La actividad de valoración de la prueba corresponde con carácter exclusivo a los árbitros que conocen de la instancia arbitral y su revisión implicaría un conocimiento del fondo del asunto (STSJ Castilla La Mancha CP 1ª 22 marzo 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La mancja, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 22 de marzo de 2021 (ponente: Jesús Martínez-Escribano Gómez) desestima la demanda de nulidad del laudo arbitral dictado por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación del Consejo Regional de Economía Social de Castilla La Mancha. La argumentación es como sigue:

“(…) (E)l posible control judicial del laudo y su conformidad con el orden público no puede traer como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del derecho. Tampoco es una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia. Por consiguiente, debe subrayarse una vez más que si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público’. Con ello, y desde ya, queremos decir que no entramos a conocer de los motivos de fondo del arbitraje, que laten en el recurso y que han centrado, en esencia, la exposición del alegato de la vista: simulación o no del negocio jurídico que vincula a las partes; validez de la convocatoria y constitución del Asamblea General Extraordinaria de 16 febrero 2019 por falta de acreditación de la condición de socio; y validez del acuerdo de disolución. El laudo arbitral, de derecho, independientemente de su acierto –que no enjuiciamos–, se encuentra suficientemente motivado y no puede ser calificado de arbitrario, ilógico, absurdo o irracional.”

“(…) Sobre la inexistencia o invalidez del convenio arbitral. El primero de los motivos de la demanda, por inexistencia o invalidez del convenio arbitral, se encuentra tempranamente abocado al fracaso. No podemos desconocer que es la demandante quien inició el procedimiento arbitral, reconociendo la eficacia del convenio arbitral contenida en la disposición final segunda de los estatutos de la Cooperativa, por lo que ahora no puede ir contra sus propios actos; sería contrario a la buena fe procesal. Y precisamente por ello, por haber iniciado el procedimiento, se habría producido, en cualquier caso –incluso en el de concurrir vicios determinantes de su nulidad–, el efecto convalidante de la misma por falta de alegación previa en el plazo previsto conforme con el art.6 LA, conforme con el que se considera que renuncia a las facultades de impugnación del laudo arbitral la parte que conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de la propia ley o de algún requisito del convenio arbitral, no lo denunciare en el trámite previsto por el art.22 LA. Por otra parte, el motivo desconoce el principio de autonomía del convenio arbitral. Denunciando en la demanda exclusivamente la nulidad del negocio de constitución de la Cooperativa, por simulado, la validez y la eficacia del convenio arbitral es independiente de las referidas al contrato principal del que trae causa, de manera que es una figura cuyo régimen jurídico es diferente del contrato por el que surge. Ahonda este extremo el que el convenio arbitral pueda suscribirse respecto de una relación extracontractual. El art. 22.1º LA regula la potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia, incluso sobre la existencia o invalidez del convenio arbitral, afirmando en su inciso final que ‘La decisión de los árbitros que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral’; principio cuyo fundamento se halla en que el convenio arbitral es un pacto independiente del contrato principal y que sus efectos perduran aun cuando aquél ha dejado de producir efectos. Significativo es que precisamente muchos arbitrajes pueden surgir como consecuencia de la finalización de un determinado contrato; es por ello que ambos, convenio arbitral y contrato principal, emanan de dos declaraciones de voluntad diferentes, dirigidas a fines diversos: el contrato a regular las relaciones patrimoniales entre las partes, el convenio arbitral, a desplazar la jurisdicción, encomendando la resolución de los conflictos a los árbitros”.

