Un Tribunal arbitral del CIADI condena a Perú a liberar los dividendos de Enagás y devolver una garantía de 65 millones de dólares por vulneración del tratado bilateral de inversiones (17 noviembre 2026)

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha dictado un nuevo laudo favorable a Enagás Internacional S.L.U. en su controversia con la República del Perú, al declarar que las restricciones impuestas a la empresa española en relación con sus participaciones en Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) vulneraron las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú. La decisión, notificada el 17 de noviembre de 2026, ordena permitir la libre transferencia al extranjero de los dividendos derivados de la participación de Enagás en TGP, cancelar y devolver una garantía bancaria de 65 millones de dólares y abonar más de cuatro millones de dólares en concepto de costas del procedimiento arbitral.

Antecedentes

La controversia se inscribe en una prolongada sucesión de diferencias entre Enagás y las autoridades peruanas relacionadas con las inversiones de la compañía española en el sector del transporte de gas natural. Su origen se encuentra en las consecuencias jurídicas y económicas de la terminación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) y en la posterior aplicación de la legislación peruana destinada a asegurar las responsabilidades civiles derivadas de determinados delitos de corrupción.

El 23 de enero de 2017, el Gobierno peruano puso término a la concesión del Gasoducto Sur Peruano, proyecto desarrollado por un consorcio en el que participaban Enagás, la constructora brasileña Odebrecht y la empresa peruana Graña y Montero. La decisión se produjo en medio de las investigaciones relacionadas con las prácticas corruptas atribuidas a Odebrecht y dio lugar a importantes discrepancias acerca de las consecuencias patrimoniales de la terminación de la concesión y del tratamiento que debía dispensarse a las inversiones realizadas.

La situación se vio posteriormente afectada por la aprobación de la Ley peruana n.º 30737, que estableció medidas destinadas a garantizar el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado en determinados supuestos relacionados con delitos de corrupción. La inclusión de Enagás Internacional en el ámbito de aplicación de dicho régimen tuvo consecuencias para la disponibilidad de los rendimientos procedentes de sus participaciones empresariales, particularmente por las restricciones impuestas a la transferencia al extranjero de los dividendos generados por TGP y por la exigencia de una garantía bancaria de 65 millones de dólares.

Las diferencias dieron lugar a dos procedimientos arbitrales ante el CIADI, ambos promovidos al amparo del tratado bilateral de protección de inversiones entre España y Perú. El primero, registrado con el número ARB/18/26, se centró principalmente en las consecuencias de la terminación del proyecto Gasoducto Sur Peruano. El segundo, identificado como ARB/21/65, tuvo por objeto las medidas que afectaban a los derechos económicos de Enagás Internacional en TGP y COGA.

En el primer procedimiento, el tribunal arbitral dictó un laudo el 20 de diciembre de 2024 por el que declaró que Perú había incumplido determinadas obligaciones internacionales derivadas del tratado bilateral. La decisión reconoció a Enagás una indemnización de 176 millones de dólares, a la que debían añadirse los intereses correspondientes, lo que elevaba el importe a aproximadamente 194 millones de dólares en la fecha de su notificación, además del 75 % de las costas procesales. El tribunal consideró asimismo que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley n.º 30737, con las consiguientes restricciones a la repatriación de dividendos procedentes de TGP, vulneraba las obligaciones convencionales asumidas por Perú.

El Estado peruano promovió posteriormente un procedimiento de anulación de aquel laudo ante el CIADI. Entretanto, continuó la tramitación del segundo arbitraje, relativo específicamente a las medidas que afectaban a las participaciones de Enagás en las sociedades peruanas mencionadas.

Contenido del nuevo laudo

Según la información comunicada por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 18 de noviembre de 2026, el tribunal arbitral del caso CIADI n.º ARB/21/65 ha declarado que la República del Perú incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 7 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú.

El pronunciamiento se refiere a las medidas adoptadas en relación con las participaciones de Enagás Internacional en TGP y COGA y reconoce la incompatibilidad de las restricciones examinadas con las garantías internacionales aplicables a la inversión española.

