Desestimación de una declinatoria arbitral pues la interpretación del convenio arbitral queda limitada a las controversias que deriven de ese acuerdo (AAP Badajoz 3ª 6 abril 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección Tercera, de 6 de abril de 2021 desestima una declinatoria arbitral razonando del siguiente modo:

“(…) Los demandados-recurrentes reiteran la falta de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia que planteó en la instancia al amparo del art. 63 LEC la correspondiente declinatoria, declinatoria que fue desestimada en la instancia (…). Argumentan los recurrentes este motivo afirmando que todas y cada una de las operaciones incluidas en las escrituras de compraventa que han sido anuladas en la instancia obedecen o responden al cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo Familiar suscrito por la actora y los demandados, su padre y sus hermanas, o bien a la consiguiente adaptación del mismo tras los incumplimientos de la actora, acuerdo que, en su estipulación 22.1, disponía ‘Todos los conflictos que puedan surgir entre los firmantes del presente Acuerdo en relación con la interpretación, cumplimiento o ejecución de cualquiera de los compromisos asumidos por el presente documento, serán resueltos mediante arbitraje de Equidad.’ Y responden así a las razones apuntadas por la juzgadora de instancia para rechazar la falta de jurisdicción invocada por sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje: 1ª El acuerdo no estaba suscrito por todos los intervinientes. La única firma que no consta es la de doña Modesta , ya fallecida, madre de las hermanas Manuela María Natividad Lucía y esposa de don Alejandro , ausencia de firma que tiene su razón en el hecho de que doña Manuela no formaba parte de ninguna de las empresas y sociedades familiares a las que se refería dicho acuerdo, su actuación en el mismo no era ni preceptiva ni necesaria, y su mención fue con la única intención de dejar constancia de su pertenencia a la familia y de su interés en la buena marcha de los negocios y empresas familiares, es decir, meramente testimonial, y de hecho, el acuerdo habla de firmantes, no de comparecientes, y así, la actora, en las Diligencias Previas núm. 35/2015 seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Almendralejo reconoció la existencia de dicho acuerdo, como también lo hace en la demanda, sin que nada objetara por la ausencia de esa firma. 2ª El acuerdo no se encontraba vigente a la fecha de interposición de la demanda pues en el mismo se establecía una duración y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. Ello no obsta al sometimiento a arbitraje para resolver cualquier controversia que pudiera surgir en la ejecución y desarrollo de dicho acuerdo, máxime cuando las compraventas declaradas nulas se llevaron a cabo en marzo y octubre de 2014, es decir, estando vigente dicho acuerdo; amen de ello, no corresponde al juzgador de instancia valorar si el convenio arbitral es o no válido, ello compete exclusivamente al árbitro correspondiente. 3ª La acción ejercitada en la demanda no guarda relación alguna con el contenido del acuerdo, la falta de consentimiento invocada por la actora para exigir la declaración de nulidad de las escrituras de compraventa impugnadas es ajena al contenido de dicho acuerdo. Poca o ninguna relevancia tiene que la acción ejercitada sea la de nulidad por supuesta falta o ausencia de consentimiento cuando los actos objeto de impugnación fueron ejecutados en cumplimiento del acuerdo familiar, lo verdaderamente relevante y objetivamente cierto es que las operaciones que se ejecutaron con las escrituras impugnadas estaban todas ellas contempladas en el acuerdo suscrito y firmado por la actora, su padre y sus hermanas, y por ello, cualquier controversia que pueda surgir en la aplicación, cumplimiento o ejecución de los compromisos asumidos con la firma del acuerdo deberían ser resueltos mediante arbitraje; asimismo, invoca el principio de separabilidad o de autonomía funcional del convenio arbitral recogido en el art. 22.1º LA. Pues bien, dando respuesta a las cuestiones planteadas, en primer lugar, hemos de indicar que si bien la juzgadora de instancia, en su auto de fecha 6 de septiembre de 2019, refiere que dicho acuerdo no está firmado por todos los reunidos, pues eran seis y aparecen solo cinco firmas, y que estableciéndose como fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, no constando su prórroga, carecería de vigencia en el momento de interposición de la presente demanda, mayo de 2019, de manera principal, señala, para rechazar la declinatoria formulada, que ‘… lo que se discute en el presente procedimiento ordinario es la falta de consentimiento de la actora a la hora de suscribir distintos contratos de compraventa al haberse hecho uso de dos poderes sin el consentimiento de aquélla, poderes a los que no se refiere el citado acuerdo por lo que en nada afecta la existencia de tal contrato……’ Por lo tanto, vamos a centrarnos en esa argumentación principal, no sin dejar de