El TSJ de Andalucía sienta una importante doctrina sobre la posibilidad de anular un laudo por motivación insuficiente, contradictoria o arbitraria (STSJ Andalucía CP 1ª 28 septiembre 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 28 de septiembre de 2021 (Ponente: Miguel Pascuau Liaño) desestima íntegramente una demanda de anulación del laudo de 4 marzo 2020 y el laudo aclaratorio de 30 marzo 2020, dictados en el procedimiento arbitral nº 984 , administrado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, interpuesta por la Abogacía del Estado en representación de la mercantil A. La sentencia incluye las importantes consideraciones jurídicas en orden a la anulación de laudos arbitrales:

“(…) 1. El reproche a la motivación del laudo se centra en la existencia de contradicciones y falta de explicación jurídica con relación a un aspecto concreto, que consiste en si UTE B.A. incumplió o no su obligación de tener concertado un seguro todo riesgo de construcción, en periodo de construcción, y no de mantenimiento amplio, entre el 31 de enero 2012 y el 31 julio 2012, pues en el apartado 472 se dice que el periodo de mantenimiento amplio se inicia cuando se pasa de la fase II a la fase III, y por tanto el 31 julio 2012, mientras que en otras partes del laudo considera que ello ocurre a las ocho semanas del inicio de la fase de pruebas de funcionamiento, que se concreta en el día 5 diciembre 2011, por lo que incluso habría existido un exceso en la cobertura temporal del seguro de todo riesgo de construcción en periodo de construcción, desde esa fecha hasta el 31 enero 2012. Junto a ello, se esgrime que no se ofrece una explicación razonable y lógica sobre por qué no se consideró que UTE A había incumplido su obligación contractual de informar por escrito a A de la no renovación de la póliza, y en particular del paso del periodo de construcción al periodo de mantenimiento amplio, lo que le habría permitido advertirlo y requerirle para la prórroga o contratar por sí el seguro de daños.

2.- Tales déficits de motivación harían el laudo incomprensible, y no fueron subsanados, según la demandante, en el laudo aclaratorio de 30 de marzo de 2020.

3.- Las demandadas llaman la atención sobre el hecho de que la nulidad pretendida lo es a partes de la fundamentación jurídica, y no a pronunciamientos de la parte dispositiva. Pese a que ciertamente ello ha llamado la atención a la Sala, pues un déficit de motivación sin repercusión sobre la decisión adoptada puede ser objeto de una petición de aclaración pero no de nulidad, la Sala entiende que del cuerpo del escrito de la demanda se puede deducir que se solicita la nulidad de todos los pronunciamientos de la parte dispositiva con excepción de los apartados Primero 2º y 3º, pues el resto de pronunciamientos estaría relacionado con la motivación contenida en las partes del laudo que expresamente se mencionan, al versar sobre la concurrencia de presupuestos para la resolución a instancias de A. esgrimida en la reconvención, y sobre la aplicación de la excepción de incumplimiento invocada en la contestación de la demanda arbitral. Dicho de otro modo, es evidente que si hubieran de suprimirse, como pretende la demandante en este procedimiento, los apartados de la fundamentación jurídica que se mencionan, quedarían sin argumentar esos pronunciamientos a que nos hemos referido”.

“(…) Sobre la posibilidad de anular un laudo por motivación insuficiente, contradictoria o arbitraria. 1. Entiende la Sala, en línea con la doctrina más consolidada, que defectos graves en la motivación de un laudo impide dotarle al mismo de efecto cosa juzgada y de fuerza ejecutiva, pues no puede ser reconocido por nuestro ordenamiento jurídico como una resolución hábil para producir tales consecuencias equiparadas a las de una sentencia firme. Dicho de otro modo, entiende la Sala que si al laudo arbitral se le reconocen tales efectos es porque el procedimiento arbitral, tal y como está regulado en la ley, respeta tanto como un procedimiento judicial las garantías básicas o fundamentales del debido proceso que impiden apreciar indefensión, entre las que se encuentra, en nuestro Derecho, la necesidad de una motivación suficiente y no arbitraria. 2. También es doctrina constitucionalmente fijada que el déficit o defecto de motivación ha de ser de tal entidad que, o bien no haya posibilidad de entender la razón por la que se ha decidido de una manera y no de otra, o bien de la misma aflore que la ratio decidendi es arbitraria, alejada por completo de los nudos de la controversia seguida ante el órgano arbitral, hasta el punto de poder calificarse como objetivamente sorprendente (y por tanto, sin haber tenido ocasión la parte desfavorecida de hacer alegaciones o presentar pruebas que pudieran haber neutralizado el argumento), o falta de toda lógica argumentativa (partiendo de premisas manifiestamente erróneas, o incurriendo en falacias insoportables para un lector racional). 3. Conforma casi un estribillo jurisprudencia, por su reiteración, que no es admisible presentar como defecto de motivación la discrepancia sobre la decisión adoptada, es decir, descender a detalles muy particulares de la redacción del laudo, poner lupa fragmentariamente sobre afirmaciones expuestas a mayor abundamiento o no imprescindibles para sustentar la decisión. Dicho de otro modo, es necesario para obtener la nulidad por falta de motivación convencer a la Sala de que los defectos que se señalan en la motivación tienen incidencia directa, y no meramente conjetural, sobre la decisión, de manera tal que la subsanación de tales defectos comporte la necesidad de una reconsideración del asunto, pues de otro modo no cabría hablar de indefensión material. No hay déficit de motivación referida a un párrafo: ha de referirse a cada uno de los pronunciamientos, en función del contenido total del laudo. 4. En línea con todo lo anterior, ha de concluirse que es una exigencia de orden público la existencia de una motivación suficiente y no arbitraria o ilógica de los laudos, y por tanto puede invocarse como causa de nulidad de los mismos bajo la cobertura del orden público. Pero la Sala tiene empeño en insistir en que, más allá de la dificultad de precisar qué constituye el orden público y qué no (vieja cuestión de mucha literatura), la expresión ‘contrario al orden público’ del art. 41 LA exige no sólo una afectación o gravamen de un principio esencial del Derecho, sino también que dicha afectación o gravamen sean especialmente intensos y perceptibles sin necesidad de una delicada apreciación de largo recorrido que corra el riesgo de sobredimensionar las posibilidades de anular un laudo. 5. En los casos en que la demanda de nulidad esgrime un defecto de motivación, la Sala sigue el método de comenzar por leer atentamente el contenido íntegro del laudo, a fin de constatar si resulta comprensible, y si se exponen razones, compartidas o no pero no arbitrarias, que sustentan lógicamente la decisión. Sólo después se entra en el análisis detallado de los argumentos de la demanda. Se hace así a fin de evitar la normal tendencia de la parte demandada de identificar incoherencias, impresiones o contradicciones y darles el rasgo de determinantes de una decisión arbitraria. No se puede convertir este procedimiento en un examen pormenorizado de los últimos detalles de la motivación desde parámetros de máxima exigencia. Siempre podrán encontrarse aspectos mejorables en una argumentación, y la habilidad dialéctica puede presentar como graves quebrantos de la lógica total del laudo lo que no es más que un argumento equivocado, una contradicción insustancial, o un vacío o ruptura de continuidad en una secuencia argumentativa que en su conjunto es sostenible. Si hemos dicho que no es motivo de nulidad un defecto en la motivación que no tenga incidencia sobre el fallo hasta el punto de poder calificarlo como arbitrario, ello lleva a la Sala a disciplinarse intelectualmente para no entrar en laberintos de detalles que pueden acabar por confundir el bosque con alguno de sus matorrales, y por ello resulta esencial esa primera visión directa y de conjunto del laudo por parte de la Sala”.

