Palabras clave: Medios adecuados de solución de controversias; requisito de procedibilidad; embargo preventivo de buques; medidas cautelares; Ley de Navegación Marítima; suspensión de plazos; confidencialidad de las negociaciones.
El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Sexta, de 30 de septiembre de 2026, recurso n.º 126/2026 (ponente: Luis Shaw Morcillo), confirma la decisión de instancia que inadmitió una demanda por no constar el intento previo de acudir a un medio adecuado de solución de controversias (MASC). La entidad demandante recurrió dicha resolución alegando que las especialidades de la Ley de Navegación Marítima y la obligación de presentar la demanda en el plazo de veinte días desde la adopción de las medidas cautelares justificaban la exención de dicho requisito.
Palabras clave: Medios adecuados de solución de controversias; requisito de procedibilidad; embargo preventivo de buques; medidas cautelares; Ley de Navegación Marítima; suspensión de plazos; confidencialidad de las negociaciones.
Antecedentes
La controversia se plantea a propósito de un procedimiento relacionado con el embargo preventivo de un buque, en el que la parte solicitante había obtenido medidas cautelares previas a la interposición de la demanda principal. Una vez adoptadas, la entidad interesada debía presentar la correspondiente demanda dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 730.2 LEC, cuyo incumplimiento determina que las medidas acordadas queden sin efecto. Sin embargo, el órgano judicial de primera instancia inadmitió la demanda al no haberse acreditado el intento previo de acudir a alguno de los medios adecuados de solución de controversias previstos en la LO 1/2025, de 2 de enero.
La entidad demandante interpuso recurso de apelación sosteniendo que el régimen especial de la Ley de Navegación Marítima debía prevalecer sobre la exigencia general de negociación previa. A su entender, la necesidad de presentar la demanda en el plazo de veinte días resultaba incompatible con la duración ordinaria del procedimiento negociador, que podía prolongarse durante treinta días naturales. La aplicación simultánea de ambas previsiones conduciría a la pérdida de eficacia de las medidas cautelares antes de que pudiera cumplirse el requisito de procedibilidad, frustrando la finalidad de la tutela cautelar.
Asimismo, la recurrente defendió que las actuaciones realizadas con anterioridad a la presentación de la demanda, especialmente un requerimiento de pago dirigido a la contraparte, permitían considerar cumplida la exigencia legal de negociación previa. La Audiencia Provincial debía determinar, por tanto, si las particularidades procesales del embargo preventivo de buques justificaban una excepción al régimen general de los MASC y si un requerimiento de pago podía equipararse al intento de negociación exigido por la legislación procesal.
Fundamentos jurídicos
La Audiencia Provincial parte de la distinción entre las especialidades sustantivas y cautelares de la legislación marítima y las exigencias generales de procedibilidad establecidas por la LO 1/2025. Aunque el embargo preventivo de buques presenta determinadas particularidades, entre ellas la presunción de urgencia contemplada en el art. 476 de la Ley de Navegación Marítima, tales singularidades no alteran el régimen procesal aplicable a la presentación de la demanda posterior a la adopción de las medidas cautelares. El art. 5 de la LO 1/2025 establece, con carácter general, la obligación de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias, y las excepciones legalmente previstas no comprenden la demanda principal que debe interponerse después de haber obtenido medidas cautelares.
La resolución distingue, en consecuencia, entre la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda, para la que no resulta exigible el intento de negociación, y la posterior presentación de la demanda principal, que permanece sometida al requisito de procedibilidad cuando la materia litigiosa se encuentra comprendida en su ámbito de aplicación. La Audiencia rechaza que la brevedad del plazo de veinte días permita prescindir de dicho requisito, pues el art. 7.3 de la LO 1/2025 contempla expresamente la suspensión de ese plazo cuando las medidas cautelares se hubieran acordado antes del inicio del proceso negociador. De esta manera, la regulación permite conciliar la efectividad de la tutela cautelar con el cumplimiento de la obligación de intentar una solución extrajudicial de la controversia.
El tribunal añade que el intento de negociación no tiene necesariamente que producirse después de la solicitud de las medidas cautelares. Puede haberse desarrollado con anterioridad, especialmente cuando entre el nacimiento del conflicto y la petición de tutela cautelar ha transcurrido un período suficiente para promover contactos entre las partes. En el supuesto examinado, la existencia de un requerimiento realizado en julio de 2025 evidenciaba que había existido tiempo para intentar una negociación antes de acudir a los tribunales.
En cuanto a la acreditación del requisito de procedibilidad, la Audiencia Provincial examina conjuntamente los arts. 9 y 10 de la LO 1/2025. El primero garantiza la confidencialidad del proceso negociador y de la documentación utilizada durante su desarrollo, mientras que el segundo exige acreditar documentalmente que se ha promovido una actividad negociadora o, al menos, que se ha dirigido a la otra parte una solicitud o invitación para negociar. La acreditación debe permitir comprobar la recepción de la comunicación, su fecha y la posibilidad de acceder a su contenido íntegro, sin necesidad de revelar las propuestas concretas formuladas durante las conversaciones.
La resolución considera que un simple requerimiento de pago acompañado de la advertencia de interponer una demanda no equivale, por sí mismo, a un intento de negociación. El cumplimiento del requisito legal no obliga al acreedor a renunciar a sus derechos ni a aceptar quitas o aplazamientos, pero exige que exista una verdadera invitación a negociar. La confidencialidad impide que el órgano judicial examine los términos materiales de las propuestas, aunque no le priva de comprobar que se ha intentado efectivamente una actividad negociadora. Al no haberse acreditado tal circunstancia, la Audiencia Provincial confirma la inadmisión de la demanda conforme a los arts. 264 y 403.2 LEC.
