La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 28 de octubre de 2026 (ponente: M. E. Alegret Burgués), estima una demanda de anulación de un laudo arbitral dictado en una controversia contractual por haberse omitido la notificación de actuaciones esenciales del procedimiento a una de las partes. La Sala considera que, aunque la negativa injustificada a recibir la comunicación inicial del arbitraje permite tener por cumplidas las exigencias del art. 5.a) de la Ley de Arbitraje, dicha circunstancia no exime de comunicar las actuaciones posteriores que resulten necesarias para garantizar los derechos de audiencia, contradicción y defensa. La falta de notificación de la conclusión del trámite introductorio y del nuevo señalamiento de la audiencia arbitral, pese a disponer el tribunal arbitral del domicilio social y de una dirección electrónica de la entidad afectada, determina la nulidad del laudo por infracción del art. 24 de la Ley de Arbitraje.
Antecedentes
La controversia tiene su origen en un contrato de prestación de servicios celebrado entre las sociedades Immocenter Rosas, S.L., y Por Tantas Cosas, S.L.U., que incorporaba una cláusula de sometimiento al Tribunal Arbitral de Girona (TAG). Ante las discrepancias surgidas en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la primera entidad presentó el 1 de noviembre de 2025 una solicitud de arbitraje simplificado para reclamar determinadas cantidades a la segunda. Aunque la instancia no indicaba el domicilio de la sociedad demandada, el contrato acompañado a la reclamación contenía su dirección social.
El TAG admitió la solicitud mediante acta de 3 de diciembre de 2025, procedió al nombramiento del árbitro, A. Blanch Brugarolas, y señaló inicialmente la audiencia para el 20 de enero de 2026. Al día siguiente acordó conceder a la parte demandada un plazo para contestar a la reclamación y, en su caso, formular reconvención, con advertencia de que el procedimiento continuaría en su ausencia si no presentaba el correspondiente escrito. La comunicación de estas actuaciones se encomendó a una empresa de mensajería, que intentó entregar la documentación en el domicilio social de Por Tantas Cosas, S.L.U., el 9 de diciembre de 2025.
La entrega fue rechazada por la persona que atendió al mensajero, sin que constara circunstancia alguna que justificara la negativa. Ante esta situación, el TAG solicitó a la entidad promotora del arbitraje una dirección electrónica de contacto de la sociedad demandada. La representación de Immocenter Rosas, S.L., facilitó la dirección de correo electrónico de una letrada que, según indicó, conocía el asunto. El 10 de diciembre de 2025 se remitió a dicha profesional un mensaje con un enlace para acceder a la documentación arbitral, cuya recepción fue acusada por una empleada de su despacho.
Posteriormente, el 9 de enero de 2026, el TAG remitió a la misma letrada la providencia de conclusión del trámite introductorio, dictada el día anterior. La destinataria rechazó la comunicación, negó disponer de facultades de representación de la sociedad demandada y manifestó que las notificaciones debían dirigirse directamente a esta. El tribunal arbitral aceptó que no procedía continuar utilizando aquella dirección, anunció que las comunicaciones posteriores se realizarían directamente a la entidad afectada y solicitó la eliminación de la documentación remitida.
Pese a ello, el TAG decidió proseguir las actuaciones sin efectuar nuevos intentos de notificación en el domicilio social de la demandada ni en una dirección electrónica de la propia sociedad que había sido localizada durante la tramitación. La audiencia inicialmente prevista para el 20 de enero de 2026 fue suspendida debido a una alerta meteorológica y trasladada al día 22 del mismo mes. Aunque la providencia de suspensión ordenaba comunicar el nuevo señalamiento a las partes, no se realizó ni intentó notificación alguna a Por Tantas Cosas, S.L.U.
La audiencia se celebró exclusivamente con la participación de la entidad reclamante y el árbitro dictó laudo el 5 de febrero de 2026, estimando la pretensión formulada por Immocenter Rosas, S.L. La resolución consideró válido el intento inicial de notificación en el domicilio social y la primera comunicación remitida a la letrada, haciendo constar la incomparecencia de la sociedad demandada.
Por Tantas Cosas, S.L.U., promovió entonces una acción de anulación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, invocando los apartados b) y d) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje. Alegó que no había podido ejercer sus derechos durante el procedimiento por falta de notificación de actuaciones relevantes. La entidad demandada en el proceso de anulación se opuso a la pretensión y sostuvo que la incomparecencia había sido voluntaria, al haberse rechazado injustificadamente la documentación remitida al domicilio social.
