El ámbito del orden público en el execuátur ha de atenerse a los criterios establecidos por la STC de 15 de junio de 2020 (ATSJ Madrid CP 1ª 7 julio 2020 -II-)

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 7 de julio de 2020 (II) (Ponente: Celso Rodríguez Padron) Reconoce un laudo arbitral pronunciado en el seno del Centro Internacional de Arbitraje de Viena, con, entre otros, los siguientes argumentos:

“(…) Partiendo de la base legal que queda expuesta, debemos recordar que esta misma Sala, por ejemplo, en el ATSJ M de 19 de octubre de 2018 sostuvo que el objeto del procedimiento para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros es dotar de eficacia jurídica en España a este tipo de resoluciones extranjeras, convirtiéndolas en títulos ejecutivos susceptibles de provocar efectos jurídicos en España, en todos los aspectos (‘…’). Nos hallamos, pues, ante un procedimiento de naturaleza declarativa, cuyo objeto queda esencialmente limitado al control por parte del Tribunal sobre los elementos extrínsecos o exteriores de la decisión arbitral extrajera que se trata de homologar, y a través del cual se otorga al laudo el carácter de título idóneo para impulsar su ejecución. No es idóneo por lo tanto este procedimiento para sustentar la pretensión de análisis del fondo de la disputa sostenida entre las partes, ni para reproducir ante el órgano jurisdiccional que ha de evaluar la pretendida homologación la controversia que ha sido resuelta ya mediante la decisión arbitral, a la que voluntariamente se sometieron quienes se hallaban sometidos a vínculo, deberes u obligaciones jurídicas susceptibles de arbitraje”.

“(…) A la luz del resumen que acabamos de exponer, no es difícil avanzar que la entidad demandada pretende ante todo conducir a esta Sala a un examen de las razones de fondo que sostuvieron la controversia arbitral. Ni siquiera combate los argumentos del laudo, sino que parece dirigirse al Tribunal sobre el esquema básico de contestación directa a una demanda declarativa. Como hemos dicho, esta función de reexamen del fondo nos resulta vedada por completo, y no puede en modo alguno convertirse el cauce del exequátur en una discusión jurídica sobre –en este caso– la pureza técnica de los equipos que la demandada compraba a la actora para distribuir en España. De ningún modo podemos aquí dar por probado que los instrumentos técnicos que la empresa española suministraba a los puestos de ITV se acomodaban o no a las exigencias medioambientales reglamentarias, y como consecuencia de semejante circunstancia estaba más o menos justificado –en su caso– cualquier tipo de ajuste económico entre las dos empresas. El contrato que vinculaba a ambas empresas regulaba la venta en España por la demandada de productos fabricados por la entidad demandante, quien (estipulación 2.2) garantizaba que los Productos cumpliesen «todos los requisitos legales del territorio». Los pedidos se realizaban por escrito (punto 6.2 del acuerdo) y en el Anexo III se establecían las condiciones de pago. La legislación aplicable a la interpretación del acuerdo se pactó que fuese la de Austria. Estamos ante un típico contrato de suministro, suscrito libremente entre las partes y que se inserta en las materias propias del comercio, perfectamente encuadrables en el ámbito del arbitraje en cuanto a la resolución de las discrepancias que pudieran surgir entre los contratantes como consecuencia del desarrollo o ejecución del contrato. Son materias de libre disposición con lo que este modo de solución de conflictos se ve amparado por el art. 2.2 de la Ley de arbitraje de 23 de diciembre de 2003. No puede por lo tanto la mercantil demandada –menos aún con la sencillez con que lo hace– que las diferencias entre las partes no pueden resolverse por la vía arbitral. Se invoca también –con escaso desarrollo– una supuesta infracción del Orden Público español al oponerse a la demanda en este primer apartado. Con relación a este último aspecto que se menciona en el escrito de oposición a la demanda debemos anticipar su falta de virtualidad. Recordando numerosos pronunciamientos ya no solo de esta Sala, sino comunes en la Jurisprudencia, muy brevemente dejamos constancia de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada (SSTS 15/1987, de 11 de febrero; 116/1988, de 20 de junio; y 54/1989, de 23 de febrero); y desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal. Puede decirse que se concentra en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indispensables para el legislador por exigencia constitucional o admitidos internacionalmente. Es reciente la STC de 15 de junio de 2020 que llama la atención sobre la escasa nitidez que en ocasiones se atribuye al concepto de «orden público» previsto en la normativa arbitral como causa de anulación de laudos, o en el procedimiento de execuátur como razón denegatoria del reconocimiento. Esa escasa nitidez –dice el Tribunal Constitucional– «multiplica el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes» (FJ 4º). Es precisamente esta tarea –de reexamen de la controversia arbitral– lo que se nos está planteando con el motivo primero de oposición. Se nos presentan motivos de oposición de diversa índole: una compensación de deudas que entiende la empresa demandada que tenía que haberse realizado; y, sobre todo, la causa de los impagos de las facturas: hipotéticos defectos o anomalías en los dispositivos o instrumentos que adquiría a la entidad fabricante que –según el escrito de oposición– no se ajustaban a los requerimientos técnicos determinados por la normativa española y comunitaria. Al margen de que para que esta Sala diese por cierta esta segunda alegación tendría que practicarse una verdadera prueba pericial (ajena por completo al procedimiento del exequátur suscitado), ambas son cuestiones que debió discutir quien las alega ante el árbitro nombrado para dirimir la controversia, que, por otra parte, giró sobre materia perfectamente arbitrable. Pero además, el orden público español, como conjunto de principios normativizados, de base constitucional, cuyo respeto es necesario para una solución en Derecho admisible aún fuera de la jurisdicción, no puede decirse que se haya visto afectado en modo alguno. No puede confundirse este concepto –ya definido– con el ajuste de un producto a un reglamento de metrología, por mucho que revista la forma de Decreto y respetable que sea su contenido de cara a la protección del medio ambiente o a lo que en el escrito de contestación se identifica como una diferencia de atractivo entre estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. No puede elevarse a la categoría de orden público la apreciación que realiza la demandada de que los productos que adquiría no cumplían las especificaciones técnicas; y aun así, de ser cierto este reparo, la devolución de los mismos o las reclamaciones a las que diese lugar este juicio de calidad, tendrían su espacio de discusión en una instancia que no es ahora ésta”

