Es de aplicación al término “costas del arbitraje” al que se refiere el art. 37.6º LA/2003 toda la regulación prevista en la LEC para las costas procesales (SAP Cádiz 8ª 16 noviembre 2020)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Octava, de 16 de noviembre de 2020 (ponente: María del Carmen González Castrillón) resuelve una controversia derivada de las costas en el arbitraje. Razona para ello del siguiente modo:

“(…) En el caso que nos ocupa, en el laudo se hace expresa mención a las costas del arbitraje que comprenden no solo los honorarios del árbitro y los gastos de administración, sino también los honorarios del letrado del demandante D. A.. El laudo arbitral impone las costas pero no liquida cantidad alguna. En el presente proceso ordinario, el letrado D. A., que ha defendido los intereses de B. en el procedimiento arbitral, reclama el pago de los honorarios devengados al demandado condenado en el laudo a su pago, B. Ha cuantificado dichos honorarios en la cantidad de 53.898,41 euros.

La primera cuestión a resolver es a quien corresponde la legitimación para reclamar el pago de los honorarios de letrado devengados en el arbitraje. El art. 37.6º LA establece que ‘con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros sino también los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral’. Entra por tanto dentro de las facultades generales del árbitro un pronunciamiento sobre a quien corresponde el pago de los honorarios devengados por los defensores de las partes La cuestión jurídica planteada no ha obtenido una respuesta unánime por parte de las Audiencias Provinciales. De una parte la SAP Cantabria de 12 de noviembre de 2019 sostiene que la legitimación para reclamar el pago de las costas del arbitraje corresponde al litigante del proceso arbitral que ha resultado acreedor de las costas (…). De otra parte, en las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21, de fechas 15/4/2009, 26/5/2009, 19/1/2010 y 7/12/2011, entre otras, se expone el criterio contrario (…). Y nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de febrero de 2002, ha establecido que «la condena en costas da lugar a un crédito a favor de la parte y no del Letrado, por lo que resulta irrelevante cual sea el Letrado interviniente, lo importante es que al Letrado lo designe la parte». A ello podemos añadir que el art. 44 LA remite como normas aplicables para la ejecución forzosa de los laudos con carácter general a las establecidas en la LEC. De tal forma que exigiéndose las costas por la presentación de la demanda de ejecución y actuaciones seguidas para la vía de apremio, el derecho a su percepción corresponde a la ejecutante, y ni siquiera de forma directa a su Abogado y Procurador. Además, conforme estableció la SAP Vizcaya 3ª 14 marzo 2018, el derecho del litigante vencedor a ejecutar por las costas en aquellos casos en los que el laudo expresaba que se condenaba a una parte al pago de las costas y que debería satisfacerlas a la parte contraria, conlleva por un lado que el litigante vencedor aparezca como acreedor en el título ejecutivo por esas costas artículo 538, apartado dos, de la Ley de Enjuiciamiento y podía solicitar la ejecución por el importe de las mismas, y por los trámites previstos de la ejecución. Y ello porque existe un laudo en principio firme y que reúne por tanto los presupuestos necesarios para proceder al despacho de la ejecución tanto por el principal reclamado en el procedimiento arbitral como por las costas del propio procedimiento que se contienen en el propio laudo. Por todo ello, el recurso debe ser desestimado y la sentencia confirmada en su integridad, excepto en el apartado de costas que ahora se dirá. En el presente caso, por razones de coherencia, el Tribunal va a mantener el mismo criterio expuesto. Añadimos que dado que el art. 37.6º LA utiliza el término “costas del arbitraje”, debe entenderse que al emplear el término costas es de aplicación toda la regulación prevista en la LEC para las costas procesales y con ello, resultan también de aplicación los criterios jurisprudenciales que, de forma constante y unánime, vienen concluyendo que es el litigante vencedor el que resulta acreedor del crédito que resulta del pronunciamiento de costas a su favor. Consideramos que dicha regulación legal y dichos criterios jurisprudenciales resultan de plena aplicación por analogía, al concurrir identidad de razón, art. 4 Cc. Sentado pues, que la legitimación para reclamar el pago de los honorarios del letrado, que ha defendido en el arbitraje los intereses del cliente que ha resultado vencedor, corresponde al cliente mismo, es evidente que el letrado Sr. A. carece de legitimación activa para presentar la demanda presentada en reclamación del pago de sus honorarios. Dicho criterio es aplicable, ya estemos en un proceso de ejecución, ya estemos en un juicio ordinario como el que nos ocupa, al que debió acudir la parte o el letrado en virtud de la cesión de crédito efectuada por la parte para reclamar el pago de los honorarios de letrado y proceder a su cuantificación, dado que el laudo arbitral no los cuantificó. Entendemos que en ambos casos es de aplicación el mismo criterio en lo relativo a la legitimación para reclamar el pago de los honorarios de letrado, que corresponde siempre y en todo caso a la parte que ha obtenido el pronunciamiento a su favor, sea en el proceso judicial o el en arbitraje (…)”.

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