Se pretende convertir un vínculo de naturaleza puramente mercantil en otro de carácter laboral, como si de una prestación individual de servicios se tratara para justificar la incompetencia de la jurisdicción española (STSJ Madrid Soc 6ª 6 junio 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección Sexta, de 6 de junio de 2020 confirma la decisión del el Juzgado de lo Social en procedimiento sobre despido que declaró la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer de la demanda, absolviendo a las empresas codemandadas. Razona el Tribunal del siguiente modo:

«(…) Seguidamente se alega infracción de los arts. 20 y 21 del Reglamento UE 1215/2012 y 25 de la LOPJ. Para sostener la denuncia jurídica el recurrente refiere que «el Reglamento Bruselas I (refundición) (UE) n.º 1215/2012 y el Reglamento Roma I (CE) n.º 593/2008 contienen disposiciones especiales que determinan cuál es el Estado o los Estados miembros cuyos órganos jurisdiccionales serán competentes para dirimir los litigios sobre contratos individuales de trabajo y la ley aplicable al contrato de trabajo, respectivamente. Estas disposiciones especiales establecen excepciones a los principios generales de la competencia judicial y la ley aplicable a fin de proteger a los trabajadores en su condición de parte débil del contrato. En general, estas disposiciones especiales permiten que la parte protegida solo sea demandada ante los órganos jurisdiccionales de su propio domicilio, pero permite a dicha parte, cuando actúa como demandante, elegir el órgano jurisdiccional competente». Y que «en los litigios entre trabajadores y empresarios, el Reglamento de Bruselas (refundición) y el Reglamento Roma I establecen que el principal factor de vinculación por el que se conectan entre sí el litigio, un órgano jurisdiccional concreto y la ley aplicable, es el «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo«. Lo que significa, según indica, que «el trabajador tendrá acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde desempeñe habitualmente su trabajo y que la ley de este Estado miembro se aplicará en general para resolver el litigio, incluso cuando el trabajo se desempeñe en más de un país como ocurre en el presente caso». Para terminar concluyendo que «las circunstancias concurrentes son suficientes para poder determinar la competencia de los tribunales españoles, lo que conllevaría la revocación de la sentencia en el sentido de declarar competente al tribunal de instancia y, en consecuencia, dictar la nulidad de actuaciones hasta el momento previo a dictar sentencia», por lo que la jurisdicción española es competente para enjuiciar el caso porque los servicios se prestan en territorio español (art. 25 de la LOPJ) (…). Podrían compartirse en su caso y eventualmente las anteriores argumentaciones si nos halláramos, como premisa básica y relevante para el caso, ante una relación laboral, una de cuyas características, sin la cuales no cabe predicar la existencia de contrato de trabajo, ex art. 1.1 del ET, es la prestación personalísima de los servicios. Según la prueba documental que antes hemos reseñado-contrato de representante de ventas y actuación del actor en este negocio jurídico como socio único, administrador único y representante legal de MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL respecto de la actividad comercial y servicios a realizar por esta última (gestión de cuentas de ventas y desarrollo comercial de los productos y servicios de ENGHOUSE NETWORKS LIMITED -se da una manifiesta relación contractual entre dos sociedades, una de las cuales tiene su domicilio en Dinamarca, lugar de celebración del contrato, en cuya claúsula 13 se dispone que «este acuerdo se rige por las leyes del Reino de Dinamarca». En definitiva, se pretende convertir un vínculo de naturaleza puramente mercantil en otro de carácter Laboral, como si de una prestación individual de servicios se tratara, con el fin de lograr, en primer término, la declaración de una categoría contractual de tal índole sometida a la legislación española, y acto continuo, asimilar la rescisión del contrato por voluntad expresa de ENGHOUSE NETWORKS LIMITED a despido improcedente, petición infundada que obliga a desestimar el recurso, tanto en lo que concierne a la declaración de tal improcedencia, como respecto de la cantidad solicitada en demanda».

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