pronunciarnos sobre los otros dos extremos apuntados en dicha resolución: Es cierto, que en ese ‘Acuerdo Familia Manuela María Natividad Lucía ‘ de fecha 10 de abril de 2012, – obrante en el acontecimiento 86 del visor en la Pieza Separada de Medidas Cautelares- aparecen ‘ Reunidos’ no solo la actora y los cuatro demandados, sino también doña Modesta , esposa del demandado don Alejandro y madre de la actora y de las otras tres demandadas, ya fallecida, no siendo objeto de controversia que la firma que falta es la de la misma. Pues bien, ello en nada afecta a la resolución que nos ocupa, entendemos que no tenemos que pronunciarnos en este procedimiento sobre la validez o no de dicho acuerdo, y con ello, de la cláusula de sometimiento a arbitraje contenida en el mismo, por la ausencia de dicha firma. Eso sí, queremos dejar constancia de las contradicciones de los demandados-recurrentes respecto a la ausencia de la firma de doña Manuela en dicho acuerdo, ya hemos consignado la recogida en el escrito de recurso de apelación, la mención de doña Manuela en ese acuerdo era meramente testimonial; sin embargo, como hemos comprobado de visionado de la grabación del acto del juicio, en el trámite de conclusiones, el Letrado de los demandados afirmó que ese acuerdo estaba también firmado por la propia madre de la actora en base a los poderes que había otorgado a su marido; por cierto, en dicho acuerdo se decía que ‘ intervienen todos en su propio nombre y derecho’. Sí discrepamos de la juzgadora de instancia respecto a su afirmación de que el hecho de que el acuerdo no esté vigente a la fecha de presentación de la demanda hace que el mismo no pueda ser invocado, cuando se invoca respecto de actuaciones que se llevaron a cabo durante su vigencia, el otorgamiento realizado en el año 2014 de las escrituras públicas cuya nulidad se solicita. Dicho lo anterior, centrémonos en la cuestión principal, y así, comencemos recordando que el arbitraje es un sistema de heterocomposición de conflictos, conlleva la exclusión de la vía judicial, que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, es decir, la autonomía de la voluntad de todas las partes constituye la esencia y el fundamento de esta institución, y por ello, la renuncia al ejercicio de las acciones ante los Tribunales mediante una sumisión al arbitraje ha de ser explícita, clara, terminante e inequívoca. El convenio arbitral es aquel que expresa la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación o ámbito jurídico, contractual o no contractual; se trata de un negocio jurídico y, como tal, ha de ser objeto de interpretación, para poder ser aplicado, con arreglo a las normas generales sobre interpretación contenidas en los preceptos del Código Civil que se refieren a los contratos. Efectivamente, consta en autos ese acuerdo familiar firmado por la actora y los demandados, en cuya estipulación 22.1 se dice ‘ Todos los conflictos que puedan surgir entre los firmantes del presente Acuerdo en relación con la interpretación, cumplimiento o ejecución de cualquiera de los compromisos asumidos por el presente documento, serán resueltos mediante arbitraje de Equidad.’ Recordemos que la Ley de Arbitraje, Ley 60/2003, de 23 de diciembre, dispone en su art. 9.1 ‘ El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.’ y en su artículo 11.1 ‘ El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria……’ En primer lugar, hemos de preguntarnos por la amplitud del conocimiento del Juez para enjuiciar la validez e interpretación del convenio arbitral al decidir sobre la declinatoria, y al respecto existen dos tesis, una, apunta que la actuación del órgano judicial debería limitarse a realizar un análisis superficial, que comprobara la existencia del convenio arbitral y que, en caso de existir tal convenio, estimara la declinatoria, para que los árbitros decidieran sobre su propia competencia, sería la llamada ‘ tesis fuerte’ del principio kompetenz-kompetenz, que es la que sostienen los recurrentes, y otra, indica que el órgano judicial ha de realizar un enjuiciamiento completo sobre la validez, eficacia y aplicabilidad del convenio arbitral, sería la llamada ‘ tesis débil’. Pues bien, el Tribunal Supremo acoge esta segunda tesis, el enjuiciamiento que ha de realizar el órgano judicial sobre la validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclusión de las cuestiones objeto de la demanda en el ámbito de la materia arbitrable, no está sometido a restricciones (…). Pues bien, la interpretación del convenio arbitral contenido en la Estipulación 22.1º del Acuerdo Familiar antes trascrita queda limitada a las controversias que deriven de ese acuerdo, no afecta a otras cuestiones ajenas a ese ámbito como es la declaración de nulidad, por falta de consentimiento de la actora, de los contratos de venta de sus participaciones sociales en distintas sociedades familiares y de bienes inmuebles de su propiedad, que tienen una sustantividad negocial propia y diferenciada de dicho acuerdo.

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