Traslado del solicitante de asilo al Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional (STJ 19 marzo 2019)

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 19 de marzo de 2019 (asunto C-163/17: Jawo) recuerda que, en el contexto del sistema europeo común de asilo, que se basa en el principio de confianza mutua entre los Estados miembros, debe presumirse que el trato dispensado por un Estado miembro a los solicitantes de protección internacional y a las personas a las que se ha concedido protección subsidiaria es conforme con las exigencias de la Carta, de la Convención de Ginebra y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, no cabe excluir que este sistema se enfrente, en la práctica, a graves dificultades de funcionamiento en un Estado miembro determinado, de manera que exista un grave riesgo de que los solicitantes de protección internacional reciban en ese Estado un trato incompatible con sus derechos fundamentales y, en particular, con la prohibición absoluta de los tratos inhumanos o degradantes. Así, cuando el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso interpuesto contra una decisión de traslado o contra una resolución que deniegue una nueva solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible disponga de datos aportados por el solicitante para acreditar la existencia de un riesgo de trato inhumano o degradante en el otro Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional estará obligado a evaluar la existencia de deficiencias, bien sistemáticas o generalizadas, o bien que afecten a ciertos grupos de personas. No obstante, tales deficiencias solo serán contrarias a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes cuando alcancen un nivel particularmente elevado de gravedad, que dependerá del conjunto de circunstancias del asunto. Así, este umbral se alcanzaría cuando la indiferencia de las autoridades de un Estado miembro tuviese como consecuencia que una persona totalmente dependiente de la ayuda pública se encontrase, al margen de su voluntad y de sus decisiones personales, en una situación de privación material extrema que no le permitiese hacer frente a sus necesidades más elementales, como, entre otras, alimentarse, lavarse y alojarse, y que menoscabase su salud física o mental o la colocase en una situación de degradación incompatible con la dignidad humana.

Considera el Tribunal de Justicia que una gran precariedad o una notable degradación de las condiciones de vida no rebasa este umbral cuando no implique una privación material extrema que coloque a esa persona en una situación de tal gravedad que pueda equipararse a un trato inhumano o degradante. Además, el hecho de que los beneficiarios de protección subsidiaria no reciban, en el Estado miembro que concedió tal protección al solicitante, ninguna prestación de subsistencia o de que la que reciban sea netamente inferior a la que se percibe en otros Estados miembros, sin ser tratados, no obstante, de manera diferente a los nacionales de dicho Estado miembro, solo permite concluir que el solicitante está expuesto en ese Estado a un riesgo real de sufrir un trato inhumano o degradante si tiene como consecuencia que este se encuentre, debido a su especial vulnerabilidad, al margen de su voluntad y de sus decisiones personales, en una situación de privación material extrema. En cualquier caso, el mero hecho de que la protección social o las condiciones de vida sean más favorables en el Estado miembro en el que se ha presentado la nueva solicitud de protección internacional que en el Estado miembro en principio responsable o que haya concedido ya la protección subsidiaria no permiten afianzar la conclusión de que la persona afectada se verá expuesta, en caso de ser trasladada a este último Estado miembro, a un riesgo real de sufrir un trato inhumano o degradante. El Tribunal de Justicia concluye que el Derecho de la Unión no se opone a que un solicitante de protección internacional sea trasladado al Estado miembro en principio responsable o a que se deniegue una solicitud de concesión del estatuto de refugiado por considerarla inadmisible debido a que otro Estado miembro ya ha concedido protección subsidiaria al solicitante, salvo que se acredite que el solicitante se encontraría en ese otro Estado miembro en una situación de privación material extrema, al margen de su voluntad y de sus decisiones personales. El Tribunal de Justicia puntualiza asimismo que un solicitante se da a la «fuga» cuando, con el fin de frustrar su traslado, huye deliberadamente de las autoridades nacionales competentes para efectuarlo. Se presume que ocurre así cuando el traslado no puede efectuarse porque el solicitante ha abandonado el lugar de residencia que le fue asignado, sin haber informado de su ausencia a las autoridades nacionales competentes, siempre que dicha persona haya sido informada de sus obligaciones a este respecto, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. El solicitante conserva la posibilidad de demostrar que el hecho de no haber avisado a las referidas autoridades de su ausencia está justificado por razones válidas y no por la intención de huir de tales autoridades. Además, en un procedimiento contra una decisión de traslado con arreglo al Reglamento Dublín III, el solicitante de protección internacional afectado puede alegar que, en la medida en que no se ha dado a la fuga, el plazo de seis meses para el traslado ha expirado y que, debido a esta circunstancia, el Estado miembro que decidió su traslado se ha convertido en responsable del examen de su solicitud. Finalmente, el Tribunal de Justicia destaca que, con el fin de ampliar a un máximo de dieciocho meses el plazo de traslado, es suficiente con que el Estado miembro requirente informe al Estado miembro en principio responsable, antes del vencimiento del plazo de traslado de seis meses, del hecho de que la persona interesada se ha dado a la fuga y con que indique, al mismo tiempo, el nuevo plazo de traslado.

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