EL TSJ de Galicia resuelve de manera expeditiva una solicitud de designación judicial de árbitros (STSJ Galicia 24 abril 2019)

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 24 de abril de 2019, resuelve de manera expeditiva una solicitud de designación judicial de árbitros con el siguiente razonamiento: “señala el art. 8.1º de la Ley de arbitraje de 2003 que para el nombramiento y remoción judicial de árbitros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje. La demanda rectora de litis interesa el nombramiento de árbitro para resolver la controversia que dice existir entra ella misma y la sociedad mercantil 31 Stellinuc, S.L. Se dice igualmente en la demanda que en el contrato existente entre las ahora litigantes, en cuyo seno se insertó la cláusula de sumisión a arbitraje, se indicaba que el mismo se desarrollaría en esta ciudad, en idioma castellano y con aplicación de la legislación española. Resulta de lo anterior que esta Sala es competente para el nombramiento de árbitro en los términos interesados (…). Indica el art. 15 de la Ley de arbitraje que el nombramiento de árbitro tendrá lugar de conformidad con lo pactado por las partes y de no ser posible será este Tribunal el que los designe sin que pueda rechazar la pretensión de nombramiento a menos que verifique la inexistencia de convenio arbitral. Las mercantiles litigantes convienen en la necesidad de nombrar árbitro de donde se infiere la realidad del convenio arbitral y la necesidad de su nombramiento a lo que la Sala accede en los términos que han resultado del sorteo que al efecto se ha realizado (…). Cabe tener por desistida a la demandante en cuanto dirigió su pretensión contra Dª. Virtudes . El desistimiento ha sido consentido por la representación procesal de la anterior lo que determina, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 LEC, el sobreseimiento de la pretensión contra ella dirigida, sin que proceda la imposición de las costas procesales habida cuenta del consentimiento prestado”.

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