El Auto de la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Tercera, de 10 de julio de 2026(ponente: María del Carmen Padilla Márquez), estima un recurso de apelación contra una resolución que había acogido una declinatoria por sometimiento a arbitraje en una reclamación de gastos de asistencia sanitaria derivados de un accidente de tráfico. La Audiencia considera que el compromiso arbitral previsto en el convenio de asistencia sanitaria invocado por la aseguradora demandada no resulta oponible a la entidad reclamante, que no figura entre sus partes vinculadas y actúa como cesionaria del derecho de crédito de la persona perjudicada. En consecuencia, revoca la resolución recurrida, desestima la declinatoria y reconoce la competencia del órgano judicial para conocer de la reclamación.
Antecedentes
La controversia tiene su origen en una reclamación formulada por Prestaciones Médicas Concertadas, S.L., frente a Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, por los gastos correspondientes a la asistencia médica y hospitalaria prestada a una persona lesionada en un accidente de circulación. La entidad demandante ejercitaba la acción en calidad de cesionaria del derecho de crédito de la perjudicada y reclamaba el importe de los servicios sanitarios mediante la correspondiente factura proforma.
Durante la tramitación del juicio verbal n.º 1890/2025, la aseguradora demandada planteó una declinatoria por sometimiento de la controversia a arbitraje, invocando el Convenio de Asistencia Sanitaria Privada para los ejercicios 2023-2026. Según su planteamiento, las discrepancias relacionadas con la asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico debían someterse a los mecanismos de solución de diferencias establecidos en dicho convenio, que contemplaba la intervención de una Comisión Nacional de Vigilancia y de las correspondientes subcomisiones territoriales.
Mediante Auto de 8 de octubre de 2025, el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Santa Cruz de Tenerife, actualmente Plaza n.º 11 del Tribunal de Instancia, Sección Civil, estimó la declinatoria y declaró su falta de competencia para conocer de la pretensión ejercitada, al considerar que las partes estaban vinculadas por un compromiso arbitral. La resolución no efectuó especial pronunciamiento en materia de costas.
Prestaciones Médicas Concertadas, S.L., interpuso recurso de apelación alegando la inexistencia de un convenio arbitral válido y eficaz que pudiera vincularla, de conformidad con el art. 9 de la Ley de Arbitraje. Sostuvo que la deuda reclamada derivaba de la asistencia sanitaria efectivamente prestada y no directamente del convenio invocado por la aseguradora, sin que existiera un acuerdo de sometimiento a arbitraje respecto del crédito objeto del litigio. Asimismo, invocó el derecho a la tutela judicial efectiva y la existencia de resoluciones judiciales contradictorias.
La aseguradora se opuso al recurso y defendió la aplicación del convenio y de sus mecanismos de resolución de controversias. Añadió que la intervención de la entidad reclamante como intermediaria, así como la actuación del centro sanitario que había prestado la asistencia, presentaban irregularidades que debían examinarse mediante los procedimientos previstos en el propio convenio.
Apreciaciones de la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial centra su razonamiento en la determinación del alcance subjetivo del compromiso de sometimiento a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Convenio de Asistencia Sanitaria Privada para los ejercicios 2023-2026. El examen de las alegaciones de las partes y de las estipulaciones convencionales conduce al tribunal a distinguir entre la vinculación de la aseguradora demandada al referido convenio y la situación jurídica de la entidad reclamante, que no se encuentra integrada en él.
La estipulación quinta del convenio regula la Comisión Nacional de Vigilancia, encargada de velar por el cumplimiento de sus disposiciones, y contempla la creación de subcomisiones territoriales para conocer de las diferencias que puedan surgir durante su aplicación. Su apartado 5.5 establece la obligación de los centros sanitarios, las entidades aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros de someter dichas discrepancias a las subcomisiones mediante escrito motivado, con expresión de los antecedentes y de las cuestiones controvertidas. La Audiencia examina estas previsiones desde la perspectiva de los sujetos obligados por el convenio y de la relación jurídica de la que procede la reclamación.
A juicio del tribunal, la circunstancia determinante reside en que, aunque la aseguradora demandada se encuentra vinculada al convenio, no sucede lo mismo con Prestaciones Médicas Concertadas, S.L., ni con la titular originaria del derecho de crédito, que era la persona perjudicada en el accidente de tráfico. La reclamación se refiere a los gastos ocasionados por la asistencia médica y hospitalaria dispensada a esta última, cuyo derecho de crédito fue posteriormente cedido a la entidad demandante. La Audiencia descarta, por tanto, que la sola existencia del convenio permita extender automáticamente sus previsiones de sometimiento a los mecanismos convencionales de resolución de diferencias a quienes no aparecen vinculados por él.
