Reconocimiento de una sentencia argentina, pues nunca ha sido cuestionado por los apelantes que la competencia del juez de origen obedece a una conexión razonable (AAP Madrid 7 noviembre 2019)

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El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimocuarta, de 7 de noviembre de 2019 desestima un recurso de apelación contra el auto dictado el día 17 de octubre de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia nº 33 de Madrid en el procedimiento de execuátur, que otorgó la ejecución en España de un sentencia dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 48 de la Ciudad de Buenos Aires, con la siguiente argumentación:.

“(…) Si analizamos las actuaciones veremos que se han citado personalmente a las dos personas contra las que se pide el execuátur, don Gines y don Germán , por lo que solo a ellos les es imputable la situación de rebeldía en que se encontraron y sufrir los efectos que la legislación argentina asocia a la rebeldía, peligro que no dudamos, pues no es difícil imaginar que los apelantes tienen un equipo de abogados a su servicio, conocían o podían conocer perfectamente. El modo en que fue citado la sociedad RECOL ESPAÑA resulta indiferente pues en este momento no se está pretendiendo el reconocimiento de la sentencia frente a la misma y no debemos olvidar que no existe obstáculo alguno para solicitar la ejecución solo contra uno o algunos de los condenados en el país extranjero, lo que se deriva necesariamente del art. 50. 3 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional cuando señala que ‘podrá solicitarse la ejecución parcial de una resolución’ y del 54.3º del mismo texto legal que expresa que ‘la demanda se habrá de dirigir contra aquella parte o partes frente a las que se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera’. Los perjuicios que hayan podido padecer los demandados nacen de su situación de rebeldía y no de las decisiones adoptados por los tribunales argentinos o de la estrategia procesal adoptada por los demandantes a lo largo del procedimiento al desistirse de la demanda frente a otros demandados, por lo que no existe motivo para denegar el reconocimiento de la sentencias argentinas”

“(…)Tampoco podemos aceptar el segundo motivo del recurso de apelación pues no apreciamos que sea inconciliable la sentencia de fecha 7 de abril de 2008 del Juzgado Nacional de Primera Instancia nº 25 de lo Mercantil con la que es objeto de ejecución, pues en primer lugar los tribunales argentinos no han apreciado la incompatibilidad o existencia de cosa juzgada, en los procedimientos actuaron personas diferentes y con la demanda presentada en el Juzgado de lo Mercantil se pretendía que se extendiese la declaración de quiebra de la sociedad RECOL ARGENTINA a la sociedad RECOL ESPAÑA, lo que según indica la sentencia de lo Mercantil requería que la deudora hubiera ocultado bienes y realizado un vaciamiento patrimonial de la empresa en beneficio de otra, pero tal decisión no impide que para concretas acciones se puede extender la responsabilidad a la sociedad RECOL ESPAÑA. Además debemos recordar que no se solicita el reconocimiento de esta sentencia frente a RECOL ESPAÑA, por lo que no es posible que entre en juego la incompatibilidad de las resoluciones. Asimismo el auto de 10 de septiembre de 2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid y el de 15 de octubre de 2013 de la Sección 21 de esta Audiencia Provincial que denegaron el reconocimiento de la sentencia frente a la sociedad RECOL ESPAÑA nunca podrán entrar en conflicto con la decisiones que se tomen en este procedimiento donde exclusivamente se ha dirigido la demanda contra los señores Gines y Germán”.

