Referencia bibliográfica: D. Ortiz Gaspar (coord.), Comentarios a la Ley de Arbitraje peruana, vol. I (arts. 1 al 32), Lima, Palestra Editores, primera edición, noviembre de 2026.
Palestra Editores publica el primer volumen de «Comentarios a la Ley de Arbitraje peruana», coordinado por David Ortiz Gaspar, una ambiciosa iniciativa editorial que reúne a juristas de diecinueve jurisdicciones y tres continentes. La publicación cuenta con una relevante representación española, tanto en los estudios doctrinales como en los textos preliminares, y con la participación de destacados especialistas latinoamericanos, entre ellos Alfredo Bullard González. El proyecto, concebido en tres volúmenes, propone una interpretación sistemática del Decreto Legislativo n.º 1071 a partir de los principios internacionales del arbitraje, la doctrina, la jurisprudencia y la práctica profesional.
La editorial Palestra Editores ha publicado en Lima, en noviembre de 2026, el primer volumen de Comentarios a la Ley de Arbitraje peruana, una obra colectiva coordinada por David Ortiz Gaspar que reúne a más de 140 especialistas vinculados al arbitraje comercial y de inversiones. El proyecto destaca por la amplitud y diversidad de sus colaboradores, procedentes de diecinueve jurisdicciones de tres continentes, entre los que figuran profesores universitarios, árbitros internacionales, abogados especializados y profesionales con una dilatada trayectoria en la resolución de controversias. La iniciativa editorial pretende ofrecer un examen completo del Decreto Legislativo n.º 1071, de 2008, mediante comentarios individualizados de sus disposiciones, elaborados desde una perspectiva que combina el análisis jurídico con el conocimiento de la práctica arbitral y la consideración de los estándares internacionales.
La participación española ocupa un lugar destacado en esta iniciativa. Entre los juristas vinculados a España figuran José Carlos Fernández Rozas, Rafael Gil Nievas, Ana Fernández Pérez, Javier Íscar de Hoyos, Marta Martini Briceño, Amaia Rivas Kortazar y José Antonio Caínzos Fernández, cuya colaboración refleja la estrecha relación doctrinal y profesional existente entre España y Perú en materia de arbitraje. A esta representación se añade la intervención de Gonzalo Stampa, autor del prólogo, y de Bernardo M. Cremades, responsable de unas «Palabras de autoridad» que preceden a los comentarios. La presencia de especialistas españoles en materias como la arbitrabilidad, la participación estatal, la organización del arbitraje, la interpretación de la ley y la composición de los tribunales arbitrales pone de relieve la proyección de la doctrina española en el espacio jurídico iberoamericano.
El proyecto cuenta igualmente con la participación de figuras relevantes del arbitraje peruano y latinoamericano. Entre ellas sobresale Alfredo Bullard González, quien aporta un estudio sobre la historia de la elaboración del Decreto Legislativo n.º 1071 y un extenso comentario al artículo 14, relativo a la extensión del convenio arbitral a sujetos no signatarios. También intervienen Fernando Cantuarias Salaverry, vinculado directamente a la elaboración de la legislación comentada, y numerosos especialistas procedentes de México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Brasil y otros países de la región. La combinación de estas contribuciones permite examinar la legislación peruana desde distintas tradiciones jurídicas y relacionar sus disposiciones con problemas comunes a los sistemas contemporáneos de arbitraje.
Una iniciativa surgida de la práctica profesional
La publicación responde a una iniciativa de David Ortiz Gaspar, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, cuya trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada a la defensa del Estado en procedimientos arbitrales. En la presentación del volumen explica que durante más de una década ha intervenido en más de dos mil arbitrajes relacionados con infraestructuras viales, portuarias, aeroportuarias y de telecomunicaciones. Su experiencia comprende controversias contractuales, procedimientos ante instituciones nacionales e internacionales e incidencias relativas a la competencia de los árbitros, las medidas cautelares, la recusación, la anulación de laudos y su ejecución.
