La Audiencia Provincial de Pontevedra suscita una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia acerca de la de la validez de la extensión de la cláusula a un tercero no parte en el contrato en el que la cláusula está inserto (AAAP Pontevedra 1ª 16 mayo 2022)

Los Autos de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera, de 16 de mayo de 2022, nº 783/2021 (ponente Francisco Javier Menéndez Estébanez), nº 1120/2021 (ponente: Manuel Almenar Belenguer) nº 942/2021 (ponente; Jacinto José Pérez Benítez) deciden suscitar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia acerca de la cuestión de la validez de la extensión de la cláusula a un tercero no parte en el contrato en el que la cláusula está inserto. En síntesis, el razonamiento que justifica tal decisón es el siguiente:

«(…) 17. El recurso de apelación plantea un problema que con frecuencia surge ante los tribunales, con ocasión de la reclamación de los daños sufridos por la mercancía en contratos de transporte marítimo internacional. Se trata de determinar la eficacia frente al destinatario de una cláusula de prórroga de jurisdicción en favor de un tribunal de un tercer Estado, (en este caso, la High Court del Reino Unido), inserta en el documento contractual que ampara el contrato de transporte marítimo internacional de mercancías. En el caso, el contrato se documentó en un conocimiento de embarque, sujeto al régimen jurídico de las Reglas de La Haya-Bisby, en lo que hace a sus aspectos sustantivos generales.

18. El problema radica en la determinación de si esa cláusula, introducida por las partes del contrato de transporte, (cargador y porteador), es oponible al destinatario, que concertó el contrato de compraventa internacional con el vendedor en condiciones CFR, de manera que correspondía a éste la contratación del transporte y el pago del flete.

19. El Reglamento 1215/2012 potencia la autonomía de la voluntad de los contratantes en la elección de la jurisdicción aplicable. El Reglamento elimina la exigencia, -contenida en el Convenio de Bruselas y en el Reglamento 44/2001-, de que, al menos, una de las partes del acuerdo de elección de foro tuviere su domicilio en un Estado miembro, de manera que la autonomía en la determinación de la competencia internacional, -cuando no afecte a materias de competencia exclusiva-, se extiende a los casos de contratantes no domiciliados en la UE, siempre que la jurisdicción elegida en el pacto corresponda a un Estado miembro. También, con este mismo designio, se incluye una regla uniforme de conflicto, por cuya virtud la validez material del acuerdo se regirá por la ley material del Estado designado, y se potencia la autonomía de los pactos de prórroga de jurisdicción al establecerse su independencia respecto del resto de cláusulas contractuales (art. 25.5, cfr. STJ 18 de noviembre de 2020, C-519/19, EU:C:2020:933).

20. El concepto de acuerdo o convenio atributivo de competencias es una noción autónoma, que el Tribunal de Justicia ha ido perfilando en su jurisprudencia. Su interpretación se ha ido incluyendo en sucesivas versiones de las reglas positivas. Hoy, el artículo 25.1 del Reglamento mantiene la regulación amplia de los requisitos del pacto de prórroga de jurisdicción, siguiendo la línea interpretativa del Tribunal respecto del art. 17 del Convenio de Bruselas: a) acuerdo celebrado por escrito o verbalmente con confirmación escrita (lo que admite también medios electrónicos); b) acuerdo celebrado en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tuvieren establecidos entre ellas; c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

