El TSJ de Cataluña desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral basada en dos motivos fundados en la vulneración del orden público por carencias diversas en la motivación (STSJ Cataluña CP 1ª 24 marzo 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 24 de marzo de 2021 (ponente: Jordi Segui Puntas) desestima una demanda de nulidad del laudo arbitral de fecha 8 de mayo de 2020, aclarado por resolución del siguiente 17 de julio, dictado por el Tribunal del Consolat del Mar de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona con, entre otras, las siguientes consideraciones legales:

‘(…) La última doctrina constitucional propugna una interpretación restrictiva del concepto de orden público como causa de anulación del laudo, a fin de evitar que esa noción sea tomada como un ‘ cajón de sastre’ que permita el control de la decisión arbitral. Razona, en efecto, la STC 17/2021 que el control judicial del laudo y su conformidad con el orden público ‘ no puede traer como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del derecho. Tampoco es una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia’. En definitiva, ‘si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público’. Habiendo unido el TC a la exigencia de coherencia formal del razonamiento, la de que el mismo, desde la perspectiva jurídica, no pueda ser tachado de irrazonable, entendiendo por tal ‘ aquellas resoluciones que, a primera vista, y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aludidas’. 3. El art. 37.4 LA dispone que ‘el laudo deberá ser siempre motivado’, con la única salvedad del dictado por acuerdo de las partes. Acerca de ese deber de motivación, la STC 17/2021 precisa que aun no siendo absoluta la semejanza entre los laudos arbitrales y las resoluciones judiciales, entre otras razones por cuanto en estas la motivación es una exigencia inherente a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE, mientras que el deber de motivar los laudos aparece en el art. 37 LA, tratándose por tanto de un requisito de exclusiva configuración legal, no obstante lo cual concluye admitiendo que cabe enjuiciar la observancia del deber de motivación en ambas clases de resoluciones con ‘ parecido canon de control’. A tal efecto razona que ‘ el derecho a obtener una resolución fundada, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad y ello, en materia de arbitraje, implica que la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión, que no deben resultar arbitrarios’. Asimismo, la STC 17/2021 subraya que de la escueta formulación del art. 37.4º LA solo se sigue que ‘ el laudo ha de contener la exposición de los fundamentos que sustentan la decisión’, pero no que la motivación deba ser convincente o suficiente (‘ no impone que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos presentados por las partes o que deba indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión sobre los hechos, o motivar su preferencia de una prueba sobre otra’), o que deba extenderse necesariamente a determinados extremos. En otro caso, se daría la paradoja de que el canon de motivación de los laudos, que no deriva del art. 24.1º CE, fuera más exigente que el impuesto a las resoluciones judiciales, este sí conectado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En conclusión, ‘ sólo a aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente podrá imputársele un defecto de motivación vulnerador del art. 37.4º LA (y reiteramos, no del art. 24.1º CE )’, fundando esta última apostilla en la validez constitucional del arbitraje, entendido como voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones judiciales que no vulnera el art. 24 CE. 4. La demandante apoya en primer lugar (submotivo primero) la arbitrariedad del laudo en la falta de correspondencia entre sus fundamentos de derecho y la parte dispositiva. A juicio de A. carece de sentido que se haga invocación de la doctrina del administrador de hecho y del levantamiento del velo para acabar estableciendo la condena de pago no en la cabeza de la persona física que encarnase esa administración de hecho (sea Ezequiel o su padre) sino en la de un ignoto ‘ órgano competente de la UTE’ (…). 6. La controversia sujeta al arbitraje deriva de ciertas diferencias surgidas en el desenvolvimiento de la UTE, principalmente en materia de pagos entre los socios de facturas y pedidos. El laudo subraya que en la persona de Ezequiel concurre una triple condición ‘ en el seno de la UTE’: es legal representante de A., miembro del Comité de Gerencia y Director de Administración. Asimismo, declara acreditado que su padre Martin es el administrador de hecho de A. al ser quien ‘ da las instrucciones’. También constata que la paralización funcional de facto de la UTE revela una inobservancia reiterada y recíproca de los deberes de lealtad y de buena fe en el ejercicio de los cargos sociales ( art. 227 LSC), ‘ faltando a lo normado en los estatutos de la UTE’, ya que cada socio antepone sus intereses particulares a los generales de la UTE. La paralización es atribuida tanto a la conducta de Ezequiel (en el Comité de Gerencia se niega a aprobar el plan de pagos confeccionado por él mismo en su condición de Director de Administración) como a la actuación coordinada de K. y C. (las propuestas de pago de facturas presentadas ante el Comité de Gerencia por el Director de Administración en diciembre de 2018 y febrero de 2019, que comprendían las facturas objeto de reclamación en el arbitraje, no contaron con el