La práctica acumulada durante esos años le llevó a considerar la conveniencia de disponer de una obra que permitiera consultar cada disposición legal desde los problemas concretos que plantea su aplicación. La finalidad perseguida comprende, por tanto, la elaboración de un instrumento de consulta para abogados, árbitros, jueces y responsables de entidades públicas, acompañado de una reflexión doctrinal sobre los fundamentos de la legislación arbitral. La diversidad de perfiles convocados responde a la convicción de que una misma disposición puede suscitar cuestiones diferentes según se examine desde la posición del abogado de parte, del árbitro encargado de resolver la controversia o del órgano judicial llamado a prestar apoyo o ejercer las funciones de control previstas legalmente.
El coordinador parte de una valoración favorable del Decreto Legislativo n.º 1071, inspirado en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), con sus modificaciones de 2006. Sin embargo, advierte que la modernidad de una legislación no garantiza por sí misma una aplicación plenamente acorde con sus fundamentos. En su presentación señala la persistencia de una tendencia a interpretar el arbitraje mediante categorías propias del proceso civil, sin atender suficientemente a su autonomía y a la dimensión internacional de muchas de sus instituciones. La publicación pretende contribuir a superar esa dificultad mediante una lectura que tenga presentes las fuentes internacionales, los reglamentos institucionales, las soluciones jurisprudenciales y los instrumentos elaborados por las organizaciones profesionales.
La coordinación del proyecto ha requerido, según explica Ortiz Gaspar, cerca de dos años de trabajo, durante los cuales se han distribuido las materias, revisado los originales y armonizado los criterios editoriales. El propósito de ofrecer una obra coherente no ha impedido preservar la libertad intelectual de los colaboradores, cuyas posiciones pueden diferir en cuestiones controvertidas. La pluralidad doctrinal se presenta como una de las características de una publicación que aspira a favorecer el debate jurídico y a proporcionar argumentos para resolver problemas interpretativos.
La destacada contribución española al estudio de las instituciones arbitrales
El índice del primer volumen permite apreciar la relevancia de las aportaciones españolas. José Carlos Fernández Rozas firma el comentario al artículo 2, numeral 1, dedicado a la arbitrabilidad, una de las instituciones fundamentales para determinar el ámbito material de aplicación del arbitraje. Su estudio examina la construcción conceptual de esta categoría, sus funciones sistemáticas, los momentos en que procede apreciar la arbitrabilidad y las tendencias contemporáneas que influyen en su evolución. Asimismo, analiza el alcance de la fórmula legal que permite someter determinadas controversias a arbitraje, las habilitaciones derivadas de otras disposiciones legislativas y de los tratados internacionales, los límites materiales y sus aplicaciones sectoriales, con especial atención a la realidad jurídica peruana.
El tratamiento de la arbitrabilidad permite relacionar la interpretación del artículo 2.1 con cuestiones generales del Derecho arbitral, como la disponibilidad de los derechos, la protección de determinados intereses públicos y la determinación de los límites que el ordenamiento impone a la competencia de los árbitros. La contribución ofrece una perspectiva sistemática de una institución cuya evolución ha acompañado la progresiva ampliación de las materias susceptibles de arbitraje, al tiempo que plantea la necesidad de preservar aquellas restricciones justificadas por la naturaleza de las relaciones jurídicas controvertidas.
Ana Fernández Pérez se ocupa del artículo 2, numeral 2, relativo a la participación del Estado en el arbitraje. Su comentario aborda la intervención de las entidades estatales en procedimientos internacionales, las particularidades de las controversias en las que participa el sector público, el respeto de los principios esenciales del procedimiento y la efectividad de los laudos. La materia reviste especial interés en el ordenamiento peruano, donde el arbitraje desempeña una función relevante en la contratación pública y en la resolución de conflictos relacionados con proyectos de infraestructura y otras operaciones económicas de interés general. El estudio permite examinar las relaciones entre las facultades de las entidades públicas para celebrar convenios arbitrales, las exigencias derivadas del ejercicio de funciones administrativas y las garantías que deben acompañar la resolución de controversias con participación estatal.
