La Junta Arbitral ha resuelto sobre cuestiones sometidas a su decisión y susceptibles de arbitraje una vez verificada la existencia y validez de la sumisión a arbitraje (STSJ Madrid CP 1ª 11 mayo 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de mayo de 2021 (ponente: David Suárez Leoz) desestima una demanda ejercitando la acción de anulación contra un laudo dictado por la Junta Arbitral de Transportes de Madrid, con los siguientes argumentos:

«(…)  La acción de anulación que se ejercita en este momento predica su anulación, en primer lugar, al amparo del motivo de nulidad contemplado en el art. 41.1º.a) de la Ley de Arbitraje: «1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido’. Y así, se alega por la demandante que no existía convenio arbitral válido, y lo fundamenta en que el procedimiento arbitral traía causa del Acuerdo de Transporte firmado entre ambas partes en fecha 6 de febrero de 2006, el cual contenía una sumisión expresa al procedimiento arbitral en caso de controversia, pero afirma que dicho Acuerdo de Transporte había quedado sin efecto en fecha 19 de diciembre de 2016, por decisión unilateral de UPS, tal y como recoge el laudo arbitral. Igualmente, afirma que tampoco existía sumisión tácita, al recogerse en el suplico de la demanda arbitral que la cuantía objeto de la controversia supera los 15.000 € (…). En este caso resulta lo siguiente: 1- Existió una relación comercial entre U. y A.E., S.L. con un convenio arbitral que se fijó en el acuerdo de fecha 6 de julio de 2006 sometiendo cualquier controversia a la Junta Arbitral del Transporte de Madrid (documento nº 3 de la demanda); 2.- La relación contractual seguía  vigente resulta meridianamente claro porque constan servicios de transporte realizados por UPS para la actora entre los meses de enero y marzo de 2017, y es la propia demandante la que afirma en el procedimiento arbitral que U. no comunicó a A.E. la rescisión del acuerdo comercial suscrito entre las partes, por lo que entiende que seguía vigente, por lo que solicita en tal procedimiento, como cuestión de fondo, que serían de aplicación los descuentos contemplados en aquel acuerdo, y muestra su disconformidad con las cuantías facturadas; 3.- La demandante en ningún momento comunicó a la transportista su voluntad contraria a la sumisión al arbitraje, ni en el acuerdo inicial, en el que expresamente se sometía a la cláusula arbitral, ni tampoco en ningún momento posterior a la fecha en el que se le comunicaba por U. que la línea de descuentos que se le venía aplicando no sería de aplicación a partir de diciembre de 2016, y 4.- La cantidad reclamada asciende a 14.886,10 € en concepto de servicios de transporte realizados para esta última en los meses de enero y marzo de 2017 y que, a fecha de hoy, continúan impagado. La objeción planteada por la parte hoy demandante, ya la opuso en tiempo y forma ante la Junta Arbitral, y es examinada en el laudo arbitral y rechazada, de forma razonada y razonable, al afirmar que la controversia objeto del procedimiento es competencia de la Junta Arbitral de Transporte de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 38.1º de la Ley 16/1.987, de 30 de Julio, de Ordenación del Transporte Terrestre, ya que el acuerdo comercial entre las partes seguía vigente, y es obvio que lo estaría asimismo el sometimiento expreso a tal Junta arbitral; pero si, por el contrario, no estaba vigente, concurre la presunción de sometimiento, en tanto en cuanto no consta que ninguna de las partes expresara su voluntad en contra de este sometimiento, ni la cuantía superaba los 15.000 euros. Es por ello que procede la desestimación de este primer motivo de anulación».

«(…) En un segundo motivo se alega por la actora que la infracción en que incurre el laudo arbitral cuya nulidad se pretende alcanza igualmente al orden público, en tanto que supone una grave alteración del procedimiento arbitral, que no permite descartar una infracción del principio de la tutela judicial efectiva, al haber resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje Pues bien, en cuanto a lo que se debe entender por orden público, la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020, tiene establecido: ‘Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente’. Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de amparo 3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y a la función de esta Sala, estableciendo el siguiente criterio: ‘…la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje. […] el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente’ ( STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4). La acción de anulación, por consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior. Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos, al no ser esta Sala una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia, y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues lo que pretende la actora es que esta Sala revise el laudo dictado en cuanto al fondo, como si esta Sala fuera una verdadera segunda instancia, y si limitamos nuestro examen del Laudo impugnado a los motivos que nos señala la referida Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, no podemos sino rechazar la denunciada vulneración del orden público. Y así, no se alega en ningún momento en la demanda de anulación infracción alguna de los principios que deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa. La Junta Arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje acordado por las partes, y entró a valorar adecuadamente su competencia para conocer de la pretensión de la ahora demandada, como hemos tenido ocasión de analizar en el anterior fundamento jurídico, y reiteramos que la decisión arbitral reconoce de forma motivada que la plena validez del convenio arbitral, y aún en su defecto, en todo caso, que existía una sumisión tácita al procedimiento arbitral, por razón de la cuantía y la ausencia de ninguna de las partes de manifestación expresa de su voluntad en contra de ese sometimiento. Ni la Junta Arbitral ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión, ni ha resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje, y una vez verificada la existencia y validez de la sumisión a arbitraje, debemos concluir que por ello no ha mediado infracción del orden público. Procede por todo lo expuesto desestimar la demanda formulada».

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