La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 22 de septiembre de 2026 (ponente: María Rivas Díaz de Antoñana), declara haber lugar al nombramiento judicial de árbitro para resolver las controversias relativas a la validez de las convocatorias y de los acuerdos adoptados por los consejos de administración de tres sociedades mercantiles. El Tribunal considera acreditada, mediante un examen prima facie, la existencia de convenios arbitrales incorporados a los estatutos sociales, cuyo alcance permite apreciar inicialmente el sometimiento a arbitraje de los conflictos derivados de la aplicación del contrato de sociedad. Sin embargo, rechaza la pretensión de sustanciar las controversias en un único procedimiento arbitral y acuerda la designación de tres árbitros diferentes, atendiendo a la personalidad jurídica independiente de las sociedades afectadas y a la autonomía de sus respectivos acuerdos estatutarios.
Antecedentes
La controversia tiene su origen en la impugnación de la validez de las convocatorias y de los acuerdos adoptados en los consejos de administración de las sociedades M., S.L., … y S. S.L., celebrados separadamente el 31 de marzo de 2026. Ante la falta de designación de árbitros, uno de los interesados promovió ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria un procedimiento de formalización judicial del arbitraje, registrado con el número 1/2026, con fundamento en las cláusulas arbitrales contenidas en los estatutos de las tres entidades.
La demanda solicitaba, con carácter principal, el nombramiento judicial de un árbitro único que conociera conjuntamente de las controversias surgidas en las tres sociedades y resolviera, mediante un solo procedimiento arbitral, acerca de la validez de las convocatorias y de los acuerdos adoptados por sus respectivos consejos de administración. Subsidiariamente, interesaba la designación de árbitros distintos para cada sociedad, mediante procedimientos independientes, o el nombramiento de las entidades arbitrales encargadas de administrar las correspondientes controversias.
Las sociedades demandadas se opusieron a la solicitud alegando que el art. 24 de sus respectivos estatutos vinculaba a los socios, mientras que el demandante únicamente ostentaba la condición de socio minoritario de una de las entidades y actuaba como administrador respecto de las controversias planteadas. A su juicio, la cláusula estatutaria no comprendía expresamente la impugnación de acuerdos sociales por los administradores y había sido redactada antes de la reforma introducida por la Ley 11/2011, que incorporó el art. 11 bis a la Ley de Arbitraje.
Las demandadas invocaron igualmente el apartado tercero de dicho precepto, conforme al cual el arbitraje de impugnación de acuerdos sociales debe encomendarse a una institución arbitral, tanto en lo relativo a su administración como a la designación de los árbitros. Sostuvieron que las cláusulas estatutarias carecían de esta previsión y que la designación judicial de una persona física al amparo del art. 15 de la Ley de Arbitraje no podía suplir dicha exigencia legal. Por tales razones, solicitaron la desestimación íntegra de la demanda.
Con carácter subsidiario, las sociedades admitieron la posibilidad de proceder a la designación judicial de árbitros, siempre que se respetara la independencia jurídica de cada entidad y se tramitaran procedimientos separados. Argumentaron que las tres mercantiles disponían de personalidad jurídica propia, órganos de administración diferenciados y acuerdos adoptados autónomamente, sin que existiera un título convencional que permitiera imponer la acumulación de las controversias en un único arbitraje.
Tras la admisión de la demanda, la presentación de los escritos de contestación y la incorporación de la prueba documental propuesta por ambas partes, la Sala consideró innecesaria la celebración de vista y señaló la deliberación y fallo para el 16 de septiembre de 2026.
Apreciaciones del Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia aborda inicialmente la naturaleza y los límites de la intervención judicial en el procedimiento de nombramiento de árbitros, tomando como referencia el art. 15 de la Ley de Arbitraje y la doctrina mantenida por distintos Tribunales Superiores de Justicia. Recuerda que el apartado tercero de dicho precepto permite solicitar la intervención del órgano judicial competente cuando no resulte posible efectuar la designación mediante el procedimiento acordado por las partes, mientras que su apartado quinto limita la posibilidad de rechazar la petición a aquellos supuestos en los que de la documentación aportada no resulte la existencia de un convenio arbitral.