Amaia Rivas Kortazar y Fernando Giménez-Alvear firman el comentario al artículo 6, dedicado a las reglas de interpretación de la Ley de Arbitraje. Su aportación estudia los antecedentes y las fuentes del precepto, su naturaleza jurídica y las seis reglas interpretativas que contiene, incorporando además un análisis comparado. La relevancia de estas disposiciones reside en su influencia sobre la aplicación del conjunto de la legislación arbitral y sobre la comprensión de los conceptos utilizados por el legislador. Su examen permite apreciar la necesidad de una interpretación sistemática que atienda a los principios inspiradores de la norma y a las soluciones desarrolladas en otros ordenamientos que comparten fuentes legislativas semejantes.
Rafael Gil Nievas analiza el artículo 7, numeral 1, relativo a las modalidades de organización del arbitraje. Su comentario examina la distinción entre arbitraje ad hoc y arbitraje institucional, los antecedentes normativos, la autonomía de la voluntad de las partes y las particularidades de la práctica peruana. También considera los desarrollos legislativos posteriores y ofrece una valoración de las diferentes modalidades de administración arbitral. La materia adquiere especial interés ante la expansión de las instituciones arbitrales y la atención creciente que reciben la calidad de sus servicios, la transparencia de sus procedimientos y las garantías de independencia de quienes intervienen en su administración.
Javier Íscar de Hoyos firma el comentario al artículo 30, dedicado a la remoción del árbitro. Su estudio aborda las causas que pueden justificar la terminación anticipada de las funciones arbitrales, las dificultades interpretativas que suscita su aplicación y las consecuencias que pueden derivarse para la continuidad del procedimiento y la validez del laudo. La materia exige conciliar la estabilidad del tribunal arbitral con las garantías de independencia, imparcialidad y correcto desempeño de sus integrantes, evitando que los mecanismos de remoción se utilicen de manera incompatible con el desarrollo ordenado del procedimiento.
Carlos González-Bueno, por su parte, comenta el artículo 31, relativo al nombramiento del árbitro sustituto. Su aportación examina los antecedentes legislativos, los supuestos en los que procede la sustitución, las reglas aplicables al nuevo nombramiento y sus consecuencias sobre la suspensión y reanudación de las actuaciones. También considera la eventual repetición de diligencias y las cuestiones relacionadas con los honorarios de los árbitros. El estudio se ocupa de problemas de considerable importancia práctica, pues la sustitución de un integrante del tribunal puede afectar al desarrollo del procedimiento y exigir decisiones destinadas a preservar los derechos de las partes.
La relación de especialistas españoles mencionados por el coordinador comprende igualmente a Marta Martini Briceño y José Antonio Caínzos Fernández, cuya presencia en el proyecto confirma la amplitud de la colaboración entre profesionales de ambos países. Consideradas conjuntamente, estas aportaciones reflejan la diversidad de ámbitos en los que se manifiesta la influencia de la doctrina española y la utilidad del intercambio jurídico iberoamericano para interpretar disposiciones inspiradas en principios comunes.
La participación de Alfredo Bullard y de los principales especialistas peruanos
Entre las contribuciones de los juristas peruanos destaca la de Alfredo Bullard González, quien participa en el volumen con dos estudios de notable interés. El primero, titulado «Sobre cómo una reforma parcial se convirtió en una integral: la curiosa historia del Decreto Legislativo n.º 1071», reconstruye el proceso de elaboración de la Ley de Arbitraje de 2008 y las circunstancias que determinaron el alcance de la reforma. Su segunda aportación consiste en un extenso comentario al artículo 14, dedicado a la extensión del convenio arbitral a sujetos no signatarios, en el que examina su fundamento contractual, los presupuestos de aplicación y los problemas que plantea su utilización en arbitrajes extranjeros. Ambas contribuciones permiten relacionar los antecedentes de la legislación peruana con uno de los debates más relevantes de la práctica arbitral contemporánea.
Fernando Cantuarias Salaverry, uno de los juristas vinculados a la elaboración del Decreto Legislativo n.º 1071, participa mediante unas palabras liminares y el comentario al artículo 1, relativo al ámbito de aplicación de la ley. Su estudio examina la aplicación territorial de la legislación arbitral, las consecuencias jurídicas de la sede del arbitraje, la distinción entre arbitraje nacional e internacional y las reglas de aplicación supletoria. Su intervención reviste especial interés por la relación entre el conocimiento del proceso legislativo y la interpretación de las disposiciones que determinan el alcance de la normativa peruana.
