Sean o no definitivas las medidas acordadas por el Tribunal francés, hay cuestiones relativas a la menor que no han sido resueltas y que deberán serlo por el Juzgado español (AAP Barcelona 12ª 23 julio 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 23 de julio de 2020 estima un recurso de apelación interpuesto frente al auto sobre guarda y alimentos seguidos con el número 281/2019 ante el Juzgado de Familia nº 14 de Barcelona declarando la competencia de los tribunales españoles para conocer de la demanda origen de las presentes actuaciones. La Audiencia razona del siguiente modo:

“(…) Con carácter general y antes de analizar el contenido de la demanda y la concurrencia de los puntos de conexión necesarios para determinar la Jurisdicción española y la Competencia de los Juzgados de Barcelona es preciso hacer una reflexión general en relación a la normativa aplicable. Como reiteradamente ha señalado esta Sala es preciso diferenciar situaciones procesales cuando las partes son nacionales y ambos, y especialmente los menores, residen en España (en cuyo caso las normas de competencia están sujetas a la normativa procesal española, LOPJ y LEC), de aquellas otras en las que concurre un punto de conexión internacional y en las que de forma directa o indirecta hay que dar entrada a la ley de cooperación jurídica internacional, Ley 29/2015 de 30 de julio, o a los convenios internacionales y, en nuestro caso, a la normativa comunitaria, gozando ésta de prevalencia, dando lugar a un auténtico derecho procesal diferenciado y que se aplica sobre la norma procesal interna por el Juez español en su condición de Juez Europeo. En la demanda origen de las presentes actuaciones solicitaba la ahora recurrente se dictara sentencia en la que se acordara que la patria potestad de los progenitores fuera compartida, le fuera atribuida a la madre la guarda de la menor, se fijara un régimen de visitas a favor del padre, se fijara el domicilio de la menor en el de la madre, y se impusiera al Sr. Inocencio una pensión alimenticia para la hija de 650 euros mensuales y el abono de la totalidad de los gastos extraordinarios de la menor. Nos encontramos ante un supuesto de controversia en el ejercicio de la potestad parental y por consiguiente aplicable el Reglamento (CE) 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003. Y ello por ser aplicable este Reglamento a casos de Derecho civil en los que haya más de un país implicado y sean relativos, entre otras, a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental (art. 1.2.b del Reglamento). Para la determinar la competencia es preciso acudir a los art. 8 ss del Reglamento. En el caso que nos ocupa el art. 8.1º establece que ‘los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto del menor que resida habitualmente en dicho Estado en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional’. Con ello el Reglamento pretende que el litigio sea solventado por aquel tribunal que esté en mejor condición para hacerlo respetando el interés superior del menor, y en este caso el Reglamento considera que lo es el más próximo físicamente a él. Esto es, el del lugar de su residencia. Alega la recurrente que la competencia para conocer su petición sobre ejercicio de la potestad parental la ostenta España, y más concretamente Barcelona por ser la residencia habitual de la menor. El Reglamento deja bien asentada la jurisdicción nacional en función de la residencia de los menores, de forma que si se produce un cambio de residencia serán los juzgados de esta nueva residencia los competentes, con la única excepción que recoge el art. 9 del mismo Reglamento, que prevé una prórroga de tres meses de los juzgados de la anterior residencia del menor, pese al cambio de residencia, si bien sólo para peticiones relativas al derecho de visita. Al no estar ante una petición de modificación del derecho de visita sino ante una controversia en el ejercicio de la potestad parental, y habiéndose trasladado legalmente el menor a este país, pues en el momento en que se hizo, el día 9 de febrero de 2019 tal y como se reconoce por ambas partes y se declara en el auto dictado en el rollo de apelación antes referido, no se había dictado ninguna resolución, ni por tribunal francés ni español, que atribuyera a alguno de los progenitores la guarda de la menor o prohibiera su salida de Francia, la competencia corresponde a los juzgados del lugar de la actual residencia habitual del menor, esto es, los españoles. Es cierto que existe una resolución del Tribunal de apelación de Montpellier que adopta determinadas medidas con relación a la menor, sin embargo esta decisión no abarca la totalidad de las medidas solicitadas por la Sra. Celia . Por ello, con independencia de que sean o no definitivas las medidas acordadas por el Tribunal francés, y cuya calificación no es objeto de esta resolución, lo cierto es que hay cuestiones planteadas en la demanda origen de las presentes actuaciones, relativas a la menor, que no han sido resueltas, y que deberán serlo por el Juzgado de instancia una vez que se ha declarado su competencia internacional para conocer de la demanda origen de las presentes actuaciones”.

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