La Sala destaca que el procedimiento de formalización judicial del arbitraje no está destinado a realizar un examen exhaustivo de la validez del convenio arbitral ni a resolver anticipadamente las cuestiones relativas a la arbitrabilidad de la controversia. Su función se circunscribe a comprobar, mediante una valoración inicial de los documentos presentados, la existencia de un acuerdo de sometimiento a arbitraje y la concurrencia de las circunstancias que justifican la intervención judicial para el nombramiento. El tribunal debe verificar igualmente el requerimiento dirigido a la parte contraria para proceder a la designación, la falta de colaboración de esta y el transcurso del plazo convencional o legalmente establecido.
De acuerdo con la interpretación recogida en la sentencia, el control judicial posee un alcance limitado y no puede desplazar las atribuciones que corresponden a los árbitros para pronunciarse sobre su propia competencia. La Sala relaciona expresamente esta conclusión con el art. 22.1 de la Ley de Arbitraje, que reconoce la facultad de los árbitros para decidir acerca de las excepciones relativas a la existencia o validez del convenio arbitral y a cualesquiera otras circunstancias que puedan impedir el conocimiento del fondo de la controversia. Asimismo, recuerda que el art. 41 de la misma ley contempla el posterior control judicial mediante la acción de anulación del laudo.
A partir de estas premisas, el Tribunal examina el contenido del art. 24 de los estatutos de las tres sociedades demandadas, cuya redacción es idéntica. La cláusula somete a arbitraje todas las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del contrato de sociedad, tanto las surgidas entre la sociedad y sus socios como las planteadas entre estos, con excepción de aquellas que legalmente no puedan quedar sujetas a arbitraje. También establece la obligatoriedad de las decisiones arbitrales para los socios presentes y futuros por el mero hecho de adquirir dicha condición.
La amplitud de la estipulación permite apreciar, según la Sala, una voluntad suficientemente clara de someter a arbitraje las controversias relacionadas con la aplicación del contrato social, sin excluir expresamente determinadas modalidades de conflictos societarios. En consecuencia, considera que existe, prima facie, un convenio arbitral que justifica la designación judicial de árbitros para conocer de las impugnaciones relativas a la validez de las convocatorias y de los acuerdos adoptados en los consejos de administración celebrados el 31 de marzo de 2026.
La sentencia no efectúa, por tanto, un pronunciamiento definitivo acerca de todas las objeciones formuladas por las demandadas respecto de la eficacia de las cláusulas estatutarias, de su alcance subjetivo o de las exigencias derivadas del art. 11 bis.3 de la Ley de Arbitraje. La Sala sitúa tales cuestiones fuera del examen limitado que corresponde al procedimiento de nombramiento judicial, reservando a los árbitros la decisión inicial acerca de su competencia y del alcance del convenio arbitral. La apreciación de su existencia resulta suficiente, a los efectos del art. 15.5 de la Ley de Arbitraje, para acceder a la solicitud de formalización judicial.
Una segunda cuestión examinada por el Tribunal se refiere a la posibilidad de reunir las controversias de las tres sociedades en un único procedimiento arbitral. La Sala rechaza la pretensión principal del demandante y acoge el planteamiento subsidiario defendido por las entidades demandadas, al considerar que la personalidad jurídica diferenciada de cada sociedad impide tratar conjuntamente, a los efectos de la designación solicitada, los conflictos derivados de actuaciones de órganos sociales independientes.
La documentación incorporada al procedimiento acredita que las convocatorias se realizaron separadamente, que los consejos de administración se celebraron de manera autónoma y que cada órgano adoptó sus propios acuerdos. Aunque las cláusulas arbitrales presenten una redacción idéntica, cada una se integra en los estatutos de una persona jurídica distinta. La coincidencia de su contenido no proporciona, por sí misma, fundamento suficiente para imponer la tramitación conjunta de tres controversias societarias mediante un único árbitro.
El Tribunal distingue así entre la existencia de una voluntad estatutaria favorable al arbitraje y la posibilidad de acumular procedimientos relativos a sociedades diferentes. La primera permite acceder al nombramiento judicial solicitado, mientras que la segunda exige atender a la independencia de las relaciones jurídicas afectadas y a los términos de los respectivos convenios arbitrales. La identidad de las cláusulas no elimina la autonomía de las sociedades ni permite prescindir de la individualización de las controversias sometidas a decisión arbitral.
