Procede el execuátur de un laudo CCI por constar la voluntad de allanarse por la demandada y no apreciarse un posible perjuicio para tercero como consecuencia del allanamiento, que se realizase en fraude de ley y que sea contrario al orden público (ATSJ Madrid CP 1ª 7 julio 2020)

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 7 de julio de 2020 (Ponente: Francisco Jose Goyena Salgado) otorga el execuátur a un laudo arbitral CCI pronunciado en Ginebra, con las siguientes consideraciones legales:

“(…) Debemos comprobar si resultan o no cumplidos los requisitos formales que exige el art. IV del Convenio de Nueva York, de 10 de junio de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales -aplicable por expresa referencia del art. 46.2º LA que dispone que: ‘…’. En el presente caso, se han cumplido los citados requisitos, como cabe comprobar en las actuaciones. Por otra parte, el art.V del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales de 10 de junio de 1958 establece: “…”. Ninguno de dichos motivos es alegado por la parte demandada, que expresamente declara su voluntad de allanarse con la pretensión deducida por la parte demandante, a salvo la petición de la no imposición de costas del presente procedimiento. Procede, en consecuencia, estimar la demanda de execuátur formulada por la mercantil actora (…)».

“(…)  A lo dicho reconocimiento no empece, todo lo contrario, que la parte demandada se haya allanado, empezando porque, como indicábamos en el fundamento anterior, ni alega ni menos prueba, motivo alguno, de los previstos legalmente, para no dar lugar al reconocimiento del laudo extranjero que se plantea. a) La figura del allanamiento está acogida en nuestro derecho procesal, en el art. 21 LEC, que a los efectos que se plantean en este procedimiento, sería el previsto en el ap. 1: «Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante». La doctrina define el allanamiento como «la declaración de voluntad unilateral del demandado por la que acepta que el actor tiene derecho a la tutela jurídica solicitada en la demanda». Por su parte la STS (Sala Primera) de 15 junio 2020 establece: “…”. b) En el caso presente, el examen del Laudo cuyo reconocimiento se solicita, evidencia, por una parte, que se trata de una materia arbitrable y disponible para las partes, que se desenvuelve en un estricto ámbito privado, en el que la libertad normativa de las partes, expresión de la autonomía de la voluntad, tiene un desarrollo especialmente intenso, reconocido en nuestro ordenamiento, tanto en lo sustantivo, como en el procesal, en este caso en las figuras del desistimiento y del allanamiento. Es cierto que, ninguna de estas dos figuras es ilimitada en el despliegue propio de sus efectos, como fórmula de terminación del proceso, sino que tienen su acotamiento, en el caso del allanamiento en que se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. En el caso presente no se aprecia que lo resuelto en el laudo arbitral afecte a terceros ajenos al litigio mantenido entre las partes, y por lo tanto no se aprecia un posible perjuicio para tercero como consecuencia del allanamiento. Y tampoco, que el allanamiento se realice en fraude de ley, por cuanto el laudo cuyo reconocimiento se solicita, reviste formalmente todos los requisitos de validez, empezando por que ha sido dictado en un proceso arbitral al que expresamente se sometieron las partes, sin que se haya alegado y menos aún probado, los motivos que impedirían otorgarle ejecutividad en nuestro país. Y tampoco, finalmente, se aprecia que el allanamiento sea contrario al orden público, entendido, como tiene señalado esta Sala, en sentencia de 23 de mayo de 2012, Recurso 12/2011, como ‘…’. Criterio reiterado, entre otras, en nuestra sentencia de fecha doce de junio del dos mil dieciocho. No podemos obviar que el reconocimiento del laudo viene avalado por el informe del Ministerio Fiscal, especial garante de que el orden público sea observado. En definitiva, como ya apuntábamos, debe estimarse la demanda que da lugar al presente procedimiento de execuátur».

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