Las consideraciones, fundamentación y decisión que adopta el árbitro no puede ser consideradas arbitrarias, irrazonables o contrarias palmariamente al ordenamiento jurídico aplicable, ni vulneran norma imperativa (STSJ Madrid CP 1ª 29 diciembre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 29 de diciembre de 2020 (Ponente Francisco José Goyena Salgado) desestima una acción de anulación contra un laudo pronunciado por un árbitro único designado por la Corte Arbitral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, razonando del siguiente modo:

“(…) a) Cabe recordar que la demanda, que se examina en el procedimiento arbitral, solicitaba en su suplico que: ‘se declarara nulo el acuerdo del punto 11 del orden del día de a Junta General celebrada el 25 de enero de 2017 ‘Retribución del Administrador mancomunado Jose Augusto’, se eliminen los efectos y se reparen los daños que el acuerdo hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor devolviendo el Administrador remunerado las cantidades indebidamente percibidas, en virtud del acuerdo impugnado’. El laudo final va a estimar parcialmente la demanda, declarando nulo el citado Acuerdo. b) La parte demandante en el presente procedimiento, señala que, en su contestación a la demanda, en el procedimiento arbitral, alegó la existencia de una modificación del acuerdo originario por uno nuevo, redactándose un nuevo texto del art. 15 de los estatutos, para adecuarlos al acuerdo y dejándolo sin efecto el mismo de facto, por cuanto uno y otro son incompatibles entre sí. En definitiva, el acuerdo posterior de 31 de julio de 2018 habría sanado cualquier defecto u omisión del anterior (punto 11 de la Junta de 25 enero 2017) de retribución de administradores, todo ello conforme permite el art. 204.2º LSC. Dicho precepto establece que: ‘No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto’. Considera la parte demandante que, por otra parte, mediante la interpretación que hace del ap. 3 del art. 204 LSC, que la infracción denunciada no puede reputarse grave, dado que el art. 204.2 LSC permite su subsanación, por lo que no estaríamos ante una de las causas de impugnación previstas en el indicado ap. 3 del art. 204 LSC. No existe, por lo tanto nulidad del acuerdo. Atendido lo anterior, considera que el laudo es nulo por concurrir los motivos previstos en las letras c) y f) del art. 41.1º LA. c) Establece el art. 41.1º LA: ‘El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. f) Que el laudo es contrario al orden público.’ d) En relación al primer motivo, el examen de las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el procedimiento arbitral y de los laudos dictados, parcial, final y dictado al hilo de las aclaraciones / complemento solicitadas por las partes, evidencia que el pronunciamiento del árbitro en cada uno de ellos se ha ajustado perfecta y escrupulosamente al contenido de las pretensiones formuladas ante el mismo. De hecho, en el desarrollo del motivo, en la fundamentación de la demanda planteada en este procedimiento, ninguna referencia se hace al motivo contemplado en la letra c) del art. 41.1º LA. En consecuencia, debe desestimarse el mismo. e) En cuanto al segundo motivo alegado, ser el laudo contrario al orden público, el examen del laudo impugnado, lleva a esta Sala a igual solución. Ciertamente, en una primera aproximación, cabría considerar que nos encontraríamos ante un supuesto de desaparición sobrevenida del objeto litigioso, como consecuencia de la nueva redacción dada al art. 15 de los estatutos, como consecuencia del Acuerdo de la Junta General de fecha 31 de julio de 2018. Sin embargo, la cuestión es más compleja y así lo señala el árbitro. Por una parte y saliendo al paso de la interpretación que hace la parte demandada del art. 204.3º LSC, que supone la inexistencia de nulidad del Acuerdo de fecha 25 enero 2017, al ser subsanable al amparo del ap. 2 del citado artículo de la Ley de Sociedades de Capital, hay que señalar que el carácter arbitrable y el alcance de los citados apartados 2 y 3 del art. 204 LSC, es materia de la plena competencia del árbitro encargado de laudar el conflicto planteado. Así lo hace y plasma en el laudo final y en el de aclaración de fecha 30 de octubre de 2019. Las consideraciones, fundamentación y decisión que adopta el árbitro no puede ser consideradas arbitrarias, irrazonables o contrarias palmariamente al ordenamiento jurídico aplicable, ni vulnera, como veremos, norma imperativa alguna, por lo que no conculcan el orden público. No corresponde a la Sala, dado el alcance del procedimiento de anulación en el que nos encontramos, entrar a examinar la corrección jurídica de la decisión adoptada por el árbitro, sino solo comprobar que, si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Como tiene declarada la jurisprudencia en este aspecto, la labor de la Sala tiene cono función la de comprobar la regularidad del procedimiento arbitral y como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones. En consecuencia, la decisión de declarar nulo el Acuerdo adoptado por la Junta general Extraordinaria de la mercantil A., S.A. en su reunión de 25 de enero de 2017, que establece el sistema de retribución de los administradores, no puede ser fiscalizado por esta Sala, en el seno de este procedimiento. Por otra parte, y saliendo al paso de la vinculación que hace la parte demandante entre el orden público y la aplicación – o más bien no aplicación-del art. 204.2º LSC, como consecuencia de la incidencia subsanadora del acuerdo adoptado el 31 de julio de 2018, como ya anunciábamos, la cuestión litigiosa y resolutiva es más compleja y así lo pone de manifiesto el árbitro en su laudo parcial de aclaración y complemento de fecha 30 de octubre de 2019. Establece al respecto dicho laudo la siguiente fundamentación: ‘En el presente caso, el acuerdo impugnable de 25 de enero de 2017 no adolecía de defectos meramente formales, sino que infringía expresamente normas imperativas previstas en la LSC. Teniendo en cuenta este extremo, debe señalarse que el acuerdo de fecha 31 de julio de 2018, lejos de subsanar los efectos ya derivados del acuerdo de 25 de enero de 2017, lo que hizo fue modificar los estatutos sociales a fin de validar ex nunc la retribución que el administrador mancomunado en cuestión venía percibiendo. Nada se acordó sobre la ineficacia del anterior acuerdo aprobado por la Junta o sus efectos, careciendo por tanto de cualquier eficacia retroactiva y, por lo tanto, sanadora.’ Las consideraciones señaladas son razonables, a la vista de los acuerdos adoptados, sin que pueda la Sala entrar en su fiscalización. Pero, en cualquier caso, desvirtúan el argumento de la mera o simple subsanación de un acuerdo por otro posterior y en definitiva, la aplicación del apartado 2 del art. 204 LSC, por lo que no cabe considerar infringido el orden público denunciado. Procede, por todo lo expuesto, desestimar la concurrencia del motivo de anulación examinado”.

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