El 30 de octubre de 2020 se ha hecho público el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 (Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España) que acompaña al documento comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Dicho informe destaca, entre otras cosas:
Consejo General del Poder Judicial: En el contexto de las dos elecciones generales celebradas en 2019 no se alcanzó esa mayoría y los miembros del Consejo se han mantenido en funciones a la espera de que se elija la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces. Las asociaciones profesionales han reclamado la renovación del Consejo y han impugnado, por falta de competencia, el nombramiento de altos cargos judiciales por parte del Consejo en funciones. Aunque la ley prevé que mantenga todas sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo, la institución decidió suspender los nombramientos de cargos judiciales en enero de 2020. Sin embargo, en mayo de 2020 los reactivó. El presidente del Consejo en funciones ha llamado reiteradamente la atención del Congreso y del Senado sobre la necesidad de proceder a la renovación del Consejo. Asimismo, se ha referido a las circunstancias actuales como una «anomalía institucional» y ha advertido de que la prolongación de esta situación podría desacreditar al Consejo. El Consejo de Europa ha señalado que estos hechos confirman la importancia de velar por que el Consejo no sea percibido como una institución expuesta a influencia política.
Fiscal General del Estado: El Tribunal Supremo puede ejercer un control ex post de la legalidad del nombramiento. El Gobierno no tiene poderes para cesar al Fiscal General, pero los mandatos de ambos terminan al mismo tiempo. Este sistema ha sido objeto de crítica, entre otras razones porque la coincidencia en el mandato puede afectar a la percepción de independencia. El Consejo de Europa ha subrayado que es crucial para la confianza pública que la incoación de una acción judicial sea, y parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, en especial de naturaleza política. Aunque reconoce que esta cuestión ha sido abordada debidamente, ha instado a las autoridades a adoptar mejoras más fundamentadas para dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal, en particular, en lo que se refiere a la transparencia de la comunicación con el Gobierno.
Duración de los procedimientos judiciales: La duración de los procedimientos judiciales en España está aumentando: El tiempo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y administrativos en primera instancia ha ido en aumento desde 2016. Es especialmente largo en los asuntos civiles y mercantiles ante el Tribunal Supremo, donde supera los 600 días. Además, está disminuyendo la tasa de resolución de asuntos. En los contenciosos civiles y mercantiles, la tasa de resolución cayó al 86,7 % en 2018. La tasa de resolución en los juzgados de lo contencioso-administrativo de primera instancia también ha ido descendiendo y se sitúa por debajo del 100 %. El número de asuntos que entran en el sistema judicial es mayor que el número de asuntos que se resuelven, por lo que se generan retrasos, y este fenómeno va en aumento. España registró un buen nivel de eficiencia en algunas áreas específicas del Derecho de la UE. En concreto, la duración de los procedimientos de infracción de la marca de la UE se redujo a la mitad en 2018. En el ámbito de la protección de los consumidores, la duración media de los recursos judiciales es breve y permanece estable
Medidas para aumentar la eficiencia de los tribunales: España está adoptando medidas para aumentar la eficiencia de los tribunales. En concreto, están en curso los procedimientos para la adopción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con miras a agilizar la justicia penal. El Ministerio de Justicia también está trabajando en un proyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas y de implantación de medios alternativos de solución de diferencias. Con estas medidas se pretende agilizar los procedimientos judiciales, mejorar su efectividad y aplicar iniciativas que permitan al sistema actual de la Administración de Justicia responder de manera razonable y útil a la demanda de tutela judicial de los ciudadanos.
Corrupción: No se ha implantado una estrategia global específica de lucha contra la corrupción. No obstante, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, adoptada en febrero de 2019, fija como prioridad la lucha contra la corrupción. La Estrategia define, entre otras cosas, la necesidad de reforzar el acceso a datos financieros y la cooperación y coordinación entre los distintos actores implicados en la lucha contra este tipo de delitos, así como de aplicar las medidas previstas en el Convenio Penal sobre la Corrupción. A esta cuestión también se ha referido el GRECO, que aboga por que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la Policía y la Guardia Civil, mejoren su coordinación y juntos elaboren una estrategia contra la corrupción que refuerce los mecanismos internos de cumplimiento.
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia: De conformidad con esta Ley, el organismo regulador actúa con autonomía y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de las empresas e intereses comerciales. La CNMC goza de una sólida reputación y es valorada por la plena eficacia e independencia de su labor. Así, el informe del instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020) sobre España califica de bajo el riesgo para la independencia y eficacia de la autoridad reguladora de los medios de comunicación.