voto favorable de esas sociedades). Fijados esos presupuestos fácticos y tras precisar que la única demandada carece de legitimación para soportar las pretensiones de las instantes que conciernen a un tercero no presente en el arbitraje (son las pretensiones 1.3, 1.4. y 1.5 que se refieren a la valoración de la actuación del Director de Administración de la UTE), el laudo interpreta que con las pretensiones 1.1 y 1.2 ‘ se trata de obtener que A. preste su conformidad al pago de todas las facturas recibidas’, entrando a continuación a resolver esas pretensiones en atención a las reglas generales de pagos que rigen la UTE. El laudo tiene buen cuidado de precisar que, por consecuencia del principio de equivalencia de las prestaciones, las facturas que cada uno de los socios tiene derecho a cobrar deberán abonarse simultáneamente a todos los socios. De otro lado, lo que es de máxima relevancia en lo que aquí interesa, subraya que, siendo imprescindible que los pagos sean aprobados por unanimidad en el Comité de Gerencia y comoquiera que todas las facturas reclamadas en el procedimiento arbitral ya fueron examinadas en diversas reuniones de ese comité sin que ninguna de las partes aportase argumentos válidos desde la óptica de la mínima lealtad exigible entre los socios justificativos del voto contrario a su aprobación, ha de entenderse ‘tácitamente otorgado el consentimiento por todos los socios’ a los pagos que se reputan exigibles. 7. Ello sentado, nada más coherente con la naturaleza de la controversia sometida al juicio arbitral entre partes legítimas (diferencias en el régimen de pagos entre los socios de la UTE) y a la formulación de las pretensiones de pago de las instantes (las pretensiones 1.1 y 1.2, únicas a las que se contrae el juicio de fondo arbitral, persiguen la realización en el seno de la UTE de pagos concretos a favor de los dos socios instantes), que la determinación de que la innegable ‘ condena al pago’ que contiene la parte dispositiva del laudo ha de hacerse efectiva por el ‘ órgano competente de la UTE’ siguiendo las reglas de actuación interna de la propia UTE, lo que se traduce en que ‘ autoriza [los pagos] el Comité de Gerencia, el Director de Administración da la orden de pago y el Gerente la ejecuta’, tal como precisara la resolución arbitral de agosto de 2020. Dado que el propio laudo declara expresamente cumplida -vía consentimiento tácito- la aprobación unánime a cargo del Comité de Gerencia, la ejecución de la condena se contrae únicamente a la correspondiente orden de pago a cargo del Director de Administración y la ulterior realización efectiva (transferencia bancaria) a cargo del Gerente. Queda así justificada la razonabilidad de la mención al ‘ órgano competente de la UTE’ contenida en la parte dispositiva del laudo, lo que excluye toda asomo de arbitrariedad en la determinación de la condena al pago y de la subsiguiente metodología de cumplimiento. 8. El submotivo segundo tilda de incoherente el laudo por el hecho de reconocer la legitimación pasiva de A., única demandada en el procedimiento arbitral, sin establecer sin embargo frente a ella condena alguna. La demanda de nulidad razona al efecto que esa afirmada legitimación pasiva de A. debió ir acompañada de una condena a la misma en los términos propuestos por los instantes del arbitraje, esto es, a prestar su conformidad al pago de las facturas reclamadas. Sin embargo, incomprensiblemente la condena se hace recaer en el ‘ órgano competente de la UTE’. En definitiva, sostiene A., ‘ la fundamentación del laudo es incoherente en tanto que declara que la pretensión de demanda es una y, sin embargo, condena a realizar otra absolutamente distinta que, además, recae en persona ajena a la que fue demandada’. 9. Tampoco desde esta perspectiva es apreciable arbitrariedad o incoherencia en el laudo. En efecto, la argumentación del laudo pone de relieve que el conflicto hunde sus raíces en la reiterada conducta de los socios de la UTE T. haciendo prevalecer sus intereses particulares sobre los generales de la UTE, lo que, unido a la que califica de ‘desafortunada’ previsión estatutaria al exigir unanimidad en los acuerdos del Comité de Gerencia, ha desembocado en una paralización de facto de la UTE, ejemplificada en la falta de aprobación en ese órgano de los pagos a los socios de las facturas, contabilizadas o no. Ello explica que las pretensiones 1.1 y 1.2 de los instantes (reclamación del pago de un buen número de facturas y de pedidos no emitidos) se formulasen en forma de petición de condena a A. para que ordenase al Director de Administración de la UTE esos pagos, y que el laudo interpretase, una vez acreditada la triple posición ocupada por Ezequiel en la UTE (legal representante de A., miembro del Comité de Gerencia y Director de Administración), que el núcleo de esa reclamación dineraria estriba en que A. ‘ preste su conformidad al pago de las facturas’, razón suficiente justificativa de su legitimación pasiva en el procedimiento arbitral dada su condición de socia de la UTE junto con las sociedades instantes. No podemos compartir por ello que el laudo, pese a establecer la legitimación pasiva de A. en tanto que socia de la UTE T., haya omitido toda condena frente a la única parte demandada, puesto que la resolución arbitral acoge el núcleo de la pretensión actora al establecer que A. ha consentido tácitamente el pago de las facturas reclamadas, salvando así el escollo que impedía la satisfacción del crédito de las sociedades instantes”.

