Control por parte del tribunal al que se somete un asunto sucesorio en segundo lugar (STJ 6ª 9 septiembre 2021, as. C-422/20)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Sexta, de 9 de septiembre de 2021 (asunto C–422/20, RK y CR) declara que el Derecho de la unión debe interpretarse en el sentido de que, para que se considere que un tribunal se ha abstenido de conocer, en el sentido del art. 6, letra a), del Reglamento (UE) n.º 650/2012, en favor de los tribunales del Estado miembro cuya ley haya sido elegida por el causante, no es necesario que el tribunal al que se haya sometido previamente el asunto se haya inhibido expresamente, pero es preciso que esa intención se desprenda inequívocamente de la resolución dictada al respecto

Tras el fallecimiento de su marido, de nacionalidad alemana, acaecido el 9 de marzo de 2017, CR solicitó al Amtsgericht Düren (Tribunal de lo Civil y Penal de Düren, Alemania) la expedición de un certificado sucesorio nacional y un certificado sucesorio europeo, sobre la base de un testamento ológrafo redactado en alemán en 1990 en el que los cónyuges se instituyeron mutuamente herederos únicos. RK, hermano del causante, impugnó la competencia de los tribunales alemanes para conocer del asunto alegando que, en el momento de su fallecimiento, el causante tenía su residencia habitual en España y que dicho testamento no contenía designación expresa de la ley que debía regir la sucesión. Mediante resolución de 20 de diciembre de 2017, el Amtsgericht Düren (Tribunal de lo Civil y Penal de Düren) consideró probados los hechos necesarios para la expedición de los certificados sucesorios solicitados.

A raíz de un recurso interpuesto por RK, y mediante auto de 4 de julio de 2018, el Oberlandesgericht Köln (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania) declaró que el Amtsgericht Düren (Tribunal de lo Civil y Penal de Düren) carecía de competencia para conocer del asunto, por considerar que los órganos jurisdiccionales españoles eran los únicos competentes con arreglo al criterio de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento, previsto en el art. 4 del Reglamento de Sucesiones.

Mediante auto de 29 de abril de 2019, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Estepona (España), a instancia de CR, decidió «abstener[se] de conocer [del procedimiento sucesorio incoado ante él], dado que los tribunales del Estado de Alemania [estaban] en mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión y habida cuenta de las circunstancias prácticas, como la residencia habitual de la parte afectada en este asunto y la ubicación de la parte esencial de la herencia».

CR presentó una nueva solicitud de expedición de un certificado sucesorio nacional y de un certificado sucesorio europeo al Amtsgericht Düren (Tribunal de lo Civil y Penal de Düren), invocando el auto del tribunal español. Mediante auto de 19 de febrero de 2020, el Amtsgericht Düren (Tribunal de lo Civil y Penal de Düren) se consideró competente para conocer de la demanda presentada por CR, al estimar que el auto del tribunal español constituía una abstención de dicho tribunal de conocer del asunto en el sentido del art. 6, letra a), del Reglamento de Sucesiones.

Así las cosas, RK interpuso recurso de apelación contra el auto del Amtsgericht Düren (Tribunal de lo Civil y Penal de Düren) ante el Oberlandesgericht Köln (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania), sosteniendo que existían varios motivos que se oponían a la competencia internacional de los tribunales alemanes. este último decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales:

Mediante la primera de ellas, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el art. 7, letra a), del del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo debe interpretarse en el sentido de que, para que se considere que un tribunal se ha abstenido de conocer, en el sentido del art. 6, letra a), de ese mismo Reglamento, en favor de los tribunales del Estado miembro cuya ley haya sido elegida por el causante, es necesario que el tribunal al que se haya sometido previamente el asunto se haya inhibido expresamente.

Responde el Tribunal de Justicia a esta cuestión que del tenor del art. 6, letra a), del Reglamento de Sucesiones se desprende que la inhibición presupone el cumplimiento de varios requisitos enumerados en dicha disposición y se basa en una apreciación del tribunal al que se haya sometido previamente el asunto de las circunstancias de hecho relativas a la sucesión, con el fin de decidir si los tribunales del Estado miembro cuya ley haya sido elegida, en virtud del art. 22 de dicho Reglamento, son los que están en mejor situación para resolver sobre la sucesión. Esta disposición permite, por una parte, garantizar que la autoridad que sustancie la sucesión aplique su Derecho nacional, como indica el considerando 27 de dicho Reglamento, y, por otra parte, alcanzar el objetivo de este último, consistente en atribuir la competencia a los tribunales que puedan resultar más cercanos a las partes o a los bienes de la herencia. El Tribunal de Justicia sigue considerando que, en cuanto al art. 7, letra a), del Reglamento de Sucesiones, este se refiere a la competencia de los tribunales de un Estado miembro cuya ley haya sido elegida y establece que dichos tribunales serán competentes siempre y cuando un tribunal al que se haya sometido previamente el asunto se haya inhibido en su favor, con arreglo al art. 6, letra a), de dicho Reglamento. Ahora bien, ni los términos del art. 6 del Reglamento de Sucesiones ni los del art. 7 de este contienen referencia alguna a la forma en la que el tribunal al que se haya sometido previamente el asunto debe acordar su inhibición y, en consecuencia, a la necesidad de una declaración expresa en este sentido por parte de dicho tribunal, si bien es cierto que el respeto del principio de seguridad jurídica implica que tal inhibición se desprenda inequívocamente de su declaración con el fin de evitar un conflicto de competencia entre este tribunal y el que sería competente en virtud del art. 7, letra a), de dicho Reglamento.