21. El precepto recuerda la regulación contenida en el artículo 17 del Convenio de Bruselas, que ya en su versión original admitía, junto a la forma escrita (o verbal con confirmación escrita), la alternativa de una forma ajustada a los hábitos entre las partes. De este modo, la cláusula sería válida siempre que se pactara » en una forma conforme con los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos delmismo tipo en el sector comercial considerado». El texto incorpora la doctrina sentada por la citada sentencia STJCE de 16 de marzo de 1999, (Asunto Transportes Casteletti ), y permite sostener que en el Derecho de la UE existe una presunción de conocimiento por el contratante de la existencia de la cláusula de jurisdicción, al ser una estipulación utilizada normalmente en el sector del tráfico marítimo internacional, entendido en un sentido amplio, sin referencia al tráfico de una determinada zona o a un tipo de carga específica. La sentencia expresamente afirmó, en su ap. 27, que constituía una presunción de consentimiento el hecho de que » los operadores de países que ocupan una posición preponderante en el sector del comercio internacional de que se trata observen de modo general y regular cierta práctica». Como medios de prueba expresamente mencionados a tal fin, se hacía alusión al hecho de que las mismas partes hubieran mantenido relaciones comerciales con anterioridad o con otras partes del mismo sector, o bien que el comportamiento en cuestión sea conocido de forma general, a lo que ayudará el hecho de que las correspondientes asociaciones de interesados den publicidad a sus formularios contractuales. Además, en interpretación del TJUE, no es necesario que exista vinculación entre elfuero elegido y la nacionalidad de las partes del contrato, o con el objeto litigioso. Es doctrina general la de que el juez nacional no debe examinar la cláusula a la luz de su justificación o del objetivo perseguido por la parte que la ha insertado. Frente a esta regulación, como se ha visto, el artículo 468 LNM exige un consentimiento expreso, separado e individual. Esta regla no es aplicable si la cláusula defiere la jurisdicción a un Estado miembro.

22. Las cláusulas de jurisdicción, y las de elección de la ley material aplicable, resultan inherentes al tráfico marítimo internacional. La cláusula es un acuerdo autónomo dentro de la relación jurídica en que se inserta; la separabilidad de la cláusula significa que el pacto de prórroga de jurisdicción puede estar sometido a un régimen jurídico diferente al resto del contrato en que se inserta en cuanto a la ley sustantiva aplicable. De este modo, la cláusula puede ser válida, aunque el contrato resulte nulo. Pero la autonomía de la cláusula de jurisdicción no supone su desconexión absoluta respecto del resto de pactos de la relación jurídica en que se inserta. La cláusula no puede desconectarse totalmente del contrato, de modo que seguirá a éste cuando se producen novaciones subjetivas o materiales. Esta nota resulta esencial cuando la cláusula se incorpore a un documento que tenga la naturaleza de título-valor, como es el conocimiento de embarque.

23. La autonomía de la voluntad de las partes a la hora de elegir la jurisdicción aplicable constituye uno de los criterios fundamentales para fijar la competencia internacional. Esta ha sido también la tendencia del Derecho Comunitario a partir del Convenio de Bruselas de 1968, en el Reglamento 44/2001, y lo es sin duda bajo el régimen del Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, (considerando 19). El Reglamento Bruselas I bis, (art. 25), y su interpretación por parte del Tribunal de Justicia, han establecido una regulación uniforme en cuanto a la determinación de las exigencias formales de validez de los acuerdos de prórroga de jurisdicción y su oponibilidad a terceros, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.

24. Sin embargo, en el Derecho español, la entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014, de 24 de julio) ha establecido una regulación propia respecto de la validez de las cláusulas de jurisdicción y arbitraje. Pese a establecer la vigencia general de las normas internacionales y del Derecho de la UE, la LNM dedica tres preceptos a regular las cláusulas de jurisdicción y arbitraje. Dos de ellos, -los arts. 468 y 469-, de alcance general, ubicados en el Título IX, dedicado a las » especialidades procesales», y otro, -el art. 251-, al regular la eficacia traslativa del conocimiento de embarque en el fletamento para el transporte de mercancías.

25. El artículo 468 LNM regula los aspectos formales de incorporación de la cláusula y los requisitos para su validez material; el precepto es aplicable a los contratos de utilización del buque, y a los contratos auxiliares de la navegación. El artículo 469 presenta un carácter supletorio, al establecer los criterios subsidiarios de atribución de competencia internacional en los casos en los no exista cláusula válida de jurisdicción. Por último, el artículo 251 es una norma de remisión al artículo 468, cuando la cláusula venga inserta en un conocimiento de embarque en el concreto marco del contrato de transporte de mercancías, y el título pase a de un tercero adquirente. Estas normas, -se insiste-, no figuran en el Reglamento Bruselas I bis, ni tampoco se contiene ninguna regulación en las Reglas de La Haya-Visby.

