Procede la declinatoria arbitral pues los motivos de impugnación no están en relación con el contenido de la cláusula de sumisión a arbitraje, sino con el cumplimiento de obligaciones pecuniarias (AAP Sevilla 6ª 19 enero 2023)

El Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Sexta, de 19 enero de 2023 , recurso nº 11073/2023 (ponente: Sebastián Moya Sanabria) confirma la decisión de instancia que estimó una declinatoria declarando la falta de competencia de este órgano judicial por estar sometida la cuestión objeto de controversia a arbitraje, absteniéndose de conocer de la misma. Entre otras cosas la presente decisión afirma que:

“(…) resolución recurrida en apelación debe ser confirmada, resultando plenamente asumidos por la sala los razonamientos jurídicos expuestos sobre competencia del árbitro para conocer no sólo de la reclamación pecuniaria planteada por el abogado, sino también sobre la validez del propio convenio arbitral puesta en duda por parte recurrente, pues según el art. 22 LA, ‘Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia’.

Es decir, la cuestión planteada por el abogado don Luis Carlos al oponerse a la cuestión de competencia por declinatoria, esto es, la imposibilidad de aplicar la cláusula de sumisión a arbitraje en razón a su eventual nulidad al figurar en unas condiciones generales de contratación impuestas por la financiera que no tuvo la oportunidad de negociar individualmente, es materia que no puede considerarse excluida del ámbito objetivo del convenio arbitral, a efectos de una decisión jurisdiccional que dé lugar a desestimación de la declinatoria por en razón a imposibilidad del árbitro de enjuiciar la validez del pacto de sumisión a arbitraje.

A tal respecto, se pronuncia el auto del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005 (recurso 1037/1998), en el que se indica: ‘En tal contexto, lo relevante es que el Sr. Jorge y la Caja de Ahorros de Madrid han convenido voluntariamente someter a arbitraje sus diferencias en lo relativo a la interpretación y ejecución del Convenio que han suscrito sobre prestación de los servicios profesionales del primero, y la validez y el cumplimiento de dicha estipulación no puede quedar al arbitrio del mencionado Letrado a través del sencillo expediente de acudir al procedimiento de jura de cuentas para reclamar los honorarios que se le adeudan, pues según dispone el art. 11.1º LA, el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los Tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que el interesado lo invoque mediante declinatoria”.

“(…) No obstante lo anterior puede añadirse, en relación a una eventual falta de validez del pacto que se invoca por el abogado recurrente, que sobre el concreto motivo de nulidad que se esgrime se pronuncia en sentido contrario al pretendido el auto del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2004 (recurso 1171/1998): ‘Se plantea por la oponente a la declinatoria que el contrato es de adhesión, sometido a su firma con abuso y sorprendiendo su buena fe, diciendo a tal fin el art. 5.2º de la Ley que se aplica, que ‘si el convenio arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la validez de este pacto y su interpretación se acomodarán a lo prevenido por las disposiciones en vigor respecto de estas modalidades de contratación’, que lo serán la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, en la redacción dada por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, para las que la modulación de tales contratos se hará conforme a los principios de la buena fe y a la correspondencia y correlación entre las prestaciones. No puede entenderse que se ha abusado de la buena fe y del sistema de contratación proporcional, en el contrato de que se trata, firmado por un letrado en ejercicio’.

En igual sentido, el ya citado auto 128/2021, de 30 de septiembre, de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Primera, indica: ‘En relación con esta segunda cuestión es necesario poner de relieve que no puede darse al contrato marco firmado por el sr. Indalecio con la entidad bancaria demandada para su contratación como procurador de la misma ante los tribunales de justicia en los procedimientos judiciales en que esta tuviera que intervenir, el carácter de contrato de ‘adhesión’ con todas sus connotaciones que se desliza en el recurso, y ello dada la condición de profesional del derecho que reconocidamente ostenta el sr. Indalecio , quien está lejos de la condición de consumidor a los efectos de la regulación de su relación mercantil con la entidad bancaria -que tiene por objeto precisamente su contratación como profesional del derecho para representar a la misma-, sin que por tanto le alcance, a los efectos aquí examinados, la condición de consumidor merecedor de la especial tutela dispuesta por la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias. Es por ello que no siéndole de aplicación lo dispuesto en el art. 82.2º del Texto Refundido de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios, correspondía al apelante la probanza acerca de la ausencia de buena fe en el actuar negociador de la mercantil demandada”.

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