La representación peruana comprende asimismo a destacados profesionales y académicos, entre ellos Roger Rubio Guerrero, José Tam Pérez, Mauricio Raffo, Cecilia O’Neill de la Fuente, Julio Wong Abad, Ana María Arrarte Arisnabarreta, María Teresa Quiñones Alayza, Huáscar Ezcurra Rivero, Gonzalo García Calderón Moreyra, Silvia Rodríguez Vásquez y Jairo Cieza Mora. La presencia de especialistas con trayectorias diferentes permite incorporar el conocimiento de la legislación nacional, de la jurisprudencia y de las particularidades de la práctica arbitral peruana, especialmente en las controversias relacionadas con la contratación pública y las relaciones comerciales.
El respaldo de reconocidas personalidades del arbitraje internacional
La dimensión internacional de la obra se advierte desde sus páginas preliminares. Gonzalo Stampa firma el prólogo, titulado «La Ley de Arbitraje Peruana: la audacia de una arquitectura normativa», en el que examina las características de una legislación que ha desempeñado un papel relevante en la modernización del arbitraje latinoamericano. Su intervención permite situar el Decreto Legislativo n.º 1071 dentro de la evolución de los sistemas arbitrales contemporáneos y ofrece una aproximación a los fundamentos que explican algunas de sus soluciones.
Bernardo M. Cremades participa mediante unas «Palabras de autoridad» que aportan el reconocimiento de una figura estrechamente vinculada al desarrollo del arbitraje internacional. Su trayectoria profesional y doctrinal, relacionada con la consolidación de esta institución en España y con su expansión en las relaciones económicas transfronterizas, confiere un significado especial a su presencia en una publicación dedicada a la legislación peruana. La colaboración refleja, además, la continuidad de los vínculos entre las comunidades arbitrales española y latinoamericana.
El prefacio de Claudia T. Salomon, presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, añade la perspectiva de una institución de referencia en la administración de controversias comerciales internacionales. La incorporación de su contribución, publicada en inglés y español, refuerza la vocación de la obra de alcanzar a lectores de diferentes procedencias y de favorecer el intercambio entre profesionales formados en tradiciones jurídicas diversas. Las intervenciones preliminares se completan con las palabras de Fernando Cantuarias Salaverry y el estudio histórico de Alfredo Bullard González, que permiten relacionar la evolución de la legislación peruana con los debates doctrinales y profesionales que han acompañado su aplicación.
Una interpretación de la legislación peruana abierta a los estándares internacionales
Uno de los rasgos metodológicos de la publicación reside en la decisión de examinar cada disposición mediante su confrontación con las soluciones adoptadas en otros sistemas arbitrales. El coordinador ha solicitado a los colaboradores que tengan presentes los principios internacionales del arbitraje, las legislaciones inspiradas en la Ley Modelo de la CNUDMI, los reglamentos de las principales instituciones arbitrales y los instrumentos de soft law utilizados en la práctica profesional. La elección responde a la procedencia internacional de numerosas categorías incorporadas al Decreto Legislativo n.º 1071 y a la conveniencia de interpretar sus disposiciones atendiendo a los criterios desarrollados en otros ordenamientos que comparten fuentes normativas semejantes.
La autonomía del convenio arbitral, la competencia de los árbitros para pronunciarse acerca de su propia competencia, la intervención judicial limitada y el reconocimiento de los laudos extranjeros son instituciones cuya comprensión exige considerar una evolución que supera las fronteras nacionales. Las soluciones elaboradas en otras jurisdicciones pueden proporcionar criterios útiles para resolver problemas interpretativos, siempre que se respeten las características de la legislación peruana. La obra presta atención, asimismo, a las Reglas de la International Bar Association sobre práctica de la prueba y a sus Directrices sobre conflictos de intereses, así como a los reglamentos de las principales instituciones arbitrales, instrumentos que permiten relacionar las disposiciones legales con las prácticas consolidadas en la administración de procedimientos complejos.
