El deber de revelación que el art. 17.2º LA contempla en relación a los árbitros, es igualmente aplicable de las instituciones arbitrales (STSJ Galicia 5 junio 2020)

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galícia, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 5 de junio de 2020 estimar una demanda de anulación de un Laudo dictado por un árbitro designado en el seno de la Corte Arbitral de Galícia, como consecuencia de la falta de validez del convenio arbitral. De acuerdo con la presente sentencia:

«(…) por lo que hace a la perseguida nulidad del Laudo derivada de la no validez de la cláusula de sometimiento a arbitraje por mor de la vinculación -entre otras- que une a la CAG y el despacho del marido de la administradora de la EEL, la actora aduce que cuando firmó el contrato de colaboración en el que se inserta la cláusula, desconocía tal vinculación, en concreto, que la página web del aludido despacho de abogados tiene entre sus entidades colaboradoras a la CAG, que dicho despacho tiene como miembros y empleados tanto al Presidente como al Secretario de la CAG, y que el domicilio social del despacho y de la CAG es el mismo. Insiste en que esas vinculaciones, al menos de facto, existen y conllevan un evidente conflicto de intereses que vicia de imparcialidad el procedimiento arbitral; subraya que cuando firmó el contrato desconocía tales vinculaciones no habiendo sido informada de ellas. Cita en apoyo de su tesis los artículos 1261 y 1300 Cc, por un lado, así como, por otro, el 7.1º y 2º Cc; entiende, en definitiva, que no prestó consentimiento libre y que no cabe hablar de mínimas garantías de imparcialidad en la resolución del conflicto con mención de los arts. 1255 y 1258 Cc. (…). La parte demandada reduce esencialmente su oposición al recién expuesto motivo tocante a la falta de validez de la cláusula arbitral aduciendo -en el escrito de contestación a la demanda- que la acción de nulidad habría caducado al no haberse impugnado en tiempo el Laudo parcial dictado con fecha de 13 de diciembre de 2017. La objeción resulta completamente inatendible. En efecto, que un Laudo -parcial o no- produce efectos de cosa juzgada ex art. 43 LA no es discutible, como tampoco lo es que el plazo de ejercicio de dos meses de la acción de nulidad ex art. 41.4º LA se aplica también a cualquier Laudo, sea este parcial o no, pero lo cierto y decisivo en el caso que nos ocupa es que el Laudo parcial dictado con fecha de 13 de diciembre de 2017, que en su parte dispositiva dice por lo que importa «Desestimar la excepción relativa a la existencia o validez del acuerdo arbitral instada por la parte demandada, Dña. Magdalena declarando la existencia del convenio arbitral respecto de la cuestión pretendida por el demandante, la mercantil Escuela Europea de Líderes, S.L., y la competencia de la Corte Arbitral de Galicia, y por ello de este árbitro, para intervenir en la resolución de la misma», en absoluto incidió en la controvertida nulidad de la cláusula arbitral de que se trata, ni tan siquiera entonces suscitada por la aquí parte actora, la cual en respuesta al escrito de solicitud de arbitraje se limitó a impugnar la competencia del árbitro en el correspondiente expediente ex artículos 52.1.12º y 54.2 LEC, así como a poner de manifiesto que había presentado declinatoria ante determinado órgano judicial. En concreto, el Laudo en cuestión, tras pronunciarse sobre si en la solicitud de arbitraje formulada se suscita una cuestión en materia de competencia desleal, así como sobre la competencia del árbitro al efecto, analiza -en respuesta igualmente a la objeción formulada por la ahora demandante- si la solicitud de arbitraje se plantea respecto de un contrato de adhesión, así como a su vez sobre la competencia del árbitro al efecto, y en este sentido es en el que el árbitro descarta la nulidad del convenio arbitral, es decir, por no encontrarnos en presencia de un contrato de adhesión, lo que por añadidura no le priva de advertir que el mero hecho de estar contenido el convenio arbitral en un contrato de adhesión no