26. Esta regulación se justifica en la exposición de motivos de la Ley con la finalidad de » evitar los abusos detectados». La expresión alude a la idea de la necesidad de proteger los intereses de los receptores nacionales, tenedores de conocimientos de embarque en los que las partes originarias han introducido la cláusula de jurisdicción, titulares de la posición contractual más débil, especialmente en los casos de contratos de transporte marítimo en línea regular. La convicción que subyace es la de que obligar a litigar por pequeñas reclamaciones, a los empresarios nacionales, cargadores y receptores de mercancías, ante jurisdicciones extranjeras, puede suponer en la práctica una denegación de la efectividad de la tutela judicial. Desde esta justificación, se pretende que las cláusulas de jurisdicción y arbitraje sólo vinculen a las partes si son el resultado comprobado de una negociación individual y separada, precisándose que la sola inserción en el clausulado contractual en un contrato de adhesión no atiende tales requisitos, que se pretenden extensivos a los casos en los que se pretenda imponer la cláusula al tercero receptor del conocimiento de embarque.

27. Desde esta inicial perspectiva, creemos que no existirían problemas para que el Derecho interno contenga una regulación específica en los casos en los que no resulten aplicables los textos internacionales de aplicación preferente, o el Derecho de la UE. El problema nos lo planteamos cuando se pretende que las normas internas presenten una vocación de aplicación general, con la intención de llenar las aparentes lagunas que surgen en la aplicación de las normas del Derecho de la UE. Esta es la razón por la que hemos decidido formular el presente reenvío prejudicial.

28. En la sentencia Corek Maritime, de 9 de noviembre de 2000 (C-387/98 ), el TJ repitió la doctrina sentada en el caso Tilly Russ, al entender que «… en la medida en que la cláusula atributiva de competencia inserta en un conocimiento de embarque es válida en la relación entre porteador y cargador, dicha cláusula puede ser invocada trente al tercero tenedor del conocimiento desde el momento en que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, el tenedor del conocimiento se subroga en los derechos y obligaciones del cargador.»

29. Esta interpretación resulta coherente con el efecto de la circulación de los títulos valores y con las exigencias del tráfico marítimo en particular. La cláusula será oponible al tercero cuando el tenedor del conocimiento se subrogue, según el derecho interno, en las obligaciones del cargador.  Si fuera así, resulta irrelevante que ese tercero haya prestado o no consentimiento a la cláusula de jurisdicción: se le aplica en todo caso, pues de lo contrario, se le atribuirían al tercero más derechos que al sustituido. Por el contrario, si el tercero, tenedor del título no queda subrogado en los derechos del cargador, la oposición sí cobra sentido, porque no hay razón para que quede afectado por la sumisión de jurisdicción, si no ha prestado su consentimiento. De este modo serán las normas internas las que determinen los efectos de la cesión del título con respecto al cesionario. La subrogación íntegra por parte del tenedor del conocimiento se producirá cuando el documento de la contratación sea un título-valor, como sucede paradigmáticamente en el caso de los conocimientos de embarque. No se produce este efecto en el caso de otros documentos contractuales, como sucede con los sea way-bills o cartas de porte marítimas, que carecen de la condición de títulos valores.

30. Sin embargo, nos planteamos la posible contradicción entre esta jurisprudencia y la regulación contenida en el art. 251 LNM: Según una interpretación, cuando el TJ se refiere al » Derecho nacional aplicable», éste es precisamente el art. 251 LNM. Según esta tesis, en Derecho español la cesión de derechos derivada del título valor no sería plena, por lo que el pacto de jurisdicción exigirá en todo caso una negociación individual y separada. Esta es la interpretación que ha seguido la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el auto 218/2016, de 21 de diciembre (ECLI:ES:APB:2016:5241A), en un supuesto en el que la cláusula defería la jurisdicción a los juzgados de Marsella, así como la sentencia del mismo tribunal 1463/2019, de 23 de julio (ECLI:ES:APB:2019:9715), entre otras. No existen pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

31. Sin embargo, como hemos apuntado, desde este tribunal de apelación nos planteamos la posible inaplicabilidad de la norma interna en los casos en los que resulte de aplicación el Derecho de la UE, como acontece en el caso, por razones que exponemos a continuación.

