No procede anular el laudo arbitral al no acreditarse que el demandante no pudiera hacer valer sus derechos, ni cabe apreciar infracción del orden público, por vulneración del principio de contradicción (STSJ País Vasco 24 febrero 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 24 de febrero de 2020 desestima una demanda de anulación contra un laudo  de la Junta Arbitral de Transporte del País Vasco. La cuestión suscitada consistía en determinar si se produjo producido la infracción del orden público por vulneración del principio de contradicción, al no haberse permitido a la ahora demandante el examen de la factura de compra de la máquina dañada, aportada por la parte reclamante en 13 de setiembre de 2019, y la evacuación de las conclusiones sobre aquel documento, limitando, así, el ejercicio de su derecho a examinar las pruebas aportadas. La sentencia precisa al respecto que: «La alegación no puede prosperar. Más allá de la correcta formulación, desde una perspectiva estrictamente formal, de la relevancia de la acreditación del valor de la mercancía para determinar la indemnización correspondiente por los daños sufridos por aquella, en el presente caso, no quedan debidamente justificadas la pertinencia ni la relevancia de la prueba en cuestión, además de omitirse en el escrito de demanda cualquier razonamiento que ponga en cuestión el quantum de la indemnización establecida, a pesar de conocerse en aquel momento procesal el contenido de la factura que recoge el valor de la mercancía dañada. El Árbitro razonó en el laudo arbitral, de 13 de setiembre de 2019, que, una vez determinada la responsabilidad de la empresa por los daños ocasionados en la mercancía transportada y considerando que el reclamante abonó un sobreprecio en concepto de seguro, asegurando la mercancía en 2.000 euros, fijó una indemnización por dicho importe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías ‘…’. Y, en aclaración del referido laudo, dictó resolución, en 31 de octubre de 2019, en la que razonó que, en aplicación del reiterado art. 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre ‘…’. Puede de todo ello concluirse que la utilidad del traslado de la factura a la parte reclamada en el procedimiento arbitral, a los efectos pretendidos en la demanda, no se ha justificado, al no haberse demostrado la supuesta incidencia sobre el resultado del arbitraje y la indefensión padecida al respecto, sino, al contrario, ha quedado patente su falta de pertinencia y relevancia, al no haber tenido en cuenta el Árbitro tal documento para establecer la indemnización correspondiente, ser ésta de cuantía inferior (2.000 euros) al que recoge la factura como valor de la mercancía (3.811,50 euros), y no haberse cuestionado razonadamente el quantum indemnizatorio establecido por el Árbitro. Consecuentemente a lo anteriormente expresado, no comparte este Tribunal el motivo impugnatorio relativo a que el demandante no haya podido hacer valer sus derechos, ni cabe apreciar infracción del orden público, al amparo del art. 41.1. letras b) y f) de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, por vulneración del principio de contradicción al no habérsele dado traslado y permitido el examen de la factura aportada por la parte reclamante».

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