El razonamiento judicial atiende igualmente a la objeción formulada por la aseguradora acerca de la intervención de una entidad intermediaria en la reclamación de los gastos sanitarios. Según la demandada, dicha intervención alteraba significativamente la finalidad y el funcionamiento del convenio, circunstancia que justificaba la utilización de sus procedimientos internos de vigilancia y solución de discrepancias. La Audiencia reconoce que las cuestiones relativas a la defensa y subsistencia del convenio pueden ser atendidas mediante los mecanismos previstos en sus estipulaciones, pero precisa que tales cuestiones no coinciden con el objeto del proceso sometido a su conocimiento.
La pretensión ejercitada por la demandante responde, en efecto, a su condición de cesionaria del crédito de la persona lesionada y se dirige contra la entidad aseguradora a la que atribuye la responsabilidad por el siniestro. Desde esta perspectiva, la controversia versa sobre la reclamación de los gastos de asistencia sanitaria y no sobre una diferencia surgida entre sujetos vinculados por el convenio en relación con su aplicación. La Audiencia considera insuficiente la invocación de sus estipulaciones para desplazar el conocimiento del litigio fuera de la jurisdicción ordinaria.
La resolución pone así de manifiesto la relevancia del alcance subjetivo del consentimiento al arbitraje cuando la controversia guarda relación con un instrumento convencional que regula mecanismos específicos de solución de diferencias. La existencia de una relación material entre el crédito reclamado y las prestaciones contempladas en el convenio no permite, por sí sola, afirmar la vinculación de la entidad cesionaria a sus previsiones. En el supuesto examinado, la Audiencia fundamenta la desestimación de la declinatoria en la ausencia de vinculación de la demandante y de la titular originaria del crédito al convenio invocado por la aseguradora, sin extender su pronunciamiento a una valoración general de la eficacia de los mecanismos establecidos en dicho instrumento.
En consecuencia, la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación, revoca el Auto de 8 de octubre de 2025 y desestima la declinatoria por sometimiento a arbitraje formulada por Mutua Tinerfeña. Declara competente a la Plaza n.º 11 del Tribunal de Instancia Civil de Santa Cruz de Tenerife para conocer del juicio verbal y no impone las costas de la segunda instancia a la recurrente, de conformidad con el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De conformidad con el presente Auto:
«Leídos los escritos de alegaciones de la parte que formula la declinatoria por sometimiento de las partes a arbitraje, y leído el Convenio Asistencia Sanitaria Privada Ejercicios 2023-2026, que aporta dicha parte, cabe concluir que, si bien, la demandada está vinculada al citado convenio no así la actora, Prestaciones Médicas Concertadas, ni menos aún, la titular original del derecho de crédito, la perjudicada en el accidente de tráfico en que se generaron las lesiones, en cuya asistencia y tratamiento médico- hospitalario se han producido los gastos que, en factura proforma se reclaman.
El citado Convenio en su estipulación 5. Recoge: «Se constituye una Comisión Nacional de Vigilancia dentro del marco del presente Convenio que velará por el correcto cumplimiento de sus estipulaciones. Asimismo, a propuesta de las partes 16 firmantes, se podrán constituir distintas subcomisiones de ámbito territorial por acuerdo de la Comisión Nacional. Los centros sanitarios, el CCS y las entidades aseguradoras se obligan a someter las diferencias que en aplicación del mismo puedan surgir a las Subcomisiones de Vigilancia correspondientes. Las subcomisiones, en su caso, deberán trasladar dichas diferencias, a la Comisión Nacional de Vigilancia.» Y en su apartado 5.5 dice: » Los centros sanitarios, las entidades aseguradoras y el CCS, se obligan a someter a las subcomisiones las diferencias que en aplicación del convenio puedan surgir mediante escrito motivado, en el que se expresen con claridad los antecedentes del caso, las discrepancias a resolver y aquellos antecedentes de relevancia.».
La aseguradora demandada pone de relieve la intervención de un intermediario, la actora, que altera de forma significativa la causa y los fines del Convenio, y tal cuestión, obviamente, debe ser atendida por los mecanismo previsto en el mismo para su defensa y subsistencia, pero ello no es el objeto del presente litigio, donde la actora, no integrada en el convenio y, además, como cesionaria del derecho de crédito de la perjudicada, reclama a la entidad aseguradora, que considera responsable del siniestro, los gastos de la asistencia médica -hospitalaria.»