Apreciaciones del Tribunal Superior de Justicia
La Sala comienza recordando los límites del control judicial de los laudos arbitrales y la naturaleza de la acción de anulación. Con apoyo en su jurisprudencia anterior y en la doctrina del Tribunal Constitucional, señala que dicho procedimiento no permite revisar el fondo de la controversia, efectuar una nueva valoración de las pruebas ni sustituir la interpretación contractual realizada por el árbitro. El examen judicial debe circunscribirse a las causas legalmente previstas y, en particular, a la observancia de las garantías esenciales del procedimiento cuando se denuncia una vulneración de los derechos de audiencia, contradicción o defensa.
La sentencia recuerda, a este respecto, la doctrina recogida en la STSJ de Cataluña de 8 de enero de 2026, así como en otras resoluciones anteriores de la propia Sala, y toma en consideración las SSTC 17/2021, 50/2022 y 79/2022. De acuerdo con esta jurisprudencia, la intervención judicial debe respetar la autonomía de la decisión arbitral, aunque comprende la comprobación de la regularidad procedimental y del cumplimiento de las garantías fundamentales que permiten a las partes participar efectivamente en el arbitraje.
El Tribunal examina seguidamente los motivos de anulación invocados por la demandante. El art. 41.1.b) de la Ley de Arbitraje permite anular el laudo cuando una parte no haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales, o cuando, por cualquier otra razón, no haya podido hacer valer sus derechos. Por su parte, el apartado d) contempla los supuestos en los que la designación de los árbitros o el procedimiento no se hayan ajustado al acuerdo de las partes o, en defecto de este, a las disposiciones legales aplicables.
Para determinar si concurrieron tales infracciones, la Sala relaciona ambos preceptos con el régimen de notificaciones establecido en el art. 5 de la Ley de Arbitraje y con las garantías procedimentales recogidas en sus arts. 24, 25, 30 y 31. El primero regula las condiciones en las que las comunicaciones pueden considerarse recibidas, mientras que los restantes reconocen la igualdad de trato, la oportunidad de formular alegaciones, la libertad de organización del procedimiento dentro de los límites legales, el derecho a intervenir en las audiencias y las consecuencias de la incomparecencia de las partes.
La sentencia presta atención a la distinción entre la validez del intento inicial de notificación y la obligación de comunicar determinadas actuaciones posteriores. En relación con el primero, considera que la negativa injustificada de la sociedad demandada a recibir la documentación enviada por el TAG a su domicilio social permite tener por cumplidas las exigencias del art. 5.a) de la Ley de Arbitraje. La Sala rechaza que quien se niega sin motivo a recibir una comunicación correctamente dirigida pueda invocar posteriormente su desconocimiento para fundamentar una situación de indefensión.
Distinta valoración merecen las comunicaciones remitidas a la letrada cuya dirección electrónica había sido facilitada por la parte promotora del arbitraje. El Tribunal advierte que dicha profesional había mostrado previamente conocimiento del contrato litigioso, por lo que considera contraria a la buena fe su afirmación de desconocer a la sociedad que lo había suscrito. Sin embargo, tal comportamiento no permite atribuir validez a las notificaciones practicadas a través de su correo electrónico, especialmente después de que negara disponer de representación suficiente y el propio TAG reconociera la improcedencia de continuar utilizando aquel medio de comunicación.
La Sala destaca que el tribunal arbitral había admitido expresamente la necesidad de dirigir las notificaciones posteriores a la sociedad demandada. Pese a ello, la providencia de 8 de enero de 2026, por la que se declaraba concluido el trámite introductorio, no fue comunicada a Por Tantas Cosas, S.L.U., ni mediante un nuevo intento de entrega en su domicilio social ni a través de la dirección electrónica que el TAG había conseguido localizar. La omisión adquiere relevancia porque se trataba de una actuación que el propio órgano arbitral había considerado necesario notificar a ambas partes.
La misma deficiencia se produjo con ocasión de la suspensión de la audiencia inicialmente señalada y de su traslado al 22 de enero de 2026. Aunque la providencia correspondiente ordenaba comunicar el nuevo señalamiento a las partes, la sociedad demandada no recibió aviso alguno ni consta que se intentara practicar la notificación. La audiencia se celebró, por tanto, sin su intervención y sin que hubiera tenido conocimiento de la nueva fecha fijada para la práctica de las actuaciones previstas.
El Tribunal considera especialmente relevante esta última omisión, pues el art. 30 de la Ley de Arbitraje exige que las partes sean citadas a las audiencias con suficiente antelación y reconoce su derecho a intervenir personalmente o mediante representantes. La posibilidad de proponer pruebas, participar en su práctica y formular conclusiones exige que los interesados conozcan efectivamente la celebración de tales actuaciones o, al menos, que se hayan observado las exigencias legales para su comunicación. La falta de contestación inicial a la demanda arbitral no elimina estas garantías ni autoriza a prescindir de las notificaciones posteriores que resulten necesarias.