32. En primerlugar, nos planteamos si el Derecho aplicable para juzgar sobre la validez de la cláusula debe ser el del Estado al que la cláusula defiere jurisdicción, en el caso el del Reino Unido. Así se sigue de una interpretación literal del artículo 25.1, cuando establece que la nulidad del acuerdo de prórroga de jurisdicción » en cuanto a suvalidez material» se determinará » según el Derecho de dicho Estado miembro», esto es, del Estado miembro al que las partes han deferido la jurisdicción, tal como ha señalado el TJ en la sentencia Benincasa, (STJ 3.7.1997, C-269/95 , EU:C:1997:337), y la sentencia de 18 de noviembre de 2020, (C-519/19, EU:C:2020:933). Si así son las cosas, si la cláusula defiere la jurisdicción a los tribunales de otro Estado comunitario, no podrá invocarse el artículo 468 LNM para exigir que la cláusula se haya negociado individualmente y de forma separada, sino que deberá atenderse a los requisitos que la legislación sustantiva de aquel Estado establece para juzgar sobre la validez intrínseca de este tipo de cláusulas.

33. En segundo lugar, admitiendo que el artículo 251 sea la norma interna que regula la transmisión de derechos derivada de la circulación del conocimiento de embarque, y que producida la circulación del título deba analizarse si el tercer tenedor del documento ha consentido individual y separadamente la cláusula, nos planteamos la duda sobre la forma de prestación de este consentimiento, cuestión que, creemos, no queda regulada por la ley nacional, sino por el Derecho comunitario. De admitirse lo contrario, se produciría el efecto de que cada Estado miembro analizaría según los requisitos de su legislación interna un aspecto que está expresamente regulado por el Reglamento, de imperativa aplicación. Y ya se ha visto cómo el Reglamento sigue el criterio del consentimiento presunto, si se dan los requisitos del artículo 25.1, regla que también habían venido aplicando pacíficamente los tribunales españoles (cfr. SSTS 29.9.05 – ECLI:ES:TS:2005:5650-, 8.2.07 – ECLI:ES:TS:2007:452-, 5.7.07 -ECLI:ES:TS:2007:4493-, y 27.5.08 -ECLI:ES:TS:2008:2580-, entre otras).

34. Y en tercer lugar nos planteamos la conformidad de un precepto como el art. 251 LNM, con la jurisprudencia del TJ, al escindir el régimen jurídico de la eficacia traslativa del conocimiento de embarque, y el de los acuerdos de elección de foro contenidos en dicho título. La jurisprudencia del TJ ha establecido que » en la medida en que la cláusula atributiva de competencia inserta en un conocimiento embarque es válida en la relación entre porteador y cargador, dicha cláusula puede ser invocada frente al tercero tenedor del conocimiento desde el momento en que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, el tenedor del conocimiento se subroga en los derechos y obligaciones del cargador», ( STJ C-387/98). Por su parte, en la Sentencia de 9 de noviembre de 2000 (asunto Corek Maritime), el TJ, al dar su respuesta a las cuestiones prejudiciales que se le plantearon sobre el artículo 17 del Convenio de Bruselas (antecesor del artículo 25 del Reglamento) distingue entre la eficacia de la cláusula de sumisión inter partes, y respecto del tercero tenedor: » 3) El tercero tenedor de un conocimiento de embarque estará vinculado por una cláusula atributiva de competencia contenida en él si dicha cláusula es válida y dicho tercero ha sucedido al cargador en sus derechos y obligaciones con arreglo al Derecho nacional aplicable. Si el tercero tenedor no ha sucedido al cargador, no podrá oponérsele la cláusula atributiva de competencia, a no ser que haya dado su consentimiento a ella. Los conocimientos especiales del tenedor o su prolongada relación comercial con el portador no son suficientes para presumir su consentimiento (tácito). 4) La cuestión con arreglo a qué Derecho nacional debe apreciarse si el tercero tenedor del conocimiento de embarque ha sucedido al cargador debe ser resuelta por el Juez nacional. Lo mismo ocurre con la cuestión de qué Derecho debe aplicarse si en el Derecho Nacional no se regula si el tercero tenedor sucede al cargador o no.»

35. Desde este tribunal nos planteamos si estos efectos de subrogación del destinatario en la posición del cargador son los sustantivos, derivados de la cesión del título- valor, de modo que, según el Derecho de la UE, desde el momento en el que esta subrogación de derechos sea plena, la cláusula es oponible, o si, por el contrario, los ordenamientos nacionales pueden establecer otros requisitos respecto de la validez de la cláusula de jurisdicción en tal contexto.

36. La respuesta que se ofrezca a dichas cuestiones resulta relevante para la resolución del litigio, pues de entenderse que el consentimiento del destinatario debe prestarse en la forma prevista en el Reglamento 1215/2012, la consecuencia sería la eficacia de la cláusula, dada la validez generalizada de esta clase de estipulaciones en el sector en el que se opera, con la consecuencia de la desestimación de la demanda y el archivo de las actuaciones. Además, debe señalarse que, en el presente caso, la resolución que se dicte, de asumir la eficacia de la cláusula, pone fin al procedimiento de forma definitiva al no caber recurso ordinario contra la misma.

37. Idéntica solución se produciría si se entendiera que los efectos de la transmisión del título de transporte son sustantivos, de manera que el derecho interno no puede regular separadamente el contenido de los derechos cedidos y la eficacia de la cláusula de elección de foro. A la vista de los razonamientos anteriores,

LA SALA ACUERDA: Plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes peticiones de decisión prejudicial:

1.- La regla del artículo 25 del Reglamento 1215/2012, cuando establece que la nulidad de pleno derecho del acuerdo de jurisdicción debe analizarse conforme a la legislación del Estado Miembro al que se defiere la jurisdicción, comprende también, -en una situación como la del litigio principal-, la cuestión de la validez de la extensión de la cláusula a un tercero no parte en el contrato en el que la cláusula se establece?.

2.- En el caso de circulación del conocimiento de embarque a un tercero, destinatario de las mercancías, que no intervino en la contratación entre el cargador y el porteador marítimo, ¿resulta compatible con el art. 25 del Reglamento 1215/2012, y con la jurisprudencia del TJ que lo interpreta, una norma como la contenida en el art. 251 de la Ley de Navegación Marítima, que exige que, para la oponibilidad de la cláusula a ese tercero, la cláusula de jurisdicción debe haber sido negociada con éste «individual y separadamente»?.

3.- ¿Resulta posible, conforme al Derecho de la UE, que la legislación de los Estados miembros establezca requisitos adicionales de validez para la eficacia frente a terceros de las cláusulas de jurisdicción insertas en conocimientos de embarque?.

4.- ¿Una norma como la contenida en el artículo 251 de la Ley de Navegación Marítima española, -que establece que la subrogación del tercero tenedor sólo se produce en forma parcial, con exclusión de las cláusulas de prórroga de jurisdicción- , supone la introducción de un requisito adicional de validez de estas cláusulas, contraria al artículo 25 del Reglamento 1215/2012?. Remítase testimonio de la presente resolución al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante correo certificado con acuse de recibo, dirigido a la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Rue du Fort Niedergrünewald, L- 2925 Luxemburgo LUXEMBOURG; y copia simple de la misma al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial – fax: 91 7006 350- (REDUE Red del CGPJ de Expertos en Derecho de la Unión Europea).

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