conlleva su nulidad. Por si no bastase con lo dicho, recordamos, tal y como avanzamos en el Fundamento de Derecho precedente, que no fue sino el 29 de noviembre de 2018 cuando la aquí actora formuló incidente de nulidad de pleno derecho en relación específicamente a la cláusula de sometimiento a arbitraje; que la Corte arbitral notificó a las partes que el mismo sería resuelto por el árbitro en el momento de dictar Laudo, habiéndose aquietado una y otra tal notificación; y que, en fin, como sobradamente sabemos, en consecuencia el árbitro se pronuncia en el Laudo combatido, de fecha 18 de marzo de 2019, «sobre la pretendida nulidad de pleno derecho de la cláusula de sometimiento a arbitraje presente en el contrato objeto de controversia». Pronunciamiento, así pues, que es el impugnado en tiempo y forma por la demandante en el motivo primero que acompaña a su acción de nulidad, que inmediatamente estudiaremos junto con el tercero y último dada la íntima relación existente entre ambos. 2. La independencia e imparcialidad que se predica de los árbitros ex artículo 17.1º LA, cuya vulneración a su vez invoca la actora en el motivo tercero de la demanda, no constituye una exigencia exclusivamente vinculada a aquéllos, sino que -extremo, en el que no repara el árbitro que dictó el Laudo impugnado ni tampoco la demandada- también se extiende a las instituciones administradoras del arbitraje, tal cual la CAGen el presente caso. Es más: el principio de igualdad, a su vez invocado a su favor por la actora en el motivo tercero del recurso, informa no solo la sumisión a arbitraje, sino también la designación de los árbitros y la sustanciación misma del procedimiento arbitral, tal y como apunta la demandante en línea con una reiterada y notoria doctrina de los TTSSJJ, entre la que destacan las SSTSJ-Madrid de 14 noviembre 2014, 10 mayo 2016 Y 26.07.2018. Al respecto, concluye la actora transcribiendo en parte lo que puede leerse en la Exposición de Motivos de la LA en orden a la exégesis autentica del art. 4, que es «evidente de toda evidencia que la sumisión a una institución arbitral deba realizarse con plena libertad en la declaración de voluntad incompatible con la desigualdad de las partes y con la situación de preeminencia que tiene EEL respecto a mi mandante por las conexiones y relaciones dichas. Resulta incuestionable que la posición de la institución arbitral en el ejercicio de sus funciones haya de estar precedida de una debida ecuanimidad, que en este arbitraje, los hechos dicen lo contrario». La LA, ciertamente, es muy clara al fijar los cometidos básicos de las instituciones arbitrales, a saber, en los términos de la STSJM 28/2019, de 12 de septiembre: «la administración del arbitraje y la designación de árbitros (…), velar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia» (apartados 1 y 3 del artículo 14 LA). Tanto en la designación de árbitros (artículo 15.1 LA), como en la sustanciación de las actuaciones arbitrales (artículo 24.1 LA), «la institución arbitral ha de respetar el principio de igualdad. Las funciones que desempeñan las Cortes de arbitraje al administrarlo -nombramiento de árbitros, comunicaciones entre las partes, fe del procedimiento arbitral (…)-, han de estar presididas, es incuestionable, por el respeto al principio de igualdad, lo que es tanto como decir que la Corte arbitral ha de actuar con neutralidad respecto de las partes, con desinterés respecto del thema decidendi, y con independencia, con ausencia de vínculos de sujeción -más allá de los que son propios o inherentes al arbitraje institucional- que puedan poner en entredicho, fundadamente, la ecuanimidad de su proceder». En consecuencia, se deben extremar las cautelas en el arbitraje institucional, lo que se traduce en el escrupuloso respeto al principio de igualdad, lo que es tanto como decir que «la Corte arbitral ha de actuar con neutralidad respecto de las partes y con pleno desinterés respecto del thema decidendi. Esa neutralidad subjetiva y ese desinterés objetivo, necesarios en el caso concreto, se predica, desde luego, de cada uno de los miembros de la Corte, pero también de la Corte misma y, por inexcusable conexión o consecuencia, se ha de extender a la corporación, asociación o entidad sin ánimo de lucro que haya creado la Corte, y que pueda intervenir más o menos directamente, en la designación de sus órganos de Gobierno.» Las instituciones arbitrales, así pues, han de actuar de forma independiente y neutral, pero además deben informar a las partes de cualquier situación que pueda generar dudas sobre su independencia y neutralidad, y el caso es -lo recordamos- que cuando la actora firmó el contrato en el que se inserta la cláusula de sumisión al arbitraje desconocía las vinculaciones de EEL, S.L., con la CAG. Desde luego no consta que fuera informada de ellas y las desconocía en su «verdadera y real dimensión» antes y al tiempo de firmar el contrato y únicamente fueron puestas de relieve con posterioridad, ya avanzado el expediente arbitral. En este sentido, mal que bien puede hablarse, en efecto, de un consentimiento pactado libremente y debidamente informado. Extremos, los apuntados por la actora, en realidad no contradichos por la demandada, la cual no niega que el marido de la administradora de la EEL -por más que contrajeran matrimonio veintitrés meses después de la firma del contrato- era abogado de la susodicha mercantil, que la web de la CAG señala que su dirección es la misma  que la del despacho «Lucus Lex Abogados, S.L.P.», para quien aquél prestaba servicios, y que entre los letrados de la CAG se encuentra alguno de los socios de dicho despacho. Olvida, o no repara en ello suficientemente la demandada, que no se trata únicamente de que la interdicción establecida en el artículo 17.1º LA en relación a los árbitros es aplicable también a las instituciones arbitrales. Determinantemente resulta por añadidura que el deber de revelación que el art. 17.2º LA contempla en relación a los árbitros, es igualmente aplicable de las instituciones arbitrales pues como bien enseña la doctrina de referencia la finalidad directa de dicho precepto, a modo de garantía institucional, «busca preservar el riesgo de que el procedimiento arbitral se desarrolle sin las debidas garantías y/o con menoscabo del derecho de las partes a elegir con verdadera libertad a los árbitros y a las Instituciones llamadas a administrar el arbitraje: la norma, trasunto casi literal del art. 12.1º de la Ley Modelo Uncitral , se ordena a la salvaguarda de la transparencia en el procedimiento arbitral y a que, resultas de ella, impere la libertad de las partes (…)». El artículo 17.2 LA instaura un deber de revelación más amplio que el del precedente artículo 17.3 LA/1988 dado que es comúnmente admitido que la nueva norma prevé un deber más estricto: «el árbitro ha de revelar todo cuanto pueda dar lugar a dudas justificadas. El deber de revelación existe aun cuando el árbitro -o los miembros de la Corte que intervienen en la administración del arbitraje- sean y se sientan imparciales e independientes y existe porque no se trata solo de preservar esas dos garantías esenciales a todo arbitraje, a toda decisión jurisdiccional o a ella equivalente; se trata también de salvaguardar la verdadera libertad de las partes en la designación de árbitros y de Cortes, como expresión de la mayor flexibilidad del arbitraje, también en este punto, respecto de la Jurisdicción». No se trata solo, en resumidas cuentas, de que el árbitro o la Corte no reveladores -como es el caso- puedan ser recusados o apartada, respectivamente. Se trata sobre todo, con carácter previo y prioritario, de que el procedimiento arbitral ha de preservar la libertad de las partes en la designación de árbitros y de las instituciones administradoras del arbitraje. Los hechos acreditados conducen por todo ello, singularmente por causa de la infracción del deber de revelación y del principio de igualdad que se incluye en el concepto de orden público, a declarar la nulidad del Laudo impugnado como consecuencia de la falta de validez del convenio arbitral».

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