedó firme (extremo no alegado ni acreditado), la eventual falta de firmeza del laudo debido a su falta de notificación a alguna de las partes y la consiguiente inaplicabilidad del efecto preclusivo de la cosa juzgada material, situaría a la actora en el contexto de aquella norma y en la tesitura de ejercitar la acción ahora entablada. Lo que ocurre es quede nuevo aparece como obstáculo insalvable la cláusula arbitral previa. Es lo que la representación letrada del arrendatario demandado ha hecho valer en esta alzada como motivo de nulidad primero. Serían nulas, conforme a lo dispuesto en el art. 225.1º LEC, las actuaciones hechas con falta de jurisdicción, entre las que se incluyen las reservadas por las partes a arbitraje (art. 39 LEC). Y este es el caso de autos según se desprende de la referida adenda al contrato de arrendamiento. No disponemos de su texto, ya que del contrato solo aporta la actora una versión parcial, pero sí disponemos de una explícita referencia en el laudo arbitral ya dictado en cuyo antecedente de hecho 2º se detalla lo que sigue: «a tenor del artículo 9 de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, con fecha 5 de octubre de 2009 se suscribió Convenio Arbitral que obra anexo al contrato de arrendamiento, en virtud del cual las partes manifiestan su voluntad inequívoca de garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento, acordando expresamente el Convenio Arbitral y sus estipulaciones, sometiendo las posibles controversias derivadas del incumplimiento de dicho contrato a arbitraje de derecho conforme a la Ley 60/2003″. Siendo todo ello así, se antoja inviable que la Sra. Eulalia pueda ejercitar pretensión alguna derivada del incumplimiento del contrato litigioso al margen de aquella cláusula arbitral. De hecho así lo hizo, sin que conste la razón por la que no agotó tal instancia para satisfacer su crédito. Y tampoco acredita la imposibilidad de hacerlo en términos tales que le permitan eludir el compromiso arbitral para acudir a la jurisdicción ordinaria».

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