CIMA y la Corte Arbitral del Colegio de Ingenieros en Informática de Madrid impulsan el arbitraje especializado en controversias tecnológicas (16 noviembre 2026)

El convenio, firmado el lunes 16 de noviembre, crea una Comisión Conjunta paritaria y abre la puerta a administrar de forma coordinada arbitrajes con elementos mercantiles y tecnológicos.

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) y la Corte Arbitral del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid (CACPIICM) firmaron el lunes 16 de noviembre un convenio de colaboración para promover, desarrollar y, en su caso, administrar de forma coordinada procedimientos arbitrales en el ámbito de la ingeniería en informática. El acuerdo lo suscribieron Juan Serrada, presidente de CIMA, y Joaquín González Casal, decano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid.

Un arbitraje con perfil técnico

Los conflictos derivados de contratos de desarrollo de software, implantación de sistemas o servicios tecnológicos mezclan cuestiones jurídicas y técnicas que exigen árbitros capaces de entender ambas. El convenio nace precisamente de esa complementariedad: CIMA aporta su trayectoria como institución arbitral consolidada en el ámbito civil y mercantil, y la CACPIICM, su especialización en la ingeniería en informática.

Ambas instituciones conservan su plena autonomía organizativa y funcional, así como sus propios reglamentos, de modo que el acuerdo suma capacidades sin alterar la identidad de ninguna de las dos.

El papel del Colegio en la resolución de controversias tecnológicas

La creciente complejidad de las controversias relacionadas con las tecnologías de la información confiere al Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid una función relevante en la promoción de mecanismos especializados de solución de conflictos. Su conocimiento de los sistemas informáticos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y los procesos de transformación digital permite aportar criterios técnicos para esclarecer discrepancias surgidas en la ejecución de contratos tecnológicos, el desarrollo de programas informáticos, la implantación de sistemas empresariales o la determinación de responsabilidades por fallos de seguridad. Particularmente valiosa resulta su capacidad para facilitar la intervención de profesionales cualificados en actuaciones periciales y procedimientos de mediación y arbitraje, favoreciendo una valoración rigurosa de las cuestiones técnicas que acompañan a las pretensiones jurídicas. Su condición de corporación de Derecho público, unida a sus funciones de promoción de la calidad profesional, elaboración de buenas prácticas y colaboración con las Administraciones y los órganos judiciales, proporciona una base institucional adecuada para impulsar estas actividades. La cooperación con CIMA permitirá aprovechar tales capacidades en la prevención y resolución de controversias, mediante la participación de especialistas y el desarrollo de procedimientos adaptados a las características de la actividad informática, con pleno respeto a la independencia de los profesionales y a las garantías propias del arbitraje.

¿En qué colaborarán?

El convenio establece un marco de cooperación que podrá concretarse en:

  • El intercambio de información y buenas prácticas.
  • La organización conjunta de actividades formativas y científicas.
  • La elaboración de modelos de cláusulas arbitrales.
  • La promoción del arbitraje y de otros métodos adecuados de resolución de controversias, con protocolos de derivación en materia de mediación y conciliación.

En los asuntos que presenten elementos concurrentes de naturaleza mercantil y tecnológica, las dos cortes podrán acordar la administración conjunta o coordinada de los procedimientos, la remisión de casos de una institución a otra según criterios de especialización y la designación de árbitros con cualificación específica en ingeniería en informática. También intercambiarán información sobre sus listas de árbitros y facilitarán la designación de peritos expertos.

Además, las audiencias de los procedimientos administrados por la CACPIICM podrán celebrarse en la sede de CIMA, salvo que las partes o el tribunal arbitral decidan otra cosa. CIMA podrá poner a disposición sus instalaciones, servicios de secretaría y medios tecnológicos, en las condiciones que se pacten en cada caso.

El acuerdo crea la Comisión Conjunta CIMA-CACPIICM, un órgano paritario en el que cada institución tendrá al menos dos miembros titulares y un suplente. Se reunirá como mínimo una vez al año, adoptará sus decisiones por consenso y podrá incorporar expertos con voz pero sin voto.

Entre sus funciones figuran supervisar la aplicación del convenio, proponer criterios para repartir o remitir asuntos entre ambas cortes, resolver las dudas sobre qué institución debe administrar un caso, impulsar listas de árbitros especializados con estándares comunes de calidad y promover actividades de formación, difusión e investigación.

El convenio tiene una vigencia inicial de un año, prorrogable tácitamente.

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