“(…) Los restantes motivos esgrimidos por la entidad demandada tampoco pueden verse acogidos por la Sala. Denuncia, por una parte, la naturaleza parcial del Laudo, e identifica este carácter con una especie de incongruencia omisiva (bien es cierto que con escaso desarrollo argumental), al no abordar –dice el escritoalgunas de las alegaciones de defensa. Una vez más se está pretendiendo del Tribunal el análisis en cuanto al fondo, poniendo además de manifiesto el no ejercicio de la potestad de solicitar aclaración o complemento del Laudo en su día dictado si consideraba esta parte que no se había pronunciado sobre alguna cuestión esencial. No es admisible tampoco la oposición fundada en el enunciado de que «Técnicas de Automoción» no admitió nunca, ni expresa ni tácitamente, el arbitraje ante la corte de Viena. Si consultamos la completa documentación que se aporta con la demanda (perfecta y ordenadamente traducida en cada uno de sus instrumentos) podemos verificar que en el contrato (sin resquicio posible a la duda) de 15 de enero de 2013que unía comercialmente a las dos entidades (denominado Acuerdo de Colaboración) se contiene una cláusula 16 cuyo inciso segundo indica: «Las controversias derivadas de este acuerdo se someterán a un procedimiento de arbitraje vinculante ante la Cámara de Comercio de Viena de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CCI». Contamos con el contrato en versión original aportado como documento Nº 2 de los acompañados a la demanda, y la firma de quien figura suscribiendo el documento por «AutoExpert S.L.» no ha sido negada en ningún momento, ni tachada de falsa, ni tampoco cuestionada por otras causas de invalidez. No tenemos por lo tanto otra evidencia que la válida vinculación de ambas partes a su propio convenio arbitral, de modo que la negación de la entidad demandada carece radicalmente de soporte. Cuestión totalmente distinta es la actitud procesal que haya seguido esta parte en el transcurso de la controversia arbitral. Si voluntariamente optó en alguna de sus fases o trámites por la rebeldía (expresa o tácita) se supone que fue midiendo –tenía obligación de hacerlo– sus consecuencias jurídicas. Pero no puede esa estrategia legitimar ahora a dicha parte para alegar que no aceptó la sumisión al órgano arbitral (…). En conclusión: el Laudo cuyo reconocimiento en España se pretende a través de este procedimiento, se ajusta perfectamente a las exigencias de la ya citada Convención de Nueva York, y no se ha opuesto por la parte demandada razón alguna que impida proceder a la homologación que se pretende en la demanda. Ninguna de las alegaciones esgrimidas como motivos de oposición encuentran sustento bastante para que resulten acogidas. Por todo ello, hemos de estimar, y estimamos la demanda íntegramente”.

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