La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 7 de octubre de 2026 (ponente: Fernando Castillo Rigabert), desestima una acción de anulación contra un laudo de consumo dictado en equidad en una controversia relativa a la facturación del suministro eléctrico. La Sala considera que las exclusiones contenidas en la oferta pública de adhesión de la comercializadora al Sistema Arbitral de Consumo no permiten sustraer del arbitraje las reclamaciones sobre facturación por el mero hecho de que su resolución exija examinar las lecturas de los contadores o los consumos atribuidos a la empresa distribuidora. Asimismo, rechaza que las discrepancias con la valoración efectuada por el árbitro puedan fundamentar la anulación del laudo por vulneración del orden público, al no apreciarse irregularidades procedimentales ni una motivación arbitraria, ilógica o irracional.
Antecedentes
La controversia tiene su origen en una reclamación presentada por un consumidor frente a Curenergía, empresa comercializadora de electricidad, relacionada con la facturación del suministro y la determinación de los consumos correspondientes a un período que debía ser objeto de refacturación. La discrepancia afectaba a los criterios empleados para calcular la energía consumida, su distribución entre las distintas franjas horarias y la aplicación de los descuentos asociados al bono social del que era beneficiario el reclamante.
El consumidor acudió al Sistema Arbitral de Consumo, al que se encontraba adherida la comercializadora mediante una oferta pública que contenía determinadas exclusiones relativas a las controversias vinculadas con las redes de generación y distribución de electricidad de las que no fuera directamente responsable. La empresa entendía que los problemas relacionados con las lecturas de los contadores quedaban comprendidos en dichas exclusiones y que, por consiguiente, no podían ser resueltos mediante el procedimiento arbitral promovido contra ella.
El árbitro conoció de la reclamación y dictó un laudo en equidad que examinó los criterios de facturación utilizados por la comercializadora. Entre las circunstancias consideradas figuraban la disponibilidad de datos correspondientes al mismo período del año anterior, la distribución del consumo entre las franjas horarias punta, llano y valle y la falta de aplicación del descuento correspondiente al bono social. La resolución arbitral incorporó una motivación dirigida a justificar la solución adoptada atendiendo a las particularidades de la reclamación.
La comercializadora promovió una solicitud de rectificación del laudo, que fue rechazada. La resolución denegatoria razonó que las controversias relativas a las lecturas de consumo no podían quedar excluidas del arbitraje cuando incidieran directamente en la facturación, pues admitir semejante separación privaría de eficacia a la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo respecto de una parte sustancial de los conflictos propios de la relación contractual.
Posteriormente, Curenergía ejercitó una acción de anulación del laudo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, invocando los motivos previstos en los apartados c), e) y f) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje. Sostuvo que el árbitro había resuelto cuestiones ajenas al ámbito de su adhesión al sistema arbitral, que había conocido de pretensiones no sometidas a su decisión y que el laudo vulneraba el orden público, con referencia al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución.
Apreciaciones del Tribunal Superior de Justicia
La Sala inicia su examen advirtiendo que la entidad demandante no ha identificado correctamente las causas de anulación del laudo en las que pretende fundamentar su impugnación. El Tribunal considera necesario distinguir entre la falta de arbitrabilidad de una materia, la resolución de cuestiones no sometidas a la decisión arbitral y la inexistencia o insuficiencia del convenio arbitral, pues cada una de estas situaciones responde a presupuestos diferentes dentro del sistema de motivos tasados establecido por el art. 41.1 de la Ley de Arbitraje.
En relación con el apartado e) de dicho precepto, recuerda que la causa de anulación relativa a la resolución de cuestiones no susceptibles de arbitraje se refiere a materias legalmente excluidas de este mecanismo de solución de controversias. Su aplicación no puede extenderse a los supuestos en los que las partes hayan limitado convencionalmente el ámbito de su sometimiento al arbitraje. La objeción formulada por Curenergía no cuestionaba la arbitrabilidad legal de las reclamaciones sobre facturación eléctrica, pues se refería a la exclusión de determinadas controversias mediante las condiciones incorporadas a su oferta pública de adhesión.