“(…) Vulneración del orden público (II). Motivación arbitraria 1. El segundo motivo de nulidad se formula también al amparo del art. 41.1º.f) LA y denuncia arbitrariedad en la motivación de la desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por A.. La demandante de nulidad arguye que la arbitrariedad del razonamiento -determinante de una mera apariencia de motivación- radica en el hecho de que los árbitros a fin de evitar la desestimación de la reclamación de los instantes que había de conllevar la falta de condena a la única demandada, optan por condenar a un tercero, de tal forma que ‘a efectos materiales’ A. es absuelta. 2. Partiendo de las consideraciones normativas y jurisprudenciales vertidas en el fundamento precedente tampoco este motivo puede ser acogido. Debe hacerse notar con carácter previo que la sentencia de este tribunal 50/2014, de 14 de julio, parcialmente transcrita en la demanda inicial, no abona en absoluto este motivo de nulidad, ya que la misma se limita a recordar -en su fundamento jurídico noveno que es el invocado en la demanda- que la legitimación procesal sancionada en el art. 10 LEC descansa en la relación jurídica meramente ‘ deducida en juicio’, con independencia de que exista o no en la realidad, por lo que es perfectamente compatible con un pronunciamiento de fondo absolutorio de quien preliminarmente ha sido reputado parte procesal legítima. Entrando en el fondo del motivo de nulidad significaremos que, como ya ha quedado expuesto, el laudo niega ciertamente legitimación pasiva a A. respecto de las pretensiones (1.3, 1.4 y 1.5) que considera ajenas al procedimiento arbitral por afectar a un tercero que no es socio de la UTE (la persona física Ezequiel ), pero también afirma con rotundidad la legitimación pasiva de la instada respecto de las pretensiones 1.1 y 1.2 ya que su objeto principal le concierne directamente. Así, el laudo concluye que ‘debe decaer la invocación formal de falta de legitimación pasiva en la instada, pues A. es uno de los socios de la UTE y se trata de una controversia en cuanto al funcionamiento de esta última’. De otro lado, no podemos compartir que A. ha sido absuelta ‘a efectos materiales’. Todo lo contrario. La declaración arbitral de que se entiende ‘tácitamente otorgado el consentimiento de todos los socios’ a la satisfacción de los créditos reclamados por los instantes, implica una verdadera condena de la única instada y legitimada pasiva, no en vano el laudo le atribuye con carácter forzoso un consentimiento a cuya prestación se resistía con tenacidad incluso en el propio procedimiento arbitral y que era imprescindible para la estimación de la pretensión dineraria actora. Debe reiterarse, por último, que el laudo enfatiza que ‘para poder efectuar cualquier pago es imprescindible el acuerdo unánime de los tres socios de la UTE’ y constata que en las reuniones del Comité de Gerencia habidas hasta entonces ninguno de los socios expuso claramente los motivos de oposición a la propuesta de pagos con argumentos fundados en las exigencias de la buena fe y de la lealtad entre socios, lo que hizo inevitable la resolución heterónoma de la controversia conforme al pacto arbitral contenido en los estatutos”.

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