Se deniega en reconocimiento en España de una sentencia venezolana en materia de menores por ser inconciliable con una resolución dictada en España

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 21 de junio de 2017 desestima  el  recurso de apelación contra un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia, que acordó el reconocimiento en España de una sentencia venezolana de 30 de noviembre de 2012 , dictada por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Caracas en lo que se refiere al divorcio de las partes, pero no en lo relativo a las medidas en relación al hijo menor, de 7 años de edad. Para la Audiencia debe tenerse en cuenta “que la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil de 30 de julio de 2015 establece en su art. 46.1º, d) que no se reconocerán en España las resoluciones judiciales extranjeras firmes cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España. Consta que el día 30 de mayo de 2016 fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia un auto de medidas provisionales en el que se asignó la guarda del hijo a la madre, no se estableció un régimen de comunicación para regular las relaciones paterno-filiales, aunque sí se acordó que el demandante se relacione con su hijo por vía telemática o Skype una vez a la semana en horario adecuado, así como la obligación para el demandante de pagar la suma de 150 euros al mes en concepto de alimentos para el hijo. Consta que la sentencia venezolana asignó la guarda del hijo a su madre y fijó un régimen de comunicación que variaba según el padre se encontrara o no en Venezuela, y se estableció su obligación de pagar 1.407,47 bolívares al mes en concepto de manutención. Es clara la incompatibilidad de ambas resoluciones en lo que afecta al régimen de comunicación y a la obligación de alimentos, por lo que la decisión del Juzgado es adecuada al precepto citado más arriba, y debe confirmarse, pues de no ser así, habría dos títulos ejecutivos con medidas distintas referidas a un mismo menor”.

Competencia internacional internacional de los tribunales españoles para conocer de la demanda de guarda y custodia de un menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 1 de enero de 2017 revoca una decisión del Juzgado de Primera Instancia que había declarado  la falta de competencia internacional de los Juzgados y Tribunales españoles para el conocimiento de una demanda de guarda y custodia del menor Victorio , nacido en 2014 en España de padre que ostenta la nacionalidad española y madre rusa, residiendo la pareja y el hijo en España hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se desplazó a Rusia con el hijo, presentando el padre la demanda. Considera la Audiencia que “procede declarar la competencia del Juzgado nº 5 de Tarragona para conocer de la demanda de guarda y custodia del menor dado que se trata de relaciones paternofiliales y el art. 22.3º LOPJ atribuye la competencia para conocer de esas cuestiones a los Tribunales españoles, como una de las alternativas, cuando el demandante sea español. Si bien ello nos plantearía la cuestión de si en ese proceso se podrá conocer de los alimentos del menor, dada la disposición del art. 22.3º al que venimos refiriéndonos, que la atribuye a los Tribunales españoles únicamente si reside en España el acreedor, se entiende que ello sucede cuando la demanda sea de alimentos para mayores de edad, pero no cuando se trate de fijar alimentos para un menor como consecuencia de la guarda de los mismos, procesos en los que la fijación de los alimentos es una obligación derivada de la potestad parental que no se ve alterada por la forma de ejercicio de la guarda (Art. 233-10 del CCCat). En el caso de autos debemos estar a las fechas de presentación de la demanda, momento en el que procede señalar que el menor tenía su residencia, al igual que los padres, en España, pues en ella venia residiendo de forma habitual hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se trasladó a Rusia con el menor, presentándose la demanda el 8/9/2015 antes de que madre e hijo pudieren consolidar su residencia en el país al que se trasladaron, por lo que los tribunales españoles conservaban su competencia para conocer de la litis”

Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia del padre para modificar una resolución, sobre la residencia del menor, las obligaciones de alimentos y el régimen de visitas

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 15 de febrero de 2017, Asunto C-499/15: W,  considera que el art. 8  del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, y el art.o 3 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, deben interpretarse en el sentido de que  los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que han adoptado una resolución firme en materia de responsabilidad parental y de obligaciones de alimentos en lo que respecta a un menor de edad no siguen siendo competentes para conocer de una demanda de modificación de las medidas establecidas en esa resolución en el caso de que la residencia habitual del menor esté situada en el territorio de otro Estado miembro. Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de esa demanda son los órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro