No cabe advertir que el matrimonio se hubiera contraído en fraude de ley pues la voluntad de ambos contrayentes, de origen y cultura comunes, fue asumir los derechos y las obligaciones dimanantes del matrimonio (SAP Tenerife 3ª 12 febrero 2021)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Tercera, de 12 de febrero de 2021  desestima un recurso formulado por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la Administración del Estado-Dirección General de los Registros y del Notariado, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife. De acuerdo con la Audiencia: 

«(…) El nuevo examen en esta alzada de todo lo actuado conduce al fracaso del recurso y a la confirmación de la sentencia dictada en la precedente instancia. Ninguna de las alegaciones efectuadas por la parte recurrente puede ser acogida, compartiendo este Tribunal la valoración probatoria realizada por la juzgadora «a quo», realizada de modo conjunto, ponderando todas las circunstancias concurrentes en el presente caso, sin que sean apreciables indicios de irrazonabilidad, ni arbitrarios ni ilógicos. En efecto, en consonancia con la expresada valoración, y a diferencia de lo apreciado por la parte demandada apelante, es de destacar que no cabe reputar relevante el eventual desconocimiento entre los contrayentes del matrimonio cuya inscripción se pretende de algunos datos y circunstancias personales de los mismos. Son datos especialmente significativos, además de los hechos puestos de manifiesto de modo detallado en el segundo de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, de innecesaria reiteración o reproducción en la presente resolución, que el matrimonio discutido en la litis fue celebrado el cinco de julio de 2012 en Bangladesh, hace ya más de ocho años, sin que conste su disolución o anulación, y sin que la parte ahora apelante, que no compareció a los actos de audiencia previa y de vista oral, haya desvirtuado de algún modo las pruebas practicadas en este procedimiento, en particular, la testifical de la hermana del hoy actor apelado, quien con las correspondientes advertencias legales, constató la realidad del matrimonio y de las circunstancias que llevaron a su celebración, entre ellas la costumbre propia de Bangladesh de que el matrimonio sea concertado y/o autorizado por las familias de los contrayentes, sin que ello obste, al no existir prueba alguna en contrario, a la libre prestación por ellos de su consentimiento ni a la voluntad de contraerlo; debe asimismo resaltarse que, conforme se indica en el Hecho 1 de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 10 de junio de 2016 (S/REF 464/2014), obrante en autos, el actor, ahora apelado, obtuvo la nacionalidad española por residencia en el año 2013, siendo posteriormente a esta obtención cuando procedió a instar en España la inscripción registral de su matrimonio con Doña Virginia , celebrado con anterioridad a haber alcanzado la condición de español. Asimismo, obran en autos documentos suficientes, que prueban la periódica contribución económica enviada por el actor a su esposa, posterior al matrimonio y anterior a la resolución administrativa denegatoria de la inscripción registral solicitada (y que ha dado lugar al presente procedimiento), y también documentación acreditativa de los viajes realizados por el actor a Bangladesh con posterioridad a la aludida celebración. Por otro lado, indicado en el Acuerdo de 18 de junio de 2015 del Registro Civil Central -aportado con la demanda que las audiencias reservadas y por separado de los contrayentes tuvieron lugar ante diferentes Encargados y en distintas fechas y lugares (la de Doña Virginia en Dhaka -Bangladesh-, el 19 de noviembre de 2014; y la del hoy actor en Arona -Santa Cruz de Tenerife, España-, el 20 de marzo de 2015), sin que consten las preguntas efectivamente realizadas a uno y otro contrayente, merece también destacarse que nada tiene de extraño que hubieran podido responder de forma distinta o aparentemente contradictoria a tales preguntas, que, en cualquier caso y ante la prueba documental practicada a instancia del actor, y no contradicha de algún modo por la hoy apelante, no pueden considerarse ni relevantes, ni tampoco como indicios razonables de matrimonio de conveniencia (por ejemplo, la alusiva al desconocimiento por Doña Virginia del número de hermanos y hermanas del actor; familiares que, como la que declaró testificalmente en la vista oral, no necesariamente pueden residir en Bangladesh; por otro lado, precisamente la diferencia de fechas de las audiencias reservadas podría explicar, a falta de datos en contrario, las eventuales contradicciones mencionadas por la parte ahora apelante respecto de los viajes del actor a Bangladesh, al intento de inscripción en el Consulado correspondiente y a las cuantías de los envíos de dinero -que, por otro lado, precisaban del oportuno cambio de divisa-; sucediendo lo mismo, por depender de las concretas preguntas formuladas a cada uno de los contrayentes, en lo concerniente a las aficiones de ambos, o a las de uno u otro). En definitiva, a diferencia de lo advertido en la resolución administrativa objeto de impugnación mediante el presente procedimiento no cabe advertir en este caso que el matrimonio del actor se hubiera contraído en fraude de ley (respecto de las normas de extranjería y nacionalidad) ni con la finalidad exclusiva de utilizar el mismo para que Doña Virginia pudiera obtener con mayor facilidad la nacionalidad española (nacionalidad que ni siquiera tenía el actor cuando se celebró el matrimonio), apareciendo, por el contrario, la voluntad de ambos contrayentes, de origen y cultura comunes, de asumir los derechos y las obligaciones dimanantes del matrimonio, con un proyecto de vida en común cuyo desenvolvimiento ha resultado claramente dificultado por la lejanía de las respectivas residencias y por el devenir del procedimiento instado para la correspondiente inscripción registral del matrimonio de autos.

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