Competencia de los Tribunales españoles con respecto a la acción de disolución del vínculo matrimonial por divorcio, y en su caso, a la extinción del régimen económico matrimonial (AAP Girona 28 marzo 2019)

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El Auto de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Segunda, de 28 de marzo de 2019 estima parcialmente un recurso de apelación en un procedimiento de divorcio ordenando la continuación del mismo o por corresponder la jurisdicción internacional a los Tribunales españoles con respecto a la acción de disolución del vínculo matrimonial por divorcio, y en su caso a la extinción del régimen económico matrimonial y a la revocación de autorizaciones y poderes conferidos entre los cónyuges. Sin embargo, confirma la falta de competencia jurisdiccional internacional de los Juzgados de España para conocer sobre las acciones relativas a la responsabilidad parental, guarda y custodia, régimen de vistas, y alimentos del hijo menor de los litigantes, correspondiendo la misma a los Juzgados de Perú (sic). Según la Audiencia, “en el supuesto presente los litigantes son peruanos se casaron en Perú, en el año 2011 pasaron a residir en España en Girona, desde el año 2017 la madre y el menor residen en Perú y el esposo continua residiendo en Girona. El hecho acreditado es que esta es la residencia efectiva del menor y la madre desde el año 2017 y sea esta la residencia del menor con o sin consentimiento del recurrente esta es la realidad al momento de interponerse la demanda por el actor, la residencia del menor esta en Perú. La competencia judicial internacional de los jueces y tribunales españoles en materia de separación, nulidad y divorcio se determina conforme a las disposiciones del Reglamento 2201/2003 y corresponde a los Tribunales Españoles por ser España (Girona) la residencia habitual del esposo. Efectivamente el art. 21 LOPJ establece que los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas y hay que analizar, por ello, las normas de Derecho Comunitario. El art. 22 quáter de la LOPJ se establece el fuero internacional de la siguiente manera: en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española. Es decir para el conocimiento de la demanda de divorcio si son competentes los tribunales españoles ya que el actor reside en España (…). En consecuencia el Juzgado de Primera instancia de Girona si es competente para conocer de la demanda de divorcio. Por tanto, con respecto a la acción de divorcio, referida a la disolución del vínculo matrimonial, no puede acogerse la excepción de litispendencia internacional, máxime cuando la esposa no ha interpuesto en Perú una demanda de divorcio y si solo de medidas en relación al menor. Solución distinta se produce con respecto a lo concerniente a la responsabilidad parental, es decir, en lo atinente a la guarda y custodia y régimen de visitas del hijo menor de edad de edad (art. 1.7 de Reglamento). En este ámbito el art. 8.1 establece también como foro de competencia el de la residencia habitual, pero no de los progenitores si no de los menores. Así lo indica el Considerando 12 del Reglamento, que dice al respecto: “Las normas de competencia que establece el presente Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad. Esto significa por lo tanto que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de cambio de residencia del menor o en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental”.

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