La presencia de especialistas de diecinueve jurisdicciones favorece el desarrollo de este diálogo desde posiciones profesionales y doctrinales diversas. Los juristas latinoamericanos aportan el conocimiento de sistemas que han experimentado procesos de modernización legislativa y una utilización creciente del arbitraje en las relaciones comerciales y en la contratación pública. Los colaboradores vinculados a países europeos y anglosajones incorporan otras tradiciones interpretativas y una práctica profesional relacionada con instituciones internacionales. La combinación de estas perspectivas permite identificar coincidencias y diferencias entre los distintos regímenes arbitrales y proporciona al lector elementos para valorar críticamente las soluciones adoptadas por el legislador peruano.
El primer volumen examina las instituciones fundamentales del arbitraje
El primer volumen, correspondiente a los artículos 1 a 32 del Decreto Legislativo n.º 1071, ofrece un recorrido por las instituciones que determinan la formación y el funcionamiento inicial del arbitraje. Sus comentarios comienzan con el ámbito de aplicación territorial de la ley, la distinción entre arbitraje nacional e internacional y los criterios que permiten determinar cuándo una controversia puede someterse a la decisión de árbitros. A continuación, se examinan la participación del Estado, las garantías de autonomía de la jurisdicción arbitral, la intervención de los órganos judiciales y las disposiciones destinadas a facilitar la interpretación de la legislación.
Una parte sustancial de la publicación está dedicada al convenio arbitral. Los comentarios estudian sus requisitos formales, las facultades de representación necesarias para celebrarlo, los efectos de su existencia sobre la competencia judicial y las circunstancias que pueden determinar su extensión a sujetos que no participaron directamente en su celebración. También se analizan las reglas relativas a las notificaciones, los plazos, la renuncia a formular objeciones y las relaciones entre los procedimientos judiciales y arbitrales. El tratamiento de estas materias permite identificar los problemas que pueden surgir desde las primeras actuaciones y las consecuencias que determinadas conductas producen sobre el desarrollo posterior del arbitraje.
Los artículos finales del volumen se concentran en la composición del tribunal arbitral. Los estudios abordan los requisitos exigibles a los árbitros, los procedimientos de nombramiento, las incompatibilidades, la igualdad de las partes en la designación, la aceptación del encargo y los deberes de independencia e imparcialidad. También reciben atención los mecanismos de recusación, remoción y sustitución, así como la responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales. La diversidad de estas materias explica la participación de numerosos especialistas en comentarios individuales o colectivos, distribuidos según la naturaleza de cada disposición y las dificultades que plantea su interpretación.
El arbitraje con participación estatal y su importancia para la contratación pública
La publicación concede una atención destacada al arbitraje en el que intervienen entidades públicas, cuestión especialmente relevante para el ordenamiento peruano. La utilización de este mecanismo en las controversias derivadas de contratos estatales ha favorecido el desarrollo de una práctica especializada y ha suscitado debates acerca de la protección del interés general, la transparencia de los procedimientos y las garantías de independencia de los árbitros.
David Ortiz Gaspar dedica su comentario al artículo 4 a la arbitrabilidad subjetiva del Estado, examinando la amplitud de la noción legal de Estado peruano, el arbitraje entre entidades estatales, las controversias con particulares y las reglas aplicables al arbitraje internacional. Su análisis comprende también las relaciones con la legislación sobre contratación pública, incluidas las modificaciones introducidas por la Ley n.º 32069, y cuestiones relativas a la inmunidad, el orden público y la ejecución de laudos contra entidades estatales.
Desde su experiencia como defensor del Estado, el coordinador sostiene que la calidad del arbitraje depende en buena medida de la preparación de quienes intervienen en los procedimientos y de la eficacia de los mecanismos destinados a prevenir conductas irregulares. En su presentación defiende la conservación de un sistema arbitral especializado para la contratación pública, acompañado de mayores exigencias de transparencia, profesionalización de la defensa estatal y responsabilidad de los operadores. La cuestión trasciende el interés estrictamente procesal, pues las controversias relacionadas con proyectos de infraestructura pueden influir en la continuidad de las prestaciones públicas, en los costes de ejecución contractual y en la seguridad jurídica de las inversiones.