Como primera consecuencia, el tribunal ordena al Estado peruano permitir la libre transferencia al extranjero de los dividendos devengados, presentes y futuros, derivados de la participación de Enagás Internacional en Transportadora de Gas del Perú. La decisión afecta, por tanto, tanto a los rendimientos cuya transferencia se encontraba restringida como a los que puedan generarse posteriormente, con el propósito de restablecer la disponibilidad económica de los beneficios correspondientes a la inversión.

En segundo término, el laudo dispone la cancelación y devolución de la carta fianza de 65 millones de dólares que la empresa española había constituido al amparo de la Ley n.º 30737 y de su reglamento. La medida deja sin efecto, en los términos ordenados por el tribunal, una de las consecuencias patrimoniales de la aplicación de la legislación peruana anticorrupción a Enagás Internacional.

Por último, el tribunal condena a Perú al pago de las costas del procedimiento arbitral por un importe superior a cuatro millones de dólares.

El alcance económico de la decisión no debe confundirse con el de una condena indemnizatoria por la suma de 65 millones de dólares. El pronunciamiento relativo a dicha cantidad se refiere a la cancelación y devolución de una garantía bancaria, mientras que la obligación de permitir la transferencia de dividendos posee un contenido patrimonial propio, cuyo importe no se especifica en la comunicación difundida por la compañía.

Desde una perspectiva jurídica, la controversia plantea la relación entre las medidas estatales destinadas a combatir la corrupción y las garantías reconocidas a los inversores extranjeros mediante tratados internacionales. La adopción de disposiciones encaminadas a proteger los intereses patrimoniales del Estado puede suscitar problemas de compatibilidad convencional cuando sus efectos alcanzan a empresas y participaciones económicas amparadas por compromisos internacionales de protección de inversiones.

La decisión también pone de relieve la relevancia de las cláusulas convencionales relativas a la libre transferencia de rendimientos, cuya aplicación permite examinar restricciones que afectan directamente a la percepción y disponibilidad de los beneficios de una inversión. Conviene precisar, no obstante, que el contenido íntegro del nuevo laudo no se encuentra disponible entre los materiales examinados, por lo que no es posible determinar todavía el razonamiento seguido por el tribunal para apreciar cada una de las infracciones declaradas.

Consecuencias y perspectivas

El nuevo pronunciamiento arbitral representa otro resultado favorable a Enagás en sus controversias con Perú y refuerza la posición jurídica de la compañía respecto de las restricciones que han afectado a sus inversiones gasistas. Aunque ambos procedimientos comparten determinados antecedentes y se apoyan en el mismo tratado bilateral de inversiones, las decisiones responden a pretensiones diferenciadas y deben examinarse atendiendo al objeto propio de cada arbitraje.

El laudo de diciembre de 2024 reconoció una indemnización por las consecuencias de las actuaciones estatales relacionadas con el proyecto Gasoducto Sur Peruano, mientras que la decisión notificada en noviembre de 2026 impone obligaciones específicas relativas a la transferencia de dividendos, la cancelación de una garantía bancaria y el pago de las costas del procedimiento.

La efectividad económica del nuevo pronunciamiento dependerá de su cumplimiento por las autoridades peruanas. Enagás ha manifestado su voluntad de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno peruano para alcanzar una solución que facilite la ejecución del laudo de manera satisfactoria para ambas partes.

La sucesión de procedimientos ilustra, finalmente, cómo una controversia de inversión inicialmente vinculada a la terminación de un gran proyecto de infraestructura puede prolongarse mediante reclamaciones relativas a otras medidas estatales que afectan a los derechos patrimoniales del inversor. La aplicación de la legislación anticorrupción, las garantías de transferencia de rendimientos y los mecanismos internacionales de responsabilidad del Estado convergen así en una controversia cuya evolución continúa ofreciendo elementos de interés para la práctica del arbitraje de inversiones.

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