El error en la valoración de la prueba que pudiese justificar la anulación de un laudo no puede ser un error cualquiera sino un error «manifiesto o evidente” (STSJ País Vasco CP 1ª 25 septiembre 2020)

La Sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 25 de septiembre e 2020 desestima una solicitud de anulación de un laudo arbitral con el siguiente razonamiento:

“(…) un laudo únicamente contravendría el orden público si careciese de una motivación efectiva, fundamentada en Derecho –salvo que sea en equidad, obviamente–, o si, disponiendo de ella, pudiese considerarse arbitraria o voluntarista, una motivación aparente; no nos encontramos ante una apelación en la que quepa una revisión de lo ajustado a Derecho de la resolución –que subsanase el eventual desacierto del árbitro– sino ante una acción impugnatoria con causas tasadas de control, y que en lo material se limitan a la verificación del respeto a los principios básicos de nuestro sistema. Cuando las partes aceptan voluntariamente someter sus discrepancias a arbitraje, sea por rapidez, confidencialidad u otros motivos, están renunciando a un control global de los Tribunales de Justicia sobre la cuestión debatida, aceptando la resolución que en el laudo se refleje, siempre que respete los principios básicos de nuestro sistema, que en el procedimiento exista igualdad de armas, y, asumiendo, por tanto, el riesgo del error in iudicando del encargado de laudar, que en ningún caso supondrá la nulidad del laudo; razonamiento que establecimos, entre otras, en la sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2019 (…)”

“(…) No cabe acoger que nos encontremos ante un error patente y manifiesto en la valoración de la prueba, un error que, como hemos dicho, debiera ser de tal profundidad que supusiese la conculcación de esos principios básicos ordenadores de nuestro sistema; no es motivo acogible un simple error en la valoración de la prueba. El error en la valoración de la prueba que pudiese eventualmente justificar la anulación de un laudo no puede ser un error cualquiera –no nos encontramos ante una apelación plena– sino un error «manifiesto o evidente para cualquier observador neutral, e inmediatamente verificable, de forma clara e incontrovertible, a partir del resultado de las pruebas practicadas en el propio procedimiento arbitral, sin necesidad de recurrir a razonamientos, elucubraciones o explicaciones» en palabras del Tribunal Superior de Justicia de Navarra –sentencia de 28 de noviembre de 2019 5–; un error detectable a simple lectura del laudo por su carácter grosero e incontrovertible. A lo que añadimos que debe tratarse de un error relevante para el fallo, que suponga que de no haberse producido el laudo llevaría a unas conclusiones radicalmente distintas, no siendo suficiente, como se plantea en uno de los errores alegados, que la cantidad a pagar sea ligeramente distinta de la que correspondería; debe ser un error que tenga unos efectos sustanciales para quién lo alega, que suponga un gravamen material y no formal. En el presente caso el árbitro tiene en cuenta los escasos datos fácticos necesarios para resolver –fecha de jubilación, derechos consolidados e interés técnico antes y después de la variación– y siendo verdad que toma unos derechos consolidados erróneos, dada la escasa relevancia de la diferencia, difícilmente puede atribuirse a ese error la relevancia requerida; todo ello sin tener en cuenta que el error favorece a ELKARKIDETZA, al determinar unas obligaciones de pago inferiores a las que corresponderían, por lo que difícilmente puede considerarse que el error del árbitro suponga un gravamen para la entidad. Tampoco podemos hablar de un laudo del todo arbitrario, incongruente, incoherente y absurdo en tanto incluye una valoración de los hechos más que suficientemente razonable para vedar la eventual anulación del laudo – como hemos visto más arriba– y una fundamentación jurídica –como veremos más abajo– con la que se podrá estar de acuerdo o no, pero a la que no puede tacharse de incurrir en los referidos vicios”

“(…) No cabe estimar la impugnación del laudo por ser contrario a la normativa. (…) el control que a esta Sala le corresponde respecto de la aplicación material del Derecho está limitado a verificar que no se incumplen los parámetros básicos que configuran nuestro sistema legal –arbitrabilidad de la materia, igualdad de armas, contradicción…–, quedando excluido de su alcance el estudio de la aplicación del Derecho realizada por el árbitro, incluso si es –o pudiera ser– errónea: no nos encontramos ante una apelación que corrija el eventual desacierto del árbitro, sino ante una revisión externa del laudo, de sus aspectos esenciales. La parte recurrente ofrece a esta Sala una interpretación de la norma alternativa a la realizada por el árbitro, pero no pone de relieve en ningún momento la vulneración por parte de éste de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho. El árbitro pudo incurrir –o no– en error en la aplicación de la norma – error in iudicando– pero a esta Sala no le compete decidirlo por los motivos antes expuestos”.