La sentencia distingue, de este modo, entre la facultad de continuar el procedimiento ante la incomparecencia de una parte y la obligación de respetar las garantías de audiencia y contradicción durante su desarrollo. El art. 31 de la Ley de Arbitraje permite proseguir las actuaciones cuando el demandado no presenta contestación o no comparece a una audiencia sin causa suficiente, pero dicha posibilidad presupone que se hayan cumplido las exigencias de comunicación correspondientes. La ausencia de una parte no equivale a una renuncia general a recibir las notificaciones de los actos esenciales del procedimiento.
La Sala precisa igualmente que la Ley de Enjuiciamiento Civil no resulta directamente aplicable a los procedimientos arbitrales ni opera con carácter supletorio, salvo acuerdo de las partes en tal sentido. Las exigencias cuya infracción determina la nulidad del laudo proceden, por consiguiente, de la propia Ley de Arbitraje y de los principios fundamentales que rigen la actividad arbitral, sin necesidad de trasladar automáticamente las reglas del proceso judicial.
A partir de los hechos acreditados, el Tribunal concluye que la falta de comunicación de la conclusión del trámite introductorio y del nuevo señalamiento de la audiencia afectó a actuaciones esenciales para el ejercicio de los derechos de la sociedad demandada. La disponibilidad de su domicilio social y de una dirección electrónica reforzaba la posibilidad de practicar las notificaciones, sin que el rechazo de la comunicación inicial justificara prescindir de los posteriores intentos de comunicación que resultaban necesarios.
La omisión de tales actuaciones supone, a juicio de la Sala, una infracción de los principios de audiencia, contradicción y defensa reconocidos en el art. 24 de la Ley de Arbitraje. La nulidad no se fundamenta en la mera existencia de irregularidades formales, pues responde a la privación de oportunidades procesales relevantes para intervenir en el procedimiento y hacer valer los derechos de la parte afectada.
En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima la demanda presentada por Por Tantas Cosas, S.L.U., y declara la nulidad del laudo arbitral de 5 de febrero de 2026. No impone las costas a ninguna de las partes, al apreciar dudas justificadas y considerar que ambas contribuyeron a las dificultades surgidas durante la tramitación. La entidad promotora del arbitraje no facilitó la dirección electrónica de la sociedad demandada cuando le fue requerida, mientras que esta rechazó injustificadamente la primera comunicación y su letrada mantuvo una conducta que la Sala califica de contraria a la buena fe.
De conformidad con la presente sentencia:
«1. De los hechos declarados probados se infiere que la demanda debe ser estimada.
2. Ciertamente el intento de notificación de la instancia inicial y del acta de admisión y trámite introductorio podía entenderse válido a tenor de lo dispuesto en el art. 5 a) de la LA pues negada sin motivo ninguno la recepción de la documentación remitida por el TAG, no cabe alegar desconocimiento ni indefensión cumpliendo el intento las previsiones del art. 5 a) in fine de la LA antes transcrito.
3. Sin embargo respecto de las notificaciones intentadas con la letrada Sra. Marisa , y sin obviar la mala fe en que esta incurrió manifestando desconocer a la sociedad firmante del contrato cuando en un mail de fecha anterior a la instancia arbitral (fol. 95) había demostrado conocer el contrato donde constaba el nombre de la sociedad al negar el pago reclamado con base al mismo, no cabe admitir su validez, sobre todo respecto de la notificación de la providencia de conclusión del trámite introductorio de procedimiento arbitral de 8 de enero de 2026.4.
4. Dicha providencia, que el propio TAG consideró debía notificarse a ambas partes (fol. 114), fue remitida a la letrada Sra. Marisa , pero como quiera que esta la rechazó, el propio TAG admitió que no era procedente, solicitando la eliminación de la documentación remitida, sin que tampoco intentase notificarla luego a la parte instada ni en su domicilio social ni en la dirección de correo electrónico de la sociedad, que ya conocía como en el FJ anterior se ha expuesto.
De igual forma, no se notificó a la demandada la fecha de la nueva vista, una vez suspendida la primera tal y como se había acordado en la providencia de 21 de enero de 2026 (fol. 126).
5. Cabe recordar que no solo el TAG consideró que tanto la conclusión del trámite introductorio como el nuevo señalamiento de la audiencia eran actuaciones que debían ser comunicadas a todas las partes, con independencia de que la parte instada no hubiese comparecido a contestar la demanda, sino que tal obligación se desprende de la normativa relacionada en el FJ 3º de esta resolución.
En especial la convocatoria de las audiencias en la que las partes podían proponer prueba y elaborar conclusiones.
6. La omisión de notificaciones de trámites esenciales del procedimiento, contando no solo con el domicilio social de la demandada sino también con su correo electrónico, supone una infracción del principio contradictorio, de audiencia y defensa que motiva la nulidad del laudo reclamada en la demanda por haberse infringido durante el procedimiento arbitral el art. 24 de la LA».