De conformidad con el presente auto:
«Si bien podemos considerar que en cuanto a la cuestión de fondo la materia puede presentar ciertas especialidades (como tantas otras que se ventilan ante los juzgados de lo mercantil) a nivel procesal en lo relativo al procedimiento de embargo como medida cautelar previa a la demanda no presenta especialidad alguna (fuera de la presunción de urgencia que prevé el art. 476 de la Ley de Navegación Marítima); es decir, que como toda cautela previa, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 730.2 LECi, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción.
El art. 5 de la Ley 1/25 establece que el orden jurisdiccional civil, con carácter general, para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias. Es decir, la norma general es el requisito de MASC para todo tipo de procedimientos salvo que la ley excepcione, y en este caso, con relación a medidas cautelares únicamente se indica que no será preciso acudir a un medio adecuado de solución de controversias para la interposición de una demanda ejecutiva, la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda. Por tanto, a sensu contrario y sin necesidad de una interpretación dudosa, las medidas cautelares solicitadas con la demanda si requerirán MASC (cuestión diferente que no corresponde analizar ahora es que no las requiriese el pleito principal), y el procedimiento posterior a las medidas previas exigirán también del intento de este tipo de medios.
La fundamentación, con toda la lógica, del recurrente estriba en que si las medidas tienen una duración de veinte días y el MASC tiene en principio un plazo de 30 días (salvo desacuerdo expreso conforme al art. 10.4.d) Ley 1/25), las cautelas se alzarían antes de que haya concluido el plazo para negociar con lo cual se harían inútiles las medidas previas pues siempre se alzarán antes de poder presentar la demanda con lo que se convierten en inútiles. Sin embargo, la parte obvia dos elementos:
.- El intento de MASC no tiene por qué ser posterior a la interposición de la solicitud de medidas cautelares previas. Ciertamente habrá supuestos en que las cautelares se interpongan de manera inmediata al surgimiento de la cuestión conflictiva, pero en la mayoría antes de interponer las medidas previas ha transcurrido un plazo de tiempo que no impide haya habido un intento de negociaciones entre las partes. O al menos así sucede claramente en el caso de autos pues si se realizó ya un requerimiento en julio de 2025 es claro que desde esa fecha pudo haberse intentado la negociación.
.- Y fundamentalmente porque la ley prevé expresamente esta situación en su artículo 7.3, párrafo 3º que señala «Si las medidas cautelares se hubieran acordado antes del inicio del proceso negociador, el plazo de veinte días para presentar la demanda se suspenderá y reanudará, respectivamente, en los términos previstos en el apartado 1», es decir, el plazo para presentar la demanda se suspenderá desde la fecha en la que conste el intento de comunicación de dicha solicitud, y la misma se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo o de la terminación del proceso de negociación sin acuerdo. El cómputo de los plazos se reanudará respectivamente en el caso de que no se mantenga la primera reunión dirigida a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito en el plazo de treinta días naturales.
Por ello, procede rechazar este primer motivo de apelación»
(…)
«Lo primero que debemos de advertir es que el artículo 9 de la citada Ley determina que el proceso de negociación y la documentación utilizada en el mismo son confidenciales, salvo la información relativa a si las partes acudieron o no al intento de negociación previa y al objeto de la controversia, y no se podrá declara o aportar documentación derivada del proceso de negociación o relacionada con el mismo ni ser obligados a ello en un procedimiento judicial o en un arbitraje (salvo las excepciones previstas en dicho artículo). Es más, si se hiciera conforme al 9.3, en caso de que se revele información o se aporte documentación en infracción de lo dispuesto en este artículo, la autoridad judicial la inadmitirá y dispondrá que no se incorpore al expediente, sin perjuicio, además, de la responsabilidad que dicha infracción genere en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
El artículo 10 de la Ley 1/25 dispone que a los efectos de acreditar que se ha intentado una actividad negociadora previa y cumplir el requisito de procedibilidad, dicha actividad negociadora o el intento de la misma deberá ser recogida documentalmente…y podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar o, en su caso, la propuesta, en qué fecha, y que ha podido acceder a su contenido íntegro.
Por tanto, no debe el Tribunal conocer en que términos se ha planteado la negociación, sino que se ha intentado esa negociación. Y desde luego un requerimiento de pago no es una negociación o un MASC (salvo lo dispuesto en el art. 439.5 LECi respecto de las acciones de reclamación de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas suelo o de cualesquiera otras cláusulas que se consideren abusivas contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria); no se está indicando que la parte necesariamente deba renunciar a sus derechos en un MASC y que forzosamente se vea obligados a quitas o aplazamientos de la cantidad que se les debe. El Tribunal debe desconocer que se pretende, pero si que se ha intentado una negociación ignorando los términos de la misma. Pero claro, si la parte lo que aduce es que ha requerido de pago so pena de interponer una demanda, es claro que no ha intentado una negociación, y en consecuencia debe rechazarse que eso sea un MASC.
Estableciendo el artículo 403.2 LECi establece que no se admitirán las demandas cuando no se hagan constar las circunstancias a las que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 399 en los casos en que se haya acudido a un medio adecuado de solución de controversias por exigirlo la ley como requisito de procedibilidad. En base a ello, conforme al art. 264 LECi debe de acompañarse a la demanda la documentación acreditativa de ello».