En aplicación del art. 15 de la Ley de Arbitraje, la Sala acuerda que se proceda al nombramiento de tres árbitros mediante sorteos sucesivos, uno para conocer de la impugnación correspondiente a M., S.L., otro para la relativa a DIRECCION000 y un tercero para resolver la controversia de SILOTRANS, S.L. Los designados deberán ser juristas pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y su elección se realizará por la letrada de la Administración de Justicia del Tribunal, previa citación de las partes para que puedan presenciar el sorteo.
Finalmente, el Tribunal estima la demanda en los términos de la pretensión subsidiaria, declara procedente el nombramiento judicial de los tres árbitros y no efectúa expresa imposición de costas. Para adoptar esta última decisión tiene en cuenta las dudas planteadas por la controversia y la circunstancia de que la pretensión acogida no había sido formulada en el requerimiento previo, aunque fue aceptada subsidiariamente por las sociedades demandadas durante el procedimiento judicial.
De conformidad con la presente decisión:
«En el caso que nos ocupa los estatutos sociales de constitución de las tres mercantiles demandadas contienen un artículo 24 idéntico, con la siguiente redacción:» Quedan sometidas a arbitraje todas las cuestiones litigiosas que deriven de la aplicación del contrato de sociedad sea entre esta o uno o más socios entre sí, salvo las que por ley no puedan sujetarse a esta sumisión .Y quedan obligados a cumplir la decisión de los árbitros todos los socios actuales o futuros por el mero hecho de serlo «.
Pues bien, los Estatutos incluyen una cláusula de sumisión a arbitraje que, prima facie, indica claramente la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas las controversias que surjan de la aplicación del contrato de sociedad sin exceptuar o excluir la impugnación de determinados conflictos societarios. Por ello, el nombramiento de árbitro en derecho para que resuelva sobre la validez de las convocatorias y de los acuerdos adoptados en los puntos 1 a 6 del orden del día, en los consejos de administración de las sociedades MULTAD, DIRECCION000 y SILOTRANS,S.L celebrados el 31 de marzo de 2026 separadamente, resulta en principio del articulo 24 del Convenio Arbitral al existir prima facie una cláusula estatutaria de sumisión a arbitraje, un convenio arbitral pactado entre la parte actora y demandada en este procedimiento.
Por todo lo razonado la solicitud de designación judicial de árbitro es procedente, al constar la existencia d convenio arbitral»
(…) La segunda cuestión que debemos abordar es la del procedimiento de designación judicial de árbitro frente a las mercantiles demandadas.
Pues bien, este Tribunal comparte el criterio de las mercantiles demandadas debiéndose desestimar la pretensión principal de un procedimiento arbitral con un árbitro único que dirimiera la validez de las convocatorias y los acuerdos adoptados en los consejos de administración de las tres sociedades, sustanciándose en un único procedimiento arbitral y por un único arbitro.
De la documental aportada por ambas partes se desprende que cada una de las sociedades demandadas son personas jurídicas distintas e independientes, por ello fueron tres las convocatorias, tres los consejos de administración celebrados de forma separada e independiente y, por ello, cada una de ellas adoptó sus acuerdos. Todo ello justifica la designación judicial de un árbitro mediante sorteo, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Arbitraje, para dirimir la controversia de cada una de las tres sociedades de forma separada e independiente por distintos árbitros, Letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria , mediante sorteo a realizar por las Letrada de la Administración de Justicia de este Tribunal en la Secretaria de este Tribunal de la siguiente forma: 1º.- designará por sorteo un árbitro que dirima la impugnación de la validez de la convocatoria y de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de M. S.L el 31 de marzo de 2026; 2º.- a continuación designará otro arbitro para que dirima la impugnación de la validez de la convocatoria y de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de …el 31 de marzo de 2026 y , por último; 3º.- se designará ,también por sorteo ,un tercer arbitro para que dirima la impugnación de la validez de la convocatoria y de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de S. S.L el 31 de marzo de 2026.Los árbitros deberán tener la condición de juristas».