Tres volúmenes destinados a ofrecer una visión completa de la Ley de Arbitraje
El proyecto editorial está concebido como un comentario integral de la legislación arbitral peruana, distribuido en tres volúmenes que siguen el orden de sus disposiciones. Tras el primero, dedicado a los artículos 1 a 32, el segundo aborda el desarrollo del procedimiento arbitral, la práctica de la prueba, las medidas cautelares y el laudo. El tercero se ocupa del recurso de anulación, el reconocimiento y la ejecución de laudos, los costes y las disposiciones complementarias y finales, incluyendo cuestiones relacionadas con los laudos del CIADI y determinadas modalidades de arbitraje estatutario y sucesorio.
La elección del comentario artículo por artículo responde a una finalidad eminentemente práctica. El lector puede acudir directamente al precepto aplicable a una controversia y encontrar un estudio que relaciona su contenido con los antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y los criterios de interpretación utilizados en otras jurisdicciones. La publicación está dirigida tanto a profesionales con experiencia como a investigadores, profesores universitarios, estudiantes y jueces que deban intervenir en funciones de apoyo o control del arbitraje.
El coordinador dedica una atención específica a los abogados encargados de la defensa del Estado y a los profesionales que representan a empresas privadas, para quienes el conocimiento de los estándares internacionales puede resultar determinante en la preparación de sus argumentos. También considera destinatarios de la obra a los estudiantes que participan en competiciones internacionales de arbitraje, a los magistrados que conocen de recursos de anulación o solicitudes de ejecución y a las autoridades responsables de la supervisión de la actividad pública. Su planteamiento parte de la necesidad de favorecer una comprensión rigurosa de la institución entre todos aquellos que intervienen, directa o indirectamente, en su funcionamiento.
La presentación aborda igualmente las relaciones entre arbitraje y Poder Judicial. Ortiz Gaspar rechaza una concepción de ambas jurisdicciones como instituciones enfrentadas y destaca la cooperación que se manifiesta en la adopción de medidas cautelares, la práctica de pruebas, la ejecución de laudos y el control judicial de las decisiones arbitrales. La delimitación de estas funciones adquiere especial relevancia en el recurso de anulación, cuya finalidad debe distinguirse de una revisión del fondo de la controversia.
Una contribución al diálogo jurídico entre España y América Latina
La publicación de Comentarios a la Ley de Arbitraje peruana representa una iniciativa editorial de considerable alcance por el número de colaboradores convocados, la amplitud de las materias examinadas y su orientación internacional. La participación de juristas españoles, tanto en los textos preliminares como en los comentarios especializados, adquiere un significado que supera la colaboración individual. Refleja la continuidad de una relación académica y profesional que ha favorecido durante décadas la circulación de ideas, la formación de especialistas y el desarrollo de instituciones arbitrales en el ámbito iberoamericano.
La intervención de destacados juristas peruanos, entre ellos Fernando Cantuarias Salaverry y Alfredo Bullard González, aporta a su vez el conocimiento directo de la evolución legislativa y de las particularidades de la práctica nacional. La reunión de estas perspectivas permite relacionar las opciones adoptadas por el legislador peruano con los problemas generales del Derecho arbitral y con las soluciones desarrolladas en otros sistemas jurídicos.
El coordinador expresa en la presentación su aspiración de que el proyecto impulse nuevas iniciativas de colaboración doctrinal y favorezca la formación de conocimientos compartidos sobre el arbitraje en Iberoamérica. La pluralidad de sus autores, la participación de figuras reconocidas internacionalmente y el protagonismo de la doctrina española proporcionan a la publicación una proyección que excede el comentario de una legislación nacional.
Con esta primera entrega, Palestra Editores pone a disposición de la comunidad jurídica una obra que combina el estudio sistemático del Derecho arbitral peruano con la reflexión doctrinal y el conocimiento profesional de especialistas procedentes de diferentes tradiciones jurídicas. Su aportación reside en ofrecer una lectura internacional de una legislación nacional, favoreciendo el intercambio de soluciones y el examen crítico de los problemas que plantea la aplicación del arbitraje contemporáneo.
