Ley aplicable a un contrato por el que se transmite la propiedad mortis causa (STJ 1ª 9 septiembre 2021, as. C-277/20)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 9 de septiembre de 2021 (asunto C‑277/20: UM (Contrat translatif de propriété mortis causa), dispone que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que un contrato en virtud del cual una persona dispone que, a su muerte, la propiedad de un bien inmueble que le pertenece se transmita a otras partes contratantes constituye un pacto sucesorio a los efectos de ese precepto.

El 22 de julio de 1975, el padre de UM dispuso por contrato que, a su muerte, se transmitiera a su hijo y a su entonces nuera, por mitades, la propiedad de un terreno sito en Austria, incluido todo lo que, en el momento de su fallecimiento, se hubiera construido en él, con determinadas condiciones. Cuando se celebró el contrato, para el que se designó como ley aplicable el Derecho austriaco, todas las partes tenían su residencia habitual en Alemania. Entre las condiciones impuestas en dicho contrato, figuraban, en particular, la obligación del padre de UM de construir, en los diez años siguientes a la celebración del contrato, un edificio de dos viviendas y la circunstancia de que UM y su esposa siguieran casados y esta estuviera viva. En caso contrario, el contrato estipulaba que UM sería el único beneficiario. El padre de UM autorizó asimismo la inscripción de la transmisión de la propiedad en el Registro de la Propiedad austríaco previa presentación de un certificado de defunción oficial y de la prueba del cumplimiento de las condiciones impuestas para la ejecución de la transmisión. Antes del fallecimiento del padre de UM, acaecido el 13 de mayo de 2018 en Colonia (Alemania), UM y su esposa se habían divorciado y posteriormente esta había fallecido. El procedimiento sucesorio se abrió ante el Amtsgericht Köln (Tribunal de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania), lugar de la última residencia del padre de UM. UM solicitó la inscripción en el Registro de la Propiedad de su derecho de propiedad sobre el bien inmueble controvertido en el litigio principal ante el Bezirksgericht Hermagor (Tribunal de Distrito de Hermagor, Austria) aduciendo que, en el momento del fallecimiento de su padre, era el único beneficiario del contrato. El Rechtspfleger (gestor procesal, Austria) de ese tribunal, encargado de resolver dicha solicitud, consideró que la ley aplicable era la austriaca y denegó la solicitud por falta de pruebas que acreditasen el cumplimiento de las condiciones impuestas en el contrato en cuestión. El Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt, Austria) confirmó esa decisión al considerar, primero, que el Reglamento de Sucesiones no era aplicable, debido a la elección del Derecho austriaco en ese contrato, y segundo, que la entrega del bien inmueble en virtud de la donación mortis causa no podía efectuarse sin prueba de la construcción del edificio estipulada en dicho contrato.

UM interpuso recurso de Revision ante el órgano jurisdiccional remitente, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el art. 3, ap. 1, letra b), del Reglamento de Sucesiones debe interpretarse en el sentido de que un contrato en virtud del cual una persona dispone que, a su muerte, la propiedad de un bien inmueble que le pertenece se transmita a otras partes contratantes constituye un pacto sucesorio a los efectos de ese precepto. Y en su respuesta el Tribunal de Justicia razona del siguiente modo: el art. 3, ap. 1, letra b), del Reglamento de Sucesiones se refiere, de manera general, a un acuerdo que en particular confiera derechos relativos a «la sucesión o las sucesiones» futuras. A tales efectos, de conformidad con el art. 3, ap. 1, letra a), de este Reglamento, por «sucesión» debe entenderse «la sucesión por causa de muerte», término este que abarca «cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes […], ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión abintestato». De ello se sigue, en opinión del Tribunal de Justicia, que un contrato en virtud del cual una persona dispone que, a su muerte, se transmita la propiedad de un bien inmueble que le pertenece y que de esta forma confiere derechos relativos a su sucesión futura a otras partes de dicho contrato constituye un «pacto sucesorio» a los efectos del art. 3, ap. 1, letra b), del Reglamento de Sucesiones. Esta interpretación queda corroborada por el objetivo perseguido por este Reglamento, que consiste en evitar la fragmentación de la sucesión, conforme al principio de unidad de la sucesión, y en establecer un régimen uniforme aplicable a todos los aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte con repercusiones transfronterizas y en particular a «cualquier forma de transmisión de bienes […] por causa de muerte», como resulta de su considerando 9. Recuerda el Tribunal de Justicia a este respecto que, si bien, en virtud del art. 1, apartado 2, letra g), del Reglamento de Sucesiones, quedan excluidos de su ámbito de aplicación, en particular, los bienes transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, tal exclusión debe interpretarse de manera estricta. De ello se deduce que, cuando una estipulación contenida en un acuerdo relativo a una sucesión consiste, a semejanza de una liberalidad, en el sentido del referido art. 1, apartado 2, letra g), en una donación, pero no surte efectos hasta el fallecimiento del de cuius, está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Por consiguiente, el art. 3, ap. 1, letra b), del Reglamento de Sucesiones debe interpretarse en el sentido de que un contrato en virtud del cual una persona dispone que, a su muerte, la propiedad de un bien inmueble que le pertenece se transmita a otras partes contratantes constituye un pacto sucesorio a los efectos de ese precepto.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, si el artículo 83, ap. 2, del Reglamento de Sucesiones debe interpretarse en el sentido de que se aplica al examen de la validez de la elección de la ley aplicable, efectuada antes del 17 de agosto de 2015, para regir un pacto sucesorio del art. 3, ap. 1, letra b), de este Reglamento. Responde a ello el Tribunal de Justicia que el art. 83 de dicho Reglamento, titulado «Disposiciones transitorias», establece en su apartado 2 que, «cuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 2015, la ley aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las condiciones establecidas en el capítulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicación de las normas de Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad poseía». Como se desprende del propio tenor de esta disposición, en relación con los arts. 21 y 22 del Reglamento de Sucesiones, esta regula la validez de la elección de la ley aplicable a la totalidad de la sucesión. Pues bien, en presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende, sin perjuicio de la comprobación de este extremo por el órgano jurisdiccional remitente, que la elección del Derecho austriaco solamente se refería al pacto sucesorio celebrado por el de cuius con respecto a uno de sus bienes, y no a la totalidad de su sucesión, de modo que no puede considerarse que en tales circunstancias se cumpla el requisito para la aplicación del artículo 83, apartado 2, de dicho Reglamento. En definitiva, el art. 83, ap. 2, del Reglamento de Sucesiones debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable al examen de la validez de la elección de la ley aplicable, efectuada antes del 17 de agosto de 2015, para regir solamente un pacto sucesorio, a los efectos del art. 3, ap. 1, letra b), de este Reglamento, referido a un bien concreto del de cuius, y no a la totalidad de su sucesión.

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