Tampoco considera procedente la invocación del art. 41.1.c) de la Ley de Arbitraje, relativo a los supuestos en los que los árbitros hayan resuelto cuestiones no sometidas a su decisión. La Sala precisa que este motivo comprende los casos de incongruencia extra petitum, cuando el laudo concede algo que no ha sido solicitado o se pronuncia sobre pretensiones ajenas a las formuladas por las partes. Sin embargo, la comparación entre la solicitud inicial de arbitraje y el contenido del laudo permite comprobar la identidad entre las cuestiones planteadas por el consumidor y las efectivamente resueltas. No existe, por tanto, el exceso decisorio denunciado por la comercializadora.
El Tribunal señala que la objeción relativa a las exclusiones de la oferta pública de adhesión habría debido formularse, en su caso, al amparo del art. 41.1.a) de la Ley de Arbitraje, referido a la inexistencia o invalidez del convenio arbitral. En el Sistema Arbitral de Consumo, la oferta pública de adhesión desempeña una función equivalente al convenio arbitral en los términos previstos por el art. 24.2 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, y por el mismo precepto del Real Decreto 713/2024, de 23 de julio. La cuestión controvertida afectaba, en consecuencia, al alcance del consentimiento prestado por la empresa para someter determinadas reclamaciones al arbitraje de consumo.
Pese a los defectos advertidos en la identificación de los motivos de anulación, la Sala examina la viabilidad material de la pretensión y recuerda su jurisprudencia anterior, expresada en las Sentencias núms. 2/2020, de 21 de febrero, 1/2022, de 13 de enero, y 2/2025, de 2 de diciembre de 2025. La doctrina mantenida en dichas resoluciones permite distinguir entre las controversias que afectan exclusivamente a las actividades de generación o distribución y aquellas otras que, aun relacionadas con las lecturas de los contadores, repercuten directamente en la facturación emitida por la comercializadora.
La Sala considera que las exclusiones de la oferta de adhesión no pueden interpretarse de manera que vacíen de contenido el compromiso arbitral asumido por la empresa. Cuando las lecturas, reales o estimadas, sirven de fundamento a las cantidades facturadas, la controversia mantiene una relación directa con la facturación y queda comprendida en el ámbito de las reclamaciones susceptibles de conocimiento arbitral. La interpretación contraria permitiría excluir prácticamente cualquier discrepancia sobre el importe de las facturas mediante la alegación de que su cálculo depende de datos facilitados por la distribuidora, privando de eficacia al sometimiento al arbitraje de consumo en uno de sus ámbitos más habituales.
La sentencia presta atención igualmente a las razones expuestas por el árbitro para justificar el laudo dictado en equidad. La resolución arbitral había considerado que, al conocerse el período pendiente de refacturación y disponer de los consumos correspondientes al mismo período del año anterior, resultaba razonable tomar en consideración tales datos en lugar de limitar el cálculo a los correspondientes al mes de agosto de 2023. También había cuestionado la distribución prácticamente uniforme del consumo entre las franjas punta, llano y valle, al no corresponderse con los porcentajes reflejados en facturas anteriores no controvertidas. Finalmente, había advertido que no se había aplicado al consumidor el descuento correspondiente al bono social.
Las consideraciones anteriores permiten al Tribunal apreciar que el laudo contiene una motivación reconocible y vinculada con las cuestiones sometidas al arbitraje. La Sala no procede a revisar la corrección material de los criterios utilizados para efectuar la refacturación, pues semejante valoración excedería de las atribuciones que corresponden al órgano judicial en el procedimiento de anulación. Su examen se dirige a comprobar que la decisión arbitral responde a un razonamiento comprensible y que no presenta los defectos que permitirían apreciar una vulneración de las garantías esenciales del procedimiento.