(…) La competencia exclusiva de los tribunales españoles para conocer del procedimiento en que se ha dictado la sentencia de la que se pretende su reconocimiento es inasumible ya que fácilmente se puede comprobar que no hay acuerdo o decisión alguna de la Asamblea General de la sociedad RECOL ESPAÑA o de su órgano de administración que haya sido impugnado y sobre el que se pronuncie la sentencia, sino que, aplicando la doctrina del levantamiento del velo societario, han condenado a dos miembros del Consejo de Administración, lo que es absolutamente distinto y queda fuera del ámbito exclusivo de competencia de los tribunales españoles que delimita con criterio absolutamente restrictivo o de numerus clausus el art. 22 de la LOPJ. Por tanto, como no es discutible, pues nunca ha sido cuestionado por los apelantes, que la competencia del juez de origen obedece a una conexión razonable, recordamos que son trabajadores argentinos los demandantes y que prestaron sus servicios en aquel pais, debemos rechazar asimismo este motivo de apelación”

(…) El concepto de «orden público», en el contexto del reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras, ha experimentado una clara evolución tras la entrada en vigor de la Constitución, ha de tenerse siempre presente el respeto a los principios constitucionales y derechos fundamentales, con especial atención a las garantías del debido proceso y del juicio justo reconocidas en el art. 24 (…). Para acreditar que se ha vulnerado el orden público procesal los apelantes alegan que no se ha respetado la figura del litisconsorcio pasivo necesario al no haberse demandado a la sociedad RECOL ARGENTINA y que resulta evidente la falta de legitimación pasiva. Para poder ligar estos supuestos defectos en la constitución de la relación procesal con el art. 24 de la Constitución Española que regula el principio constitucional de tutela judicial efectiva, es necesario que se aprecie que se ha causado la indefensión que prescribe el art. 24 CE, lo que, precisamente, permite la posibilidad de apreciación de oficio por los tribunales (…). Ahora bien en este caso, es difícil admitir la concurrencia de los presupuestos necesarios ya que sociedad argentina a la que supuestamente se hubiera causado indefensión no estaba demandada en este procedimiento por lo que nunca podrá ser perjudicada y, además, estaba sometida a un proceso concursal lo que impide que podamos aceptar que la sentencia sea contraria al orden público. Por otro lado, no creemos necesario insistir en que han sido los propios condenados en las sentencias argentinas, los que han motivado su indefensión al permanecer en rebeldía y no personarse en tiempo y forma”

“(…) También se alega que se ha infringido el orden público material al permitir que se vulneren los principios de personalidad jurídica e independencia de la sociedad respecto a sus socios y de limitación de responsabilidad, principios que quedaría fuera del concepto si estrictamente situamos el orden público material en el ámbito constitucional de derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución (…) En cualquier caso este orden público societario no ha sido violado, pues en nuestro derecho también es posible extender la responsabilidad a los administradores sociales cuando permiten que la sociedad no mantenga, con una verdadera separación de su patrimonio, un objeto o unos intereses independientes de las personas que los integran y permite que se produzca la confusión entre la actividad y beneficios obtenidos, o cuando los mismos no cumplan con la diligencia debida las obligaciones y deberes que les el ordenamiento jurídico causando daños a los terceros o a la sociedad, por lo que no vemos que se haya vulnerado el orden público internacional material, pues ha sido a través de la teoría del levantamiento del velo como se ha condenado a los hoy apelantes. Además el control del orden público material tiene un límite importante: el procedimiento de reconocimiento no permite un nuevo enjuiciamiento sobre el fondo de la cuestión litigiosa, pues no es necesario para conceder el reconocimiento verificar si los tribunales españoles habrían llegado a la misma solución que el tribunal extranjero o si esa solución les parece aceptable. En relación con lo anterior, queremos hacer hincapié en que la interpretación de «orden público» del art. 46 de la Ley 29/2015 de 30 de julio debe hacerse en conjunto con el art. 48 que prohíbe la revisión en cuanto al fondo de la resolución extranjera. Y es que el orden público como causa de denegación del reconocimiento no puede apoyarse en la existencia de distintos resultados (que lógicamente se derivan de la aplicación de distintas leyes) ni al hecho de que los tribunales españoles hubieran llegado a otra solución o hubieran obrado de otro modo; si no a la posibilidad de que el reconocimiento de dicha resolución pueda afectar al conjunto de principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico”.

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