“(…) únicamente se producirá un vicio de falta de motivación del laudo que suponga su nulidad cuando del mismo se derive la real indefensión de una de las partes, cuando la falta de motivación –o la motivación aparente– suponga la falta de respuesta efectiva –que no favorable– a las pretensiones de parte; vicio que, como ya adelantábamos, no se produce en este caso: el laudo recoge prolijamente los argumentos por los que estima la demanda y desestima los argumentos opuestos de contrario, respondiendo a todas las cuestiones planteadas por las partes. Falta de motivación no puede asociarse en ningún caso a desacuerdo con elfallo del laudo sino con la falta de respuesta o la respuesta aparente a las pretensiones de las partes. En cuanto a la eventual arbitrariedad en la motivación, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 28 de noviembre de 2019 antes citada, será «predicable de una resolución abiertamente contraria a las reglas más comunes o a los criterios de equidad que debieron sustentarla, fundada en la mera ocurrencia o el simple capricho, antojo o deleite personal de su autor, sin razón justificativa suficiente ni explicación que la sustente, más allá de una motivación meramente aparente»; vicios todos ellos que difícilmente se pueden considerar predicables del laudo hoy impugnado: la motivación del laudo podrá gustar o no, ser incluso mejorable o matizable, pero en ningún caso es «inexistente e insuficiente y, subsidiariamente, aparente, arbitraria, ficticia e imaginaria», por lo que a esta Sala sólo le cabe respetarla”

“(…) Entiende la parte actora que no existe congruencia entre el petitum de la demanda de arbitraje y la parte dispositiva del laudo, pues aquélla pedía que se determinase la forma en que debía calcularse su pensión y éste ha establecido el importe exacto que le corresponde cobrar (…). No procede estimar el presente motivo de recurso (…). Tal y como ya hemos dicho en nuestras sentencias de 9 y 11 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TSJPV:2019:2423) la existencia de una reclamación al amparo del (art.) 39.1.d) LA es una de las comprobaciones que debe realizar el Tribunal ante el que se plantea la extralimitación del laudo, de suerte que su carencia debe llevar a la desestimación de las pretensiones de anulación al amparo del art. 41.1º.c) LA. La razón de ello deriva de lo prevenido en el art. 6 LA relativo a la «Renuncia tácita a las facultades de impugnación» conforme al que «Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley», precepto que no deja de ser otra concreción del carácter eminentemente dispositivo del arbitraje, expresamente reconocido en la Exposición de motivos de la Ley reguladora, conforme a la que » en la mayoría de sus reglas de que debe primar la autonomía de la voluntad de las partes» y que es reconocido en la STC 15 de junio de 2020 (…). Por tanto, debemos decir, ahora expresamente, que la falta de previa solicitud de rectificación del laudo extralimitado en el momento oportuno veta la posibilidad de alegar ante esta Sala la eventual extralimitación (…). En este sentido no cabe acoger lo manifestado por la parte actora en relación con que la extralimitación del laudo no es parcial sino total, lo que lo dejaría fuera del ámbito del art. 39.1º.d) LA, tanto porque, como bien dice la parte demandada, nada se dijo cuando ésta sí pidió su complemento, sino por la propia naturaleza de nuestra revisión: siendo como es el sistema arbitral completo, no sujeto a control judicial salvo en aspectos que afectan a lo más básico de nuestro sistema legal, es necesario que cualquier error se intente enmendar previamente dentro del propio sistema arbitral, suponiendo la dejación de este derecho su renuncia (art. 6 LA)”.

“(…) No por tantas veces repetido deja de ser necesario decir una vez más que no nos encontramos ante una ‘apelación’ del laudo, sino ante un control externo del cumplimiento de ciertos requisitos procesales y materiales básicos, siendo menester que las propias partes y el árbitro depuren el laudo dentro del amplio margen de disposición que la norma les permite; permisividad que es más amplia de lo que permite la LEC a los Jueces y Tribunales, por lo que no cabe establecer comparaciones entre una y otra”.

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