Por último, la Sala aborda el motivo de anulación fundado en la contravención del orden público, previsto en el art. 41.1.f) de la Ley de Arbitraje. Recuerda la doctrina constitucional que identifica el orden público con los principios esenciales, las normas básicas inderogables y los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico, cuya protección impide reconocer eficacia a decisiones arbitrales incompatibles con las garantías constitucionales. La sentencia invoca, entre otras resoluciones, la STC 54/1989 y las SSTC 46/2020 y 17/2021, que delimitan el alcance del control judicial de los laudos arbitrales.
De acuerdo con dicha jurisprudencia, la acción de anulación no permite efectuar un nuevo enjuiciamiento del litigio ni reemplazar la valoración del árbitro por la del tribunal. El control judicial debe circunscribirse a los aspectos legalmente previstos, entre ellos la regularidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y el respeto de las garantías esenciales del procedimiento. La Sala recuerda asimismo el ATC 116/1992, que vincula la anulación por defectos procesales a las infracciones graves de las garantías protegidas por el art. 24 de la Constitución, sin extenderla a cualquier eventual error en la aplicación del Derecho material.
Aplicando estos criterios, el Tribunal advierte que Curenergía se limita a invocar genéricamente el derecho a la tutela judicial efectiva sin concretar las circunstancias que permitirían apreciar su vulneración. La documentación examinada acredita que la empresa fue debidamente notificada de la reclamación arbitral, pudo formular alegaciones y obtuvo una resolución motivada. Tampoco aprecia la Sala que el razonamiento del árbitro pueda calificarse de arbitrario, ilógico, irracional o carente de sentido.
La alegación relativa a la falta de legitimación pasiva de la comercializadora tampoco permite fundamentar la anulación, al referirse a una cuestión sustantiva vinculada con la responsabilidad por la facturación reclamada. Su examen exigiría revisar el fondo de la controversia y sustituir la decisión adoptada en el arbitraje por una nueva valoración judicial, posibilidad excluida por la naturaleza y finalidad de la acción de anulación.
En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestima la acción de anulación y mantiene la eficacia del laudo arbitral de consumo, reafirmando tanto el alcance de la adhesión de las comercializadoras eléctricas al sistema arbitral en las controversias de facturación como los límites del control judicial de los laudos dictados en equidad.
De conformidad con la presente sentencia:
«2.- Debemos señalar la incorrecta identificación por parte de la actora de las causas legales de anulación del laudo en las que sustenta su pretensión. Así, en lo que se refiere a la invocación del motivo previsto en el apartado e) del artículo 41.1 LA («que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje»),ha de advertirse que el alcance de dicha causa afectaría solo a aquellas materias excluidas legalmente del arbitraje -lo que no acontece en el presente caso-, pero no resulta aplicable respecto de las cuestiones que hayan sido excluidas convencionalmente, que es precisamente lo que la actora plantea.
En cuanto a la invocación de lo prevenido en el apartado c) del mismo precepto («que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión»),no puede olvidarse que abarcaría los supuestos de incongruencia extra petitumen que pudiera haber incurrido el laudo como consecuencia de conceder algo no pedido o que no se corresponda con las pretensiones deducidas por las partes.
La lectura de la solicitud inicial de arbitraje -que consta en el laudo arbitral cuya anulación se pretende, aportado como prueba documental con la demanda- es suficiente para constatar la identidad entre las cuestiones que se someten a la Junta Arbitral y las resueltas por la resolución impugnada. No asiste, por tanto, la razón a Curenergía cuando afirma que el árbitro ha decidido sobre pretensiones que no le fueron expresamente sometidas por el consumidor. Si lo que se quiere argumentar es que su oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo excluía cualquier litigio relacionado con las redes de generación y/o distribución de las cuales la comercializadora no fuera directamente responsable (entre ellos, los relativos a lecturas de contadores), entonces la causa invocada debía haber sido la prevista en el apartado a) del artículo 41.1 LA, por inexistencia de convenio arbitral o su equivalente en el Sistema Arbitral de Consumo (una oferta pública de adhesión), de conformidad con lo que preveía el artículo 24.2 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero o el mismo artículo del Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, actualmente vigente.
3.- No obstante los defectos que acabamos de señalar en la identificación de los motivos de nulidad, con el fin de agotar la respuesta de esta Sala a la pretensión que se nos plantea, entrando en el análisis de la viabilidad de la misma, debemos señalar que, por lo que hace referencia a la existencia de la cláusula de exclusión, es un tema que ha sido ya resuelto por esta Sala Civil y Penal en las Sentencias n.º 2/2020, de 21 de febrero, 1/2022, de 13 de enero y 2/2025 de 2 de diciembre de 2025 en doctrina que es perfectamente trasladable al presente caso puesto que los problemas planteados son análogos.
El núcleo argumental de nuestras resoluciones es perfectamente recogido en la resolución de no rectificación del laudo impugnado cuando afirma que «solo si la cuestión conflictiva excluida de la oferta de adhesión no hubiese tenido reflejo en la facturación, podría la entidad adherida invocar con razón que la reclamación de la consumidora quedaba fuera de los límites de dicha oferta y, por tanto, debía quedar excluida del arbitraje de consumo. Entender otra cosa supondría aceptar una adhesión inane y vacía de contenido con relación a los conflictos relativos a la facturación, al desligar a ésta última de la previa lectura, estimada o real, del consumo, que es su soporte imprescindible».
Adicionalmente, el árbitro ofrecía en el laudo, dictado en equidad, otras razones: a) estando claro cuál es el periodo pendiente de refacturación y disponiendo de los consumos realizados por el reclamante en el mismo periodo del año anterior (facilitados por la propia empresa), lo justo es que se tengan en cuenta los consumos de idéntico periodo de un año y otro y no solo los del mes de agosto de 2023 como hace la reclamada; b) en la factura se distribuyen los consumos entre las distintas franjas horarias (punta-llano-valle) sin tener en cuenta los consumos reales de facturaciones anteriores y hace un reparto del consumo prácticamente por igual en las tres franjas horarias cuando en facturas no controvertidas constan los porcentajes de cada franja y c) el reclamante es beneficiario del bono social y no se ha aplicado el descuento a que tiene derecho.
4.- El último motivo que nos resta por analizar es el que tiene su fundamento en el art. 41.1 f) de la Ley de Arbitraje: que el laudo contraviene el orden público.
El orden público es un concepto jurídico cuya precisa determinación ha sido realizada jurisprudencialmente, tras definirlo (por todas, en las STC 54/1989) como «aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico; y, por ende, a los efectos previstos en el artículo 41.1, apartado f) de la Ley de Arbitraje , debe considerarse contrario al orden público aquel laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el artículo 9.3 de la Constitución «.
Tal y como recuerdan las SSTC 17/2021 y 46/2020, la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje.
Por lo que se refiere a los aspectos formales o procedimentales, las causas de anulación judicial de un laudo, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje, referido siempre a objetos de libre disposición para las partes, necesariamente deben limitarse, como señala el Auto TC 116/1992, a los supuestos de contravención grave de las garantías esenciales de procedimiento aseguradas por el artículo 24 CE, sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso carentes de relevancia constitucional.
En el asunto que nos ocupa, el demandante se limita a realizar una genérica invocación del artículo 24 de la CE, pero no concreta las causas por las que entiende que se ha producido su infracción. Hemos podido constatar que el demandante fue debidamente notificado de la existencia de la reclamación, que efectuó alegaciones y que el laudo está motivado mediante un razonamiento que no podemos calificar de arbitrario, ilógico, irracional o carente de sentido. La falta de legitimación pasiva, a la que se refiere en su escrito, es un problema atinente al fondo de la controversia en la que, por razones obvias, no podemos entrar».