“(…) Sobre la congruencia del laudo. Realmente escueto, como señala la demandada, es el fundamento de derecho de la demanda que ampara la pretensión de nulidad del laudo por la resolución de cuestiones no sometidas a la decisión del árbitro; limitándose el demandante señalar que ‘El árbitro entra a decidir sobre cuestiones tales como disposición de los inmuebles y la maquinaria, entrando en conflicto con la continuidad del socio trabajador, al que de facto se le impide trabajar’. El art.41.1º.c) LA dispone que el laudo podrá ser anulado cuando los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. Sin embargo, reiteradamente el Tribunal Supremo ha entendido que los árbitros pueden resolver no solo las cuestiones que han sido configuradas en el convenio sino también las que deban reputarse comprendidas en el mismo por una inducción necesaria de sus palabras o que sean una consecuencia lógica u obligada de las que se han planteado: la congruencia del laudo arbitral admite modulaciones pudiendo entender comprendidas en el convenio arbitral aquellas facetas de la cuestión que es sometida al conocimiento de los árbitros siempre que se encuentren íntimamente conectadas con la misma y sin las cuales la cuestión litigiosa quedaría resuelta de forma insuficiente o incompleta. En cualquier caso, conforme con el art.41.3º LA, la anulación afectaría sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no sometidas a decisión de los árbitros, siempre que puedan separarse de las demás. Basta la mera lectura del suplico de la demanda de arbitraje para desestimar el motivo de anulación ejercitado por la demandante. D. Eduardo pretendía del árbitro que declarara la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados en la Asamblea General extraordinaria de 16 de febrero de 2019, en concreto –f.3 vto. del expediente arbitral– dejando sin efecto los acuerdos adoptados y en particular revocar los acuerdos relativos a la constitución de la Asamblea, revocar los excesos de atribución al órgano liquidador y acordar la nulidad de cuantos acuerdos deriven del funcionamiento de la Cooperativa anulando cuantos actos parten de la liquidación; y entre los acuerdos adoptados en la Asamblea, el árbitro conoce de los relativos a la tenencia y depósito de las llaves para el acceso a las instalaciones, maquinarias, inmuebles y dependencias de V. y el cese como socio trabajador del demandante (punto segundo del orden del día de la Asamblea (…). No existe con ello la incongruencia alegada, considerando que la pretensión ejercitada comprendía también el pronunciamiento acerca de la validez o nulidad de los acuerdos adoptados. Finalmente, y por otra parte, de asumir el planteamiento de la demandante entraríamos en el fondo de lo resuelto por el árbitro, que queda vedado conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional anteriormente expuesta”.

“(…) Indefensión. orden publico. Tampoco es más extenso el alegato que sustenta la pretensión de nulidad del laudo arbitral por contrario al orden público, limitándose el demandante a decir que se le impidió aportar prueba pericial y testifical ‘acreditativas del alcance económico y fórmula económica del negocio simulado’, con vulneración de su derecho a ser oído, defensa y tutela judicial efectiva. Consta en el laudo arbitral que, efectivamente, la demandante propuso diferentes medios de prueba, denegando el árbitro la admisión de la ‘aportación del Informe pericial, que sí consta en autos al haber sido remitido por el actor a la Comisión previamente, por considerar que en nada afectaba al objeto del procedimiento y/o del suplico de la demanda’ y la testifical de D. Felix por considerar que ‘en nada podía ilustrar sobre unos hechos de los que en nada guarda relación, al no ser socio de V.’. Que frente a esta resolución el actor formuló recurso de reposición, interesando protesta a efectos de posible impugnación del laudo, que fue desestimado en el acto de la vista por impertinentes e inútiles. Existe por tanto una resolución arbitral suficientemente motivada que deniega la admisión de los medios de prueba que ahora sustenta la pretensión de nulidad; y, sin embargo, en la demanda nada justifica que dicha resolución fuera contraria a derecho, infundada o carente de motivación y causante de indefensión a la parte, a quien habría correspondido acreditar su relevancia en autos. Como dijimos en la Sentencia de 2 de marzo de 2016 (Rec 7/2015) el derecho a la prueba de las partes no resulta absoluto, viniendo limitado a aquélla que por útil resulta pertinente para fijar los hechos del debate sometidos por las partes a los árbitros; el art. 25 LA atribuye a los árbitros la potestad de decidir sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica y valoración y que aducir in genere, como causa de nulidad, la denegación de la práctica de un medio de prueba propuesto por la parte no es admisible; debería la demandante alegar qué o cuál indefensión se le produjo denegando su práctica y sólo del análisis de la misma en relación con el conjunto de lo actuado, cabría hipotéticamente anular el arbitraje por indefensión. Es más, examinados los informes periciales aportados con la demanda, uno –emitido por economista– tiene por objeto determinar el valor de las participaciones sociales del actor, a efectos de su transmisión e identificar posibles irregularidades en los estados financieros, evaluando su repercusión en relación con los socios, Agencia Tributaria y terceros; y el segundo –emitido por ingeniero técnico agrícola– valora el conreo de la finca V., sin que podamos acertar a determinar una vinculación directa con la pretensión deducida en el arbitraje que tampoco se exterioriza en la demanda, considerando por ello acertada la posición del árbitro. En el acto de la vista también se alegó error en la valoración de la prueba; sin embargo no podemos olvidar que la actividad de valoración de la prueba corresponde con carácter exclusivo a los árbitros que conocen de la instancia arbitral y su revisión implicaría un conocimiento del fondo del asunto contradictorio con la eficacia de cosa juzgada del laudo y ajeno a los motivos tasados en que puede fundarse el proceso de anulación».

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