© Unsplash/Barbara Zandoval

Esa política, permitía a las autoridades estadounidenses expulsar a los migrantes en las fronteras dejarlos solicitar asilo. La normativa que la sustituye los expulsa y les prohíbe tratar de regresar durante cinco años. La ONU urge a una cooperación solidaria entre los Estados para proteger a los refugiados y migrantes ajustándose al derecho internacional

En los primeros días de la pandemia de COVID-19, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump implementó una política que, bajo argumentos de salud pública, permitía a las autoridades de ese país expulsar inmediatamente a los migrantes en sus fronteras terrestres sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

El Título 42, utilizado por las Administraciones Trump y Biden, fue ampliamente denunciado y criticado tanto por epidemiólogos como por organizaciones de derechos humanos. De hecho, algunas como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) lo tacharon directamente de “ilegal” por no cumplir con el derecho a solicitar asilo garantizado por Estados Unidos y por el Derecho internacional.

Los intentos por eliminar la orden se remontan a noviembre de 2022, cuando, tras la demanda interpuesta por los defensores de los solicitantes de asilo, un juez del distrito federal bloqueó su uso, calificándolo de “arbitrario y caprichoso”. El Gobierno federal recibió un margen de cinco semanas para llevar a cabo el trámite, que estaba previsto para el 21 de diciembre. No obstante, el presidente del Tribunal Supremo decidió prorrogar el Título 42 hasta febrero de 2023 mientras estudiaba la moción presentada por 19 Estados republicanos de Estados Unidos que pedían mantener la norma en vigor indefinidamente.

El pasado mes de enero, el Gobierno federal hizo pública su decisión de poner fin el 11 de mayo de 2023 tanto a la emergencia nacional de COVID-19 como a la emergencia de salud pública que había permitido invocar el Título 42 durante los últimos años. A falta de órdenes adicionales del Tribunal Supremo, la norma se mantuvo en vigor hasta este mes.

De Acuerdo con “Noticias de la ONU (12 mayo 2023): Dicha política, conocida como Título 42, terminó el último minuto del jueves tras haber sido renovada varias veces, reactivando la antigua política conocida como Título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos. Tras la finalización del Título 42, Estados Unidos volverá a recurrir por completo al Título 8 para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan ilegalmente a su frontera y que no tienen una base legal para permanecer en el país, según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Las restricciones del Título 8 preocupan a las agencias especializadas de la ONU y transgreden los principios del derecho internacional de los refugiados al limitar el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular tras transitar por otro país, según explicaron la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ampliar los reasentamientos no sustituye la responsabilidad de los Estados

ACNUR y la OIM acogieron con beneplácito las iniciativas positivas para expandir el reasentamiento y otras vías regulares en la región, pero consideran preocupantes las nuevas restricciones en el acceso al asilo tras el levantamiento del Título 42.

Esas iniciativas, planteadas básicamente por Estados Unidos, pueden ofrecer alternativas reales a las personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones, apuntaron.

Las agencias recordaron que, si bien la cantidad de personas que se acercan a la frontera estadounidense ha aumentado en los últimos años, la mayoría de quienes se encuentran en situación de movilidad en el continente sigue siendo acogida por países de América Latina.

Acciones coordinadas

En este sentido, agregaron que ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes.

ACNUR y la OIM sostuvieron que sólo se puede avanzar con acciones coordinadas que aborden las causas del desplazamiento y de la migración irregular, que apoyen a las comunidades que acogen a la mayoría de los desplazados, que den acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y a otros mecanismos de estancia legal, y que faciliten el acceso a vías seguras y regulares como alternativas a los viajes peligrosos.

Las agencias señalaron que medidas como facilitar y extender el acceso a los programas de reasentamiento, reunificación familiar, patrocinio humanitario y movilidad laboral pueden salvar vidas y proteger a las personas de la trata, el tráfico, y otras formas de violencia.

Además, ese tipo de provisiones puede ayudar a las economías nacionales que enfrentan escasez de mano de obra, añadieron.

No al retorno forzado

Por otra parte, subrayaron que cualquier acuerdo entre Estados sobre retornos – incluido el retorno de solicitantes de asilo a un tercer país –, debe garantizar la prohibición del retorno forzado de personas cuya vida y seguridad pueda estar en riesgo en su país de origen.

“Los retornos sólo deberían llevarse a cabo siguiendo el debido proceso y con las salvaguardias necesarias, de conformidad con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional”, explicaron.

Niños migrantes

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) también se pronunció sobre el levantamiento del Título 42, recordando que “los niños migrantes tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias” y pugnando por la restauración y salvaguarda de esos derechos en la frontera entre México y Estados Unidos.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, conminó a todos los gobiernos, “incluido el de Estados Unidos, a permitir el acceso a los procedimientos de asilo, independientemente de la nacionalidad”.

Russell mencionó el desplazamiento diario de millones de niños y familias en América Latina y el Caribe, “expulsados de sus hogares por los desastres, los efectos del cambio climático, la violencia, la extorsión y la pobreza extrema”, y llamó al trabajo conjunto para abordar los factores negativos de la migración y el desplazamiento.

“Los niños de la región necesitan más apoyo”, aseveró pronunciándose por ampliar el acceso a los servicios esenciales de salud, bienestar y educación, al igual que por la prevención de la violencia y la creación de oportunidades en sus comunidades.