Por consiguiente, declara el Tribunal de Justicia que no es necesaria una inhibición expresa siempre que, como ocurre en el litigio principal, de la abstención por parte del tribunal al que se sometió previamente el asunto, en el sentido del art. 6, letra a), del Reglamento de Sucesiones, se desprenda inequívocamente que este se inhibió en favor de los tribunales del Estado miembro cuya ley fue elegida por el causante, a los que considera en mejor situación para resolver sobre una sucesión determinada. Es su opinión tal interpretación es conforme con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia, garantizado, en particular, por el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, que subyace a la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Sucesiones y que está consagrado en el art. 39 de dicho Reglamento, que tiene por objeto, en el ámbito de la cooperación en materia civil y mercantil, reforzar un sistema simplificado y eficaz de normas de conflicto, de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones judiciales adoptadas en el marco de una sucesión que tenga una incidencia transfronteriza, para contribuir a que se logre el objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros.

Pregunta también el órgano jurisdiccional remitente pregunta si los arts. 6, letra a), y 7, letra a), del Reglamento de Sucesiones deben interpretarse en el sentido de que el tribunal del Estado miembro que conoce del asunto a raíz de una inhibición está facultado para controlar si se cumplían los requisitos establecidos en dichas disposiciones para que el tribunal al que se había sometido previamente el asunto pudiera inhibirse. Y a ello responde el Tribunal de Justicia que el art. 39 del Reglamento de Sucesiones dispone que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en otros Estados miembros sin necesidad de recurrir a un procedimiento específico y el art. 41 de dicho Reglamento precisa que estas resoluciones en ningún caso podrán ser objeto de una revisión en cuanto al fondo. En cuanto a los motivos de denegación del reconocimiento enunciados en el art. 40 de ese mismo Reglamento, ninguno de ellos se refiere al supuesto de que el tribunal al que se somete el asunto en segundo lugar considere que, en la resolución relativa a la inhibición, se aplicó incorrectamente el art. 6, letra a), de ese Reglamento. Por consiguiente, la resolución de inhibición de un tribunal de un Estado miembro vincula a los tribunales de los demás Estados miembros tanto en lo que atañe a la resolución de inhibición de dicho tribunal, en virtud del art. 6 del Reglamento de Sucesiones, como en lo que atañe a la constatación de que se cumplen los requisitos enumerados en esa misma disposición. Entiende el Tribunal de Justicia que cualquier otra interpretación podría vulnerar los principios de reconocimiento mutuo y de confianza mutua, que subyacen al sistema establecido por el Reglamento de Sucesiones. La posibilidad de que un tribunal de un Estado miembro pudiera comprobar si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 6, letra a), del Reglamento de Sucesiones y, en su caso, negarse a reconocer una resolución de inhibición de un tribunal de otro Estado miembro iría en contra del sistema establecido por este Reglamento, ya que tal negativa podría debilitar el funcionamiento eficaz de las normas establecidas en el capítulo IV de dicho Reglamento y el mecanismo previsto en los arts. 6, letra a), y 7, letra a), del mismo Reglamento. Por consiguiente el tribunal del Estado miembro que conoce del asunto a raíz de una inhibición no está facultado para controlar si se cumplían los requisitos establecidos en dichas disposiciones para que el tribunal al que se había sometido previamente el asunto pudiera inhibirse.

Por último, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si las reglas de competencia establecidas en los arts. 6, letra a), y 7, letra a), del Reglamento de Sucesiones también son aplicables en caso de que, en su testamento, otorgado antes del 17 de agosto de 2015, el causante no haya elegido la ley aplicable a la sucesión y de que la designación de dicha ley solo resulte del art. 83, ap. 4, de dicho Reglamento. Responde el Tribunal de Justicia que a tenor del art. 83, ap. 4, del Reglamento de Sucesiones, si una disposición mortis causa se realizara antes del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con este Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión. Así pues, para el período anterior a la entrada en vigor de dicho Reglamento, esta disposición establece una presunción de elección de la ley aplicable a la sucesión, que produce el mismo efecto que la elección realizada en virtud de las disposiciones del mismo Reglamento. Además, la inhibición prevista en los arts. 6, letra a), y 7, letra a), del Reglamento de Sucesiones tiene por objeto permitir que un tribunal de un Estado miembro pueda inhibirse en favor de los tribunales del Estado miembro cuya ley haya sido elegida en virtud del art. 22 de ese Reglamento, cuando aquel considere que estos últimos están en mejor situación para pronunciarse, con el fin de permitir que sean los tribunales más cercanos a la sucesión de que se trate los que resuelvan el litigio correspondiente a esa sucesión. Una interpretación según la cual la aplicación de la ley que regula la sucesión en virtud del art. 83, ap. 4, del Reglamento de Sucesiones no permite que un tribunal se abstenga de conocer del asunto, en el sentido del art. 6, letra a), de este Reglamento, menoscabaría los objetivos mencionados en los aps. 54 y 55 de la presente sentencia. En esta dirección, concluye el Tribunal de Justicia que los arts. 6, letra a), y 7, letra a), del Reglamento de Sucesiones deben interpretarse en el sentido de que las reglas de competencia que establecen también son aplicables en caso de que, en su testamento, otorgado antes del 17 de agosto de 2015, el causante no haya elegido la ley aplicable a la sucesión y de que la designación de dicha ley solo resulte del art. 83, ap. 4, de dicho Reglamento.

Deja un comentario