“(…) Sobre la suficiencia y coherencia de la motivación del laudo cuya nulidad se pretende. 1. Desde los parámetros expuestos, la solución al caso deviene fácil, una vez que la Sala ha podido entender sin más dificultad que la propia de la complejidad de la cuestión de fondo, cuáles fueron los puntos controvertidos y cómo han sido resueltos. Por un lado, es muy fácil de entender por qué el tribunal arbitral consideró que concurrían causas de resolución del contrato imputables a A., no concurrían causas de resolución imputables a B.A., y tampoco hubo incumplimientos por ésta de entidad suficiente como para justificar una excepción de incumplimiento. Por otro lado, las contradicciones y silencios que se denuncian en la demanda, una vez indentificados, no pueden considerarse como sustanciales, en el sentido de determinantes de la solución adoptada. 2. En efecto, aunque en el ap. 472 del laudo se diga que el periodo de mantenimiento amplio de la póliza suscrita por U.B.A. se inicia con el paso de la fase II a la fase III de la relación contractual, y por tanto el día 31 de julio de 2012, afirmación que desaparece en el laudo aclaratorio en un reconocimiento de su carácter contradictorio, resulta evidente del conjunto de la lectura del laudo que, conforme a la interpretación que se lleva a cabo de las ‘contradicciones’ del contrato, del Anexo nº 10; de la propia póliza y sus modificaciones; y del hecho de sus sucesivas renovaciones aprobadas por A., el periodo de mantenimiento amplio de la póliza de seguro de construcción se iniciaba a las ocho semanas del inicio de las pruebas de funcionamiento, sin que se demorase por el hecho de la suspensión de dichas pruebas debido a la avería del bastidor nº 3. De tal interpretación obviamente puede discreparse, pero la Sala no tiene duda alguna de que está basada en un posible y no arbitrario uso de las reglas sobre la interpretación de los contratos en caso de oscuridad o duda. Más claro aún está que lo que resulta determinante de la decisión del tribunal arbitral es que a la fecha del siniestro (inundación), es decir, el 28 de septiembre 2012, ya se había agotado la fase de construcción del seguro todo riesgo de construcción, y que a tal fecha era ya exigible a A. la suscripción del seguro de daños materiales, sin que la cuestión de si en el periodo de tiempo entre el 31 enero 2012 y 31 julio 2012 U.B.A. debió o no mantener vigente el seguro de construcción en periodo de construcción (y no de mantenimiento amplio) afecte al núcleo de la controversia, al no calificarse como incumplimiento resolutorio por las razones hermenéuticas que se dan, ni condicionar en absoluto tanto la obligación de liquidar la obra ya efectuada como la existencia de una paralización de la obra por más de seis meses y por causa imputable a la dueña de la misma (A.), por cuanto, en calidad de tal, era quien había de sufrir el riesgo del daño de inundación el 28 de septiembre (es decir, concluida la construcción y puesta la planta en servicio, sin perjuicio de la pendencia de la reparación del bastidor nº 3) y proceder a la reparación del mismo, para lo que habría debido suscribir el seguro de daños materiales. La aparente contradicción, pues, además de ser corregida en el laudo aclaratorio, no provoca dudas sobre el conjunto de la argumentación en virtud de la cual el laudo concluyó que no puede hablarse de incumplimiento por la interpretación expuesta del contrato, el Anexo 10, la póliza y sus modificaciones. 3. Tampoco puede decirse que el laudo no haya explicado por qué el paso automático del periodo de construcción al periodo de mantenimiento amplio, en el seguro concertado por UTE B.A. no debía ser notificado por escrito a A., pues ello estaba previsto automáticamente en los contratos suscritos, y se hacía depender de circunstancias (entrega de la obra y transcurso del periodo de pruebas de funcionamiento) conocidas y constatadas por A. al menos en fecha 31 de julio de 2012 , por lo que no era una ‘incidencia’ en el contrato de seguro suscrito. Otro tribunal (arbitral o jurisdiccional) habría podido llegar a conclusiones diferentes; pero el laudo objeto de examen motiva con suficiencia aquellas a las que llegó.

Lo expuesto conduce a la desestimación de la demanda…”.